RedacciónT21 
Los sistemas interactivos de información y los de telecomunicación avanzada, y los ordenadores con alta velocidad de procesamiento, constituyen las infraestructuras tecnológicas sobre la que se basa el fenómeno de la globalización financiera.
Este fenómeno se caracteriza por la interdependencia global de los mercados financieros de todo el mundo, en los que tienen lugar transacciones por valor de millones de dólares en cuestión de segundos.
Estos mercados, además de estar integrados globalmente, funcionan en tiempo real por primera vez en la historia, lo que les permite enviar y reenviar capitales entre economías en espacios brevísimos de tiempo y conectar entre sí a nivel mundial bancos, fondos de pensiones, mercados bursátiles y mercados de divisas.
La consecuencia más relevante de todo ello es el aumento espectacular del volumen, velocidad y complejidad de los flujos financieros globales, además de la enorme intensificación de los movimientos especulativos de capital que entran y salen rápidamente de un determinado mercado, título o moneda, bien para beneficiarse de las diferencias de su valoración o para evitar pérdidas, amplificando de este modo las tendencias del mercado en ambas direcciones.
A medida que los mercados bursátiles y de divisas se han hecho interdependientes, también han llegado a serlo las políticas monetarias y de tipo de interés de los distintos países, lo que ha generado nuevos problemas y apremiantes necesidades de coordinación, así como la necesidad cada vez más perentoria de una regulación mundial de la globalización financiera.
Desgobierno
Además de los desarrollos en las tecnologías de la información, para el surgimiento del fenómeno de la globalización financiera han sido también fundamentales las políticas de desregulación y liberalización de los mercados financieros adoptadas por multitud de países en base a sus necesidades de captación de flujos de capital.
Se trata de una necesidad económica que conduce a estos países a adoptar algunas de las recetas del paquete de medidas del llamado Consenso de Washington.
Se conoce por Consenso de Washington a un conjunto de políticas avaladas por Estados Unidos y consistentes en medidas de disciplina fiscal, racionalización del gasto público, reforma fiscal, liberalización financiera, liberalización comercial, promoción de la inversión extranjera directa, privatización, desregulación y garantía de los derechos de propiedad.
Asimismo, instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), o la Organización Mundial de Comercio (OMC), han propugnado de forma reiterada la desregulación y la apertura de los mercados financieros de los países emergentes sin tener en cuenta las auténticas necesidades de desarrollo de los mismos.
Duros efectos sociales
La globalización financiera conlleva efectos sociales que pueden resultar muy negativos, especialmente en los momentos en que las crisis financieras globales, como las ocurridas en la pasada década, hacen acto de presencia.
En primer lugar, los flujos de capital no acuden a los países a los cuales, según la teoría económica convencional, tendrían mayor productividad marginal, sino a aquellos en los que la posibilidad de hacer buenos beneficios es más segura. Este criterio de selección de los países destinatarios de la inversión deja a los países en vías de desarrollo al margen del capital que necesitan para su crecimiento.
En segundo lugar, estos países resultan también seriamente perjudicados cuando los flujos privados de capital que ingresan en los mismos los abandonan a toda prisa ante situaciones de incertidumbre o por contagio de los problemas de otros países.
Los efectos recesivos que sobre las economías emergentes generan estas masivas salidas de capital han sido en bastantes casos socialmente devastadores porque las crisis financieras repetidas no son patologías misteriosas que afecten a una economía mundial con buena salud, sino que revelan, por el contrario, en el plano monetario (tasas de cambio), crediticio (el sistema bancario) y en las bolsas, la existencia de contradicciones que hunden sus raíces en los propios cimientos del sistema económico y que la liberalización y la desregulación han agravado todavía más.
Impacto en Europa y México
Al comienzo de la década de los noventa, fue Europa la que primero se vio sacudida por la “tormenta monetaria” de 1992-1993, lo que llevó a la ruptura y posterior reforma del Sistema Monetario Europeo. Posteriormente, en 1994 fue de nuevo México el país que se vio afectado por una intensa crisis relacionada otra vez con el impago de la deuda (el “tequilazo” mexicano).
