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La Universidad española, abocada al fin del café para todos

La Universidad española, abocada al fin del café para todos

Una comparación en profundidad de los sistemas universitarios públicos de California y España no resiste la afirmación del ministro de Educación, José Ignacio Wert, de que la universidad española está sobredimensionada en comparación “con los diez centros que funcionan en California”. En EE.UU. las universidades públicas orientadas a la investigación y doctorado constituyen solo el 10%, las universidades centradas en grado y master son el 24%, y el resto se concentra en grados asociados. En España hay básicamente dos segmentos de educación superior: la formación profesional de grado superior y la universitaria. Si lo que queremos es un sistema de educación superior similar al de California o de otros países de nuestro entorno, habría que introducir cambios profundos en el sistema de educación superior español y acabar con el “café para todos” en todos los sentidos. Por Javier Segovia (*)

La Universidad española, abocada al fin del café para todos

Hace un par de meses el Ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, anunció la puesta en marcha de una comisión de doce expertos que habrá de elevar en seis meses una propuesta para la reforma del sistema universitario. En la misma comparecencia el Ministro destacó una serie de ineficiencias y problemas del sistema universitario español, sobredimensionado a su parecer en comparación “con los diez centros que funcionan en California”. Sobre el error numérico acerca de la cantidad de universidades de ese estado de EE.UU. se ha escrito muchísimo, pero para los objetivos de esa comisión sería más interesante profundizar en la estructura y organización del sistema universitario público de España y California y compararlos.

Estructura de las Instituciones

El sistema californiano tiene un diseño que parte del año 1960 en que el gobernador aprueba el Plan Maestro para la Educación Superior de California. En esos años el sistema de educación superior estaba formado por una serie de colleges y universidades descoordinados y que competían entre sí por los alumnos, lo que representa más o menos el panorama que tenemos actualmente en España. Uno de los objetivos clave de dicho Plan fue reestructurar el sistema para evitar esos problemas, y lo hicieron de una manera ingeniosa pero por otra parte simple y lógica: se crearon tres segmentos o tipos de instituciones de educación superior pública con su propia misión y tipología de alumnos bien diferenciada.

El primer segmento lo constituye la University of California como principal institución académica de investigación, con la particularidad de que se le asigna en exclusiva la impartición de doctorados (además de la exclusividad también de una selección de enseñanzas profesionales en leyes, medicina, etc.), y con una tipología de alumnos objetivo que serían el 12,5% (uno de cada ocho) mejor de los estudiantes que acaban los estudios de high school.

El segundo segmento lo constituye la California State University, cuya misión fundamental es la impartición de grados y master y su tipología de alumnos objetivo lo constituyen el 33% (uno de cada tres) mejor de los estudiantes que acaban los estudios de high school. Es importante resaltar que la California State University no puede impartir doctorados salvo en educación, práctica de enfermería, y terapia física, y que en cualquier otro campo debe hacerlo en un programa conjunto con la University of California.

Finalmente, el tercer segmento lo constituyen los Community Colleges que no tienen filtro de entrada respecto del rendimiento de los alumnos y cuya misión fundamental es impartir cursos y certificados profesionales y cursos académicos y grados asociados de primer ciclo (associate degrees), de dos años, que pueden ser terminales o una puerta de entrada a un grado de los impartidos en la University of California o en la California State University.

El resultado es que la University of California con 10 campus (deben ser estos a los que se refería el Ministro cuando se habla de los “diez centros que funcionan en California”) tiene aproximadamente 240.000 estudiantes, la California State University con 23 campus tiene 412.000 estudiantes, y los Community Colleges con 112 campus y 71 centros educativos imparten formación a 2.600.000 estudiantes.

Una estructura piramidal que tendrá su reflejo posterior en el mercado de trabajo. Estructura que se repite a lo largo de todo el país. De acuerdo a la Carnegie Classification of Institutions of Higher Education, en el conjunto de las instituciones públicas de EE.UU. las universidades orientadas a la investigación y doctorado constituyen solo el 10%, las universidades centradas en la docencia de grado y master son el 24%, y el resto se concentran en grados asociados.

