El asesinato de una adolescente de 17 años, en este distrito del nororiental estado indio de Assam, refleja una tendencia preocupante en India, que miles de niñas sufren agresiones sexuales o torturas y son asesinadas sin que aparezcan señales de que la violencia de género podría menguar. Una luminosa mañana de marzo, la adolescente se […]

Mujeres en el pueblo de Katra Shadatganj, en el norteño estado de Uttar Pradesh, donde dos niñas fueron violadas y colgadas. Crédito: Stella Paul/IPS.

Por Stella Paul
CHIRANG, India, Oct 2 2014 (IPS)

Una luminosa mañana de marzo, la adolescente se despertó como siempre y se fue a pescar al río de Chirang. En la tarde, su cuerpo apareció sin vida en la margen del río. Según el policía Taburam Pegu, encargado del caso, sus agresores la violaron antes de degollarla.

La adolescente pertenecía a la tribu bodo, enfrentada con musulmanes y santhals, otro pueblo originario de la región.“Tenemos una cultura de impunidad. Nuestro propio sistema legal anula la posibilidad o la certeza del castigo en casos de violencia contra las mujeres”: Abogada Anjuman Ara Begum.

La violencia sexual la exacerban los conflictos y la falta de medidas de control y la gran impunidad, en especial en los estados del norte, este y centro de India, donde la insurgencia armada y los enfrentamientos tribales forman parte de la vida cotidiana de unas 40 millones de mujeres.

Según un informe de la secretaría general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la violencia contra las mujeres es universal; una de cada tres (35 por ciento) sufre abusos físicos o sexuales alguna vez en su vida.

El documento, divulgado este año, evalúa los avances del programa de acción adoptado en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD), realizada en El Cairo en septiembre de 1994.

De todos los temas comprendidos en el plan de acción, terminar con la violencia de género recibió especial atención de 88 por ciento de los gobiernos sondeados. En total, 97 por ciento de los países tienen programas, políticas o estrategias para revertir la inequidad de género, proteger los derechos humanos y empoderar a las mujeres.

Una investigación de este mismo año sobre hombres y violencia en Asia Pacífico, realizada por la ONU, señala que casi 50 por ciento de los 10.000 entrevistados reconocieron haber abusado sexual o físicamente de una mujer.

En India, que se dotó de un marco legal para atender y poner fin a la violencia sexual, 92 mujeres son violadas al día, según las últimas cifras de la Oficina Nacional de Registro de Delitos.

La cifra es mayor que las violaciones en República Democrática del Congo, que actualmente promedian las 36 al día.

La violencia sexual aumenta en las zonas de conflicto, según especialistas, en gran parte debido a la falta de búsqueda de responsables, precisamente lo que, según la ONU, “es clave para prevenir y responder a la violencia de género”.

El director del Centro Asiático de Derechos Humanos, con sede en Nueva Delhi, Suhas Chakman, explicó: “Hay violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad y otras por militantes. Pero también está la violencia contra las mujeres cometida por civiles. Pero sin importar quién cometa el delito, no se buscan responsables, un elemento totalmente ausente”.

El caso de Perry, un nombre falso para proteger la identidad de sus allegados, es un reflejo de la situación. Esta mujer de 35 años del distrito de las montañas Garo del Sur, en el nororiental estado de Megalaya, con 14 millones de mujeres y tres grupos armados, fue asesinada por rebeldes armados en junio de este año.

Presuntamente, miembros del insurgente Ejército de Liberación Nacional Garo trataron de violarla, pero ella se resistió y entonces le dispararon a la cabeza. El grupo se niega a asumir su responsabilidad, pues sostiene que Perry era una informante y “merecía morir”.

Otro de los motivos detrás del aumento de la violencia de género en India es la exigua cantidad de condenados, apenas 26 por ciento de los casos de violencia sexual.

En 3.860, de los 5.337 casos de violación denunciados en los últimos 10 años, los imputados fueron absueltos o eximidos por la justicia por falta de pruebas “adecuadas”, según la Oficina Nacional de Registro de Delitos.

“Tenemos una cultura de impunidad”, sentenció Anjuman Ara Begum, abogada de Guwahati y exoficial de programa de la Comisión Asiática de Derechos Humanos, en diálogo con IPS. “Nuestro propio sistema legal anula la posibilidad o la certeza de castigo en casos de violencia contra las mujeres”, criticó.

Frente a las decrecientes condenas, los grupos armados se hicieron cargo del sistema jurídico para aplicar una justicia instantánea. En octubre de 2011, un tribunal irregular de los maoístas le cortó las manos a un hombre acusado de violación en el distrito de Palamu, en el oriental estado de Jharkhand.

En agosto de 2013, el insurgente Partido Comunista de Kangleipak (PCK), que opera en el nororiental estado de Manipur, lanzó una “fuerza antiviolación”.

Sanakhomba Meitei, secretario del PCK, dijo a IPS por teléfono que su organización aplicaría una justicia rápida para las víctimas de violación. “Nuestra intervención infundirá temor en los violadores”, explicó. “Aplicaremos un castigo riguroso”, añadió.

Según A. L. Sharada, directora de Población Primero, socio del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en India, es una tendencia preocupante, pero inevitable frente el fracaso del sistema legal de hacer justicia. http://www.populationfirst.org/

“Necesitamos un sistema legal fuerte, y la justicia popular entorpece esa posibilidad. De hecho, esos sistemas de justicia son también de naturaleza muy patriarcal y, en definitiva, contra la mujer. Lo que realmente necesitamos son condenas rápidas para todos los casos de violencia de género denunciados”, remarcó Sharada.

Según la Oficina Nacional de Registro de Delitos, unas 50.000 mujeres fueron secuestradas en India en 2013 y otras 8.000 fueron asesinadas por cuestiones vinculadas a la dote. Además, más de 100.000 sufrieron tratos crueles a manos de sus esposos u otros familiares varones, y, sin embargo, solo 16 por ciento de los imputados fueron condenados.

Este artículo fue publicado originalmente en la edición especial de TerraViva: “ICPD@20: Seguimiento y Potencial para después de 2015”, publicado con apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). El contenido es autoría independiente de los periodistas de IPS.

Editado por Kanya D’Almeida / Traducido por Verónica Firme