A lo largo del año 1994 se fue haciendo patente que la paridad del peso mexicano frente al dólar estaba sobrevalorada. Las reservas de divisas fueron disminuyendo especialmente durante la segunda mitad de dicho año, agudizándose la crisis por la incapacidad del gobierno mexicano de hacer frente a la deuda exterior que vencía a principios de 1995.
Los efectos sociales que produjo esta crisis fueron intensos, especialmente a causa de la profunda devaluación sufrida por el peso mexicano frente al dólar y la fuerte subida de tipos de interés realizada con el objetivo de atraer capitales y evitar que la inflación se desbocase.
La crisis se resolvió gracias a los fuertes préstamos concedidos por el FMI, el BM y el Gobierno norteamericano. La negativa a la renovación de la deuda estuvo en el origen de la crisis, subordinándose el FMI y los prestamistas públicos a los intereses de los agentes privados al cubrir éstos la totalidad de la deuda problemática.
Crisis asiática
Sin embargo, la crisis asiática del año 1997 es la más representativa de lo que significa una crisis financiera internacional en la era de la globalización. Se inició cuando a mediados de agosto de 1997 las autoridades tailandesas decidieron dejar flotar su moneda, el bath, que estaba anclada al dólar. De forma muy rápida, los inversores privados internacionales (bancos y fondos de inversión y de pensiones) cesaron de prestar o invertir en los países del sudeste asiático y empezaron a retirar masivamente fondos de esos mercados.
Las monedas de los países comenzaron a sufrir fuertes depreciaciones y el FMI y el BM respondieron concediendo apoyo financiero a los países implicados siempre en función del compromiso de los mismos con los programas de ajuste estructural que estas instituciones elaboraron para ser aplicados a los mismos.
Los altos tipos de interés y los recortes presupuestarios impuestos por el FMI a Tailandia con el objetivo de atraer capitales a ese país y estabilizar su tipo de cambio, acabaron por hundir innumerables empresas que, de otro modo, hubieran sido viables.
A principios de 1998, reconociendo que la recesión era muy profunda y que las condiciones que se habían impuesto eran demasiado duras, el FMI relajó sus condiciones, permitiendo a Tailandia que no realizase tantos recortes presupuestarios y que aflojase la austeridad, pero el daño ya estaba hecho.
También en Rusia y AL
Trece meses después de la crisis tailandesa, el rublo se derrumbaba en Rusia en agosto de 1998. La crisis rusa se compuso de la conjunción de dos impotencias: la del FMI (que había prestado sin éxito) y la del Gobierno ruso.
Desde bastantes años antes, Rusia había suscrito y aplicado las recetas del FMI: lucha contra la inflación, recortes presupuestarios (incluso el sector público dejó de pagar a sus proveedores y funcionarios debido a dichos recortes, con el consiguiente impacto en el aparato productivo), estabilidad del tipo de cambio del rublo, etc.
Después de Rusia el contagio se extendió a América Latina. En enero de 1999, Brasil sufría un furioso ataque especulativo contra su moneda y la economía del Brasil entraba en bancarrota, arrastrando al resto de las de América Latina, área que había hecho bien los deberes impuestos por el FMI.
Las últimas crisis tuvieron, por otro lado, la virtud de desencadenar, bajo el epígrafe de Nueva Arquitectura Financiera Internacional (NAFI), un debate en el seno de los organismos financieros internacionales acerca de la necesidad de adoptar regulaciones y mecanismos de armonización en ámbitos que trascendieran los Estados nacionales.
No obstante, y aunque esta nueva arquitectura financiera está bastante elaborada, el problema de fondo para su efectiva aplicación es la ausencia de una autoridad legitimada para obligar a los países soberanos a adoptar un conjunto de buenas prácticas y normas.
Continuidad en el S. XXI
El inicio de la presente década no ha sido ajeno tampoco a la continuidad de crisis financieras con efectos globales, siendo significativa la mayor rapidez con que estas suceden. Argentina primero, y posteriormente Brasil y Uruguay, con los efectos inducidos sobre el resto del continente latinoamericano, aportaron de nuevo el escenario donde se desencadena una crisis que por el momento no parece tener salida.