¿Qué ocurre en España? En España hay básicamente dos segmentos de educación superior: la formación profesional de grado superior y la universitaria (Ley Orgánica 2/2006, art 3.5).

La formación profesional tiene alrededor de 280.000 estudiantes, y la universitaria tiene alrededor de 1.400.000 de estudiantes. Tenemos también una pirámide, pero invertida.

¿Qué tipo de universidad es la nuestra? Por Ley todas las universidades deben orientarse a la investigación porque es su función y objetivo esencial, y además ésta debe ser de calidad (LOMLOU art. 39.1, 39.3, y 41.1). Es decir, el tipo de institución que en EE.UU. representa el 10% de las instituciones públicas de educación superior, en España debe ser el 100% de las universidades. El tipo de institución que en California cubre al 7% de estudiantes de educación superior, en España debe cubrir al 83%.

Esto tiene una repercusión directa en la financiación y en los resultados comparativos en rankings internacionales de investigación (es muy importante resaltar que esos rankings con los que se compara a la universidad española en los medios miden la investigación de los profesores. No miden la excelencia docente de la universidad, no miden cómo el mercado de trabajo absorbe a sus egresados, no miden su carrera profesional posterior, no miden el salario que ganan en comparación con los egresados de otras universidades, etc.): es imposible financiar suficientemente una universidad orientada a la investigación de élite si debe atender a tanto alumno.

Es habitual comparar el gasto por alumno en educación superior con otros países de nuestro entorno, pero al realizarla se debería tener en cuenta cómo es su estructura, sus distintos tipos o segmentos de universidades y cuanta financiación se dedica a cada uno. En cómputos totales el estado gasta alrededor de 11.000 M$ en California en el total de la educación superior y un poco más de 8.000 M€ en España en universidades, lo que constituyen cifras comparables pero no así su distribución por segmentos. En California el estado se gasta cerca de 11.000$ por estudiante de la University of California, la mitad por los de la California State University, y unos 2.400$ en cada estudiante de los Community Colleges.

Entre los profesores universitarios españoles existe un gran desconocimiento del sistema americano y los contactos que establecemos son por investigación con ese 10% de universidades investigadoras americanas, por lo que tendemos a creer que todo el sistema americano es como el nuestro. De ahí surge el error del Ministro al compararnos, creyendo que nuestras universidades deben ser como la University of California en vez de como la California State University que es tal vez a la que más nos parezcamos.

Tasas de rendimiento de los estudiantes

De errores de comparación como el anterior surge también el error de pensar que nuestro sistema funciona mal porque tenemos pocos estudiantes que se titulan sin repetir ningún curso y porque la tasa de abandono en la universidad sea alta. La University of California tiene unos niveles de exigencia que son solo admisibles por los estudiantes que han sido filtrados para su segmento, en un ratio de al menos 1 de cada 8. Habría que preguntarse cuáles serian sus tasas si ese filtro se invirtiera y tuvieran que admitir a 9 de cada 10 como ocurre en España.

No es posible evaluar a una universidad por sus tasas de abandono, eficiencia y rendimiento cuando se le pide tener un determinado nivel pero los alumnos no pasan ningún filtro previo acorde a esa exigencia (la nota de corte de una titulación solo depende de la demanda de los estudiantes. No es un filtro que dependa de la misión de la facultad o universidad y de la exigencia que se le va a imponer a los alumnos en sus estudios).

En California se usan esas tasas como componente principal de la financiación de cada institución, pero el filtro se realiza en la admisión por tipología de institución. En España no es así, y los profesores universitarios españoles nos encontramos ahora ante el difícil dilema de mantener el nivel de exigencia que clásicamente ha tenido la universidad española o cumplir con las tasas. La solución puede venir por muchas vías, pero lo que hay que reconciliar es la exigencia de tasas que se pide a cada universidad o facultad, con el nivel de los estudiantes que se les asigna.

La Universidad española, abocada al fin del café para todos

Dedicación del profesorado a la investigación

Se ha detectado que la universidad española tiene una proporción muy elevada de profesorado que no tiene un sexenio vivo. Habría que preguntarse cuántos sexenios vivos tienen los profesores que están en ese 90% de universidades investigadoras americanas a las que tal vez nos parezcamos más, que se dedican a la formación en grado y master o inferior y que en un gran número no tienen siquiera programas de doctorado, y si dicha proporción es muy elevada también o simplemente la adecuada.

Y habría que preguntarse también cuántos de esos profesores decidirían mantener sus sexenios vivos por la recompensa económica tan sustanciosa, entre 100 y 150 euros al mes, con que en España se incentiva el lote de seis años de investigación, investigues más o lo mínimo, hayas conseguido un premio Nobel por ello o no. Los sexenios se crean para incentivar la actividad investigadora (Preámbulo de la Resolución de 23 de noviembre de 2011, de la Presidencia de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se establecen los criterios específicos en cada uno de los campos de evaluación), por lo tanto si no hay mucho sexenio vivo será porque el incentivo no lo es tal.

Por otro lado este hecho solo constata lo que nuestra Ley dicta, y es que las universidades pueden incentivar en sus profesores el desarrollo de una trayectoria con una dedicación más intensa a la actividad docente que a la investigadora (LOMLOU art. 40.3), con un resultado esperable de reducción de sexenios vivos.

De cualquier modo si lo que se desea es subir el nivel de alguna de las mejores universidades españolas en los rankings de investigación, será una difícil tarea si la acreditación y salarios del profesorado se determinan a nivel nacional y es la misma para ellas que para el resto de universidades. En EE.UU. existe una carrera del profesorado a través del sistema de «tenure», pero la acreditación de un mismo tipo de profesor para una universidad no es la misma que para la de enfrente, ni es transferible de una a otra, depende de los objetivos y tipología de cada universidad, al igual que ocurre con los salarios. Todo ello confiere a las universidades de California unos grados de libertad sobre la acreditación, los salarios y los incentivos de investigación para ejercer su autonomía y poder alcanzar los objetivos que se le han puesto que no existen para la universidad española. No es que la autonomía universitaria española no haya rendido los frutos que se debía esperar, es que no la ha habido en este sentido.

Endogamia y movilidad del profesorado

Otros de los problemas que se aluden al hablar de la universidad española es la endogamia (entendida como la contratación de profesores que son egresados de la misma institución o que ya son PDI en ella). La endogamia tiene efectos distintos en docencia, en investigación o en transferencia tecnológica (ver por ejemplo Horta, Hugo; Veloso, Francisco; and Grediaga, Rocio, «Navel gazing: Academic inbreeding and scientific productivity» (2007). Management Science, Vol. 56, No. 3, March 2010, pp. 414–429), por lo que afecta de una manera diferente según el tipo de universidad. Sea cual sea el efecto que se quiere evitar, en cualquier universidad española es problemático contratar a alguien con origen en otra. Evitar la endogamia tiene que servir para que ambas partes ganen algo, la contratante y el contratado.

Desde el punto de vista de la universidad contratante el sistema actual de acreditación nacional asegura que haya un mínimo de calidad en todos los candidatos, por lo que se tomará la decisión de contratar a alguien externo si esa decisión proporciona algún tipo de beneficio extra al departamento. El problema es que ese beneficio extra actualmente no es ni objetivable, ni medible, ni repercutible fácilmente en el departamento, con la regulación actual eso no es posible, por lo que sus efectos no pueden introducirse en ningún sistema de valoración de las comisiones de selección.