Como es conocido, los efectos de la actual crisis económica argentina han sido socialmente devastadores para este país, estando en el origen de la misma no solamente el problema del excesivo endeudamiento y la llamada trampa de la deuda, sino también la persistencia en la aplicación por parte de las autoridades económicas del país de la equiparación del peso con el dólar; una medida planteada en su momento como una solución de emergencia para frenar la hiperinflación de finales de los ochenta, pero cuyo mantenimiento ha resultado catastrófico.
La contundencia con que en el país se aplicaron las políticas neoliberales, acudiendo al empleo sistemático de los tres grandes instrumentos de estas políticas: liberalización, privatización y desregulación, condujo a significativos fracasos y males sociales.
En Argentina es evidente la contradicción entre economía real y economía
formal. No se comprende como un país rico en bienes reales sea al mismo tiempo pobre en medios financieros, ni como es posible que un país que es capaz de alimentar a diez veces más de su población este en crisis alimenticia.
Asimismo, no se comprende tampoco que instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, organismos encargados de velar por la salud del sistema financiero internacional, no tuvieran previsto evitar esta catástrofe desde hace tiempo anunciada.
Brasil y Uruguay
En lo que respecta a Brasil, es el país más endeudado de la región y la novena economía del mundo, por lo que los efectos de la crisis podrían
ser desoladores. Si continúa la fuga de capitales y se cierran las ayudas internacionales, Brasil entrará inevitablemente en quiebra y se abrirá una crisis de efectos imprevisibles.
Uruguay, por su parte, ha sido la primera víctima de la crisis argentina, siendo incapaz este país de evitar el contagio procedente de su vecino. En Uruguay, como en Argentina, se asiste impotente a la aplicación de las recetas neoliberales que han llevado a los dos países al
cuarto año consecutivo de recesión económica.
Uruguay no ha llegado aún al caosfinanciero, aunque ahora, viendo cómo en la cercana Argentina han sido confiscados los depósitos bancarios en dólares para convertirlos en moneda local depreciada, la confianza en el sistema de crédito parece agotada.
Desgobierno e impotencia
Las crisis financieras globales, cada vez más recurrentes, revelan una situación de desgobierno e incapacidad de regulación de las instituciones financieras como el FMI.
Esta incapacidad resulta realmente preocupante ante el espectacular crecimiento de los mercados financieros internacionales y las medidas liberalizadoras de los movimientos de capital, recomendadas por el FMI y adoptadas por la inmensa mayoría de los países, que han hecho sus economías mucho más abiertas, y en el caso de los países pobres más vulnerables, a los enormes flujos de capital globalizados.
Las políticas económicas de signo neoliberal, con su insistencia en la desregulación y liberalización de los mercados, han sido incapaces no sólo de prever la aparición de las crisis, sino que en lugar de evitarlas las acentúan.
En el caso de un país como Argentina, país que fue presentado por el FMI como el modelo de la política económica a seguir, el hambre, la miseria, el paro masivo y la incertidumbre cotidiana, han convertido la vida de millones de personas en una gran tragedia.
La posibilidad de que las crisis financieras se conviertan en crisis sistémicas dependerá de la evolución que adopte el proceso de globalización general en que actualmente se encuentra sumida la economía internacional.
Como lo que hoy aparece con mayor evidencia es la incapacidad, tanto de la modernización neoliberal como de las políticas económicas basadas en el fundamentalismo de mercado, para resolver las crisis y los problemas de áreas como América Latina, parece sensato pensar que habrá que encontrar la posibilidad de conjugar una mejor y mayor combinación de la lógica del mercado con la lógica del Estado, a la hora de elaborar y aplicar las políticas económicas.
Los actuales cambios en el escenario político latinoamericano, aunque todavía muy incipientes y sin tiempo para demostrar sus capacidades, parecen apuntar en esta dirección.
No se trata de implementar políticas de desconexión del proceso de globalización ni políticas alternativas al mercado, sino de decidir si las políticas amistosas para los mercados favorecen la especulación o, por el contrario, favorecen a quienes producen y generan empleo.
De lo que se trata es de recuperar la capacidad de decisión para que el sector público, mediante las reformas necesarias, se convierta en protagonista efectivo en áreas claves como el desarrollo industrial y tecnológico, al mismo tiempo que en el impulsor de la integración económica latinoamericana.
Pedro González de la Fe es Doctor en Ciencias Económicas y profesor de la ULPGC
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