Pero hay modelos para corregir esto (ver por ejemplo María Jesús San Segundo Gómez de Cadiñanos, “Promoción y remuneración del profesorado universitario: de la LRU a la LOU”. Hacienda Pública Española / Revista de Economía Pública, 172-(1/2005): 93-117) de manera que esos beneficios se hacen evidentes y los departamentos terminan pagando el coste de fichar a candidatos que resultan menos productivos.

Desde el punto de vista del candidato exterior, si es español y profesor en otra universidad, la opción no es nada atractiva, porque bajo la regulación actual el salario sería el mismo; lo único que ganaría el candidato es una nueva localización geográfica del puesto de trabajo, y lo que perdería es su actual equipamiento y colegas de investigación de laboratorio o departamento, teniendo que empezar desde un cero absoluto en el nuevo puesto (Ver por ejemplo Juan P. Camacho, Nature, Vol. 413, No. 6852. (13 September 2001), pp. 107-107). Problema que se agrava cuanto más sénior sea el investigador. Si a eso añadimos que el incentivo del cambio geográfico en una persona con familia asentada implica problemas y gastos extra en vez de beneficios, la movilidad acaba produciéndose solo en situaciones puntuales.

Si el candidato es extranjero la situación es más bien imposible. Me gustaría plantearles a los miembros de la Comisión un ejercicio que algunas universidades han hecho para que vieran la magnitud del problema. Publiciten las plazas universitarias en los medios internacionales y proporcionen un teléfono de consultas para los candidatos. No llamaran muchos, pero alguno lo hará. Obviando las dificultades administrativas (y la imposibilidad de facto si no son europeos), a estos expóngales las condiciones económicas y de recursos puestos a su disposición si fueran contratados.

Como no van a volver a saber de ellos, antes de que cuelguen pídanles que por favor les expliquen cuales son las condiciones mínimas económicas y de recursos para que aceptaran el puesto. En ese momento encontrarán la explicación de por qué no hay profesorado extranjero en nuestra universidad, y también que es lo que hay que hacer para que el profesorado nacional se mueva como en otros países.

Demanda y oferta de titulaciones

Se ha detectado que hay un exceso de titulaciones con baja demanda y una baja cantidad de graduados en áreas técnicas, así como una alta tasa de parados y subempleo entre los universitarios. Con un diseño de la educación superior como el español donde hay más universitarios que estudiantes de formación profesional, no es de extrañar que los egresados universitarios se subempleen para rellenar los puestos de trabajo que por naturaleza deberían estar ocupados por los de menos cualificación. Habría que ver el nivel de subempleo en California si los estudiantes de los Community Colleges se traspasaran a titulaciones superiores.

En California tienen bien analizado cual es el impacto socioeconómico de sus universidades públicas en el entorno, estudiando cual es su contribución en la formación de profesionales para las principales áreas críticas de su economía. En términos económicos generales, por cada dólar que el estado invierte en la California State University se estima que se generan más de 5 dólares en la economía de la región, mientras que en el caso de la University of California el retorno es de alrededor de 14 dólares. El desajuste entre la demanda y oferta de estudios, y el de la demanda del mercado de trabajo y las titulaciones de los egresados, solo se soluciona tras un análisis similar al que realizan en California y con una planificación que se debe hacer al menos a nivel de Comunidad Autónoma, aunque sería deseable que fuera a nivel estatal.

Por Ley la universidad debe impartir dos tipos de enseñanzas: enseñanzas para el ejercicio de profesiones y enseñanzas que sirvan para la transmisión de la cultura (LOMLOU art. 33.1). La cantidad de recursos a asignar a una u otra enseñanza en una determinada universidad sita en un ámbito geográfico español no debe ser decisión de las universidades, sino una decisión política y estratégica de las Comunidades Autónomas.

Por alguna razón no se realizan estadísticas oficiales de empleo por titulaciones, cuando no es más complejo que cruzar las bases de datos de los egresados de las universidades por titulaciones con las bases de datos de la Seguridad Social y del INEM, por lo que no es de extrañar que la decisión sobre qué enseñanzas impartir se traslade en la práctica a las universidades. Y el problema se complica aún más para las universidades con la actual división de titulaciones en grado y máster. Si ya es difícil aventurar sin datos el interés por una titulación de grado, con las de máster supone un verdadero ejercicio adivinatorio.

Lo que se propone ahora es simplemente eliminar aquellas enseñanzas que no tienen demanda actual suficiente (¿50 alumnos?) por parte de los estudiantes cuyos intereses particulares pueden no coincidir con la necesidad de la sociedad a corto o medio plazo, lo que puede dar lugar a la desaparición en algunas facultades de titulaciones que cubrirían demandas de empleo actuales o emergentes, como las técnicas, o elementos culturales que de otro modo no podrán preservarse. En otras palabras, el diseño de la formación y cualificación de la fuerza de trabajo que es necesaria en España a medio o corto plazo lo harán los estudiantes que terminan el bachillerato, no el gobierno. ¿Qué es mejor, suprimir una titulación con 49 estudiantes que no llegan a cubrir toda la demanda de empleo de su sector o mantener una titulación con 50 estudiantes que todos irán al paro porque no hay empleo en el suyo?

Debería existir esa información de empleo por titulaciones y su previsión, y debería hacerse una planificación de las enseñanzas que cada Comunidad Autónoma deseara financiar atendiendo a esa demanda socioeconómica. De este modo las universidades podrían preparar una oferta formativa acorde con esas necesidades que la propia Comunidad Autónoma habría estimado y decidido, y con los niveles de estudiantes y de excelencia que se desee en cada una. Y de este modo se acabaría también con la competición de las universidades por los estudiantes de grado, lo cual no tiene sentido en un servicio público de educación compuesto por funcionarios (como no lo tiene por ejemplo el que los hospitales públicos compitan por los pacientes o las delegaciones de Hacienda por declarantes de la renta). Asimismo esa información debería servir para planificar el número plazas asignadas a la formación profesional y evitar el subempleo de los universitarios con el consecuente desperdicio de recursos públicos.

La Universidad española, abocada al fin del café para todos

Movilidad de los estudiantes e internacionalización de la universidad

Otra observación que se hace sobre el sistema universitario español es una falta de movilidad de los estudiantes españoles, ya que sólo el 7% cambia de distrito universitario. Este resultado es lógico teniendo en cuenta que la política que se ha seguido de creación de nuevas universidades y campus ha sido la de cubrir el máximo territorio duplicando la misma oferta de titulaciones para el mismo tipo o segmento de estudiante. Por otro lado las universidades españolas no están preparadas para una alta movilidad de estudiantes. Las universidades extranjeras con alta movilidad como las americanas o europeas tienen unos servicios, infraestructuras y financiación para ello que las españolas no tienen por la simple razón de que están diseñadas para alojar estudiantes residentes en la misma localidad. Lo mismo ocurre con el profesorado visitante o invitado, no estamos preparados para recibirlos y hacerles atractiva su estancia.

También se ha detectado una escasa internacionalización de las universidades, con menos de un 5% de alumnos extranjeros. En la University of Califormia la cifra es del 8%, aunque en el global del país está en el 3%, no muy alejadas de la cifra española.

La University of California está realizando un gran esfuerzo por incrementar ese número hasta el 10%, y la causa no es otra que los estudiantes de fuera de California pagan 22.000$ más al año por curso que los residentes lo que supone una fuente extra de ingresos que permitirá a la universidad hacer frente a los recortes de financiación estatal.

Es la misma motivación que tienen el resto de universidades americanas para atraer estudiantes extranjeros o de fuera del estado, y es por esa razón que sus esfuerzos se dirigen a aumentar el número de estudiantes extranjeros en grado más que en master, ya que la duración total de estos últimos estudios es menor (dos años frente a cuatro) y por tanto se recauda menos por estudiante.

En España sin embargo, los estudiantes extranjeros pagan la misma matrícula que los españoles, matricula que por otra parte no llega a cubrir el 75-85% del coste total (Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo). De cualquier modo si en España se quiere un mayor número de estudiantes de grado extranjeros por la razón que sea, aparte de los mencionados problemas de alojamiento y apoyo que restan atractivo a nuestras universidades para estudiantes o profesores, está el problema del idioma.

Salvo que queramos que dichos alumnos hablen español, será difícil que los profesores universitarios nos decidamos a impartir docencia en otros idiomas si no se nos reconoce ni incentiva de ninguna manera. Un ejemplo de cómo pueden ser esos incentivos son los planificados por la Comunidad de Madrid para los funcionarios docentes no universitarios (ORDEN de 16 de enero de 2012, por la que se dictan Instrucciones para la Gestión de las Nóminas del Personal de la Comunidad de Madrid para 2011, BOCM de 1 de febrero de 2012. (ver ANEXO II, tabla 5)).

La internacionalización de la universidad no solo debería referirse a los estudiantes, sino al porcentaje de plantilla que es profesor extranjero, que en España es prácticamente inexistente. Parece que hay una correlación bastante alta entre la excelencia de las universidades investigadoras y su internacionalización de estudiantes de postgrado (master y doctorado) y de profesorado (ver por ejemplo Hugo Horta, “Global and national prominent universities: internationalization, competitiveness and the role of the State”, Higher Education, September 2009, Volume 58, Issue 3, pp 387-405). Ya se ha comentado que lo que lo impide es fundamentalmente la falta de incentivo para la universidad contratante y la falta de interés para el candidato por las condiciones que se le ofrecen, pero los Institutos Madrileños de Estudios Avanzados y organismos similares demuestran que si estas condiciones cambian (y no tienen por qué cambiar para todas las universidades sino solo para las que encaje en su misión) se puede ser competitivo internacionalmente, atraer talento extranjero y aspirar a la excelencia.

Conclusiones

En resumen, si lo que queremos es una universidad de un solo tipo, homogénea en cuanto a oferta de titulaciones, tipología y nivel de profesorado, y financiación, al que acceda cualquier estudiante español sin filtros sobre su rendimiento esperado y sin importar la empleabilidad de los egresados, con un coste mínimo para el alumno y para el estado, y con una delegación cubriendo todo el país prácticamente en cada ciudad, el sistema actual es el adecuado, fue diseñado en todos sus componentes para ello. Pero lo que no se puede hacer ahora es criticar los resultados que se obtienen.

Sin embargo, si lo que queremos es un sistema de educación superior similar al de California o de otros países de nuestro entorno, habría que introducir cambios profundos en el sistema de educación superior español y acabar con el “café para todos” en todos los sentidos. El cambio podría empezar por una reorganización de las universidades, agrupándolas o dividiéndolas, creándolas o cerrándolas, asignándole a cada universidad e incluso facultad una misión más docente o más investigadora y una tipología o segmento de estudiantes correspondientes a un ámbito geográfico distinto si es que hay solapes para un mismo segmento. Y una vez realizado esto se debería reasignar a los profesores a la universidad y facultad más adecuada según sus capacidades de docencia, investigación o transferencia tecnológica.

Esto probablemente crearía un rango de universidades que tendría en un lado a las que tendrían como misión ser una referencia internacional de excelencia investigadora y que competirían por los mejores estudiantes y profesores (en California solo tienen una universidad pública de este tipo con diez campus que compiten entre sí), y en el otro a las que tienen como misión el servicio público de formar excelentes profesionales para abastecer el mercado de trabajo local y la transmisión de la cultura, lo que acabaría con la homogeneidad que está frenando actualmente a las universidades o facultades con capacidad para crecer en investigación y está forzando inútilmente a las otras.

Afectaría a la financiación que se redistribuiría más eficientemente, poniendo los recursos donde se necesitan y pueden ser productivos, sea en infraestructuras sea en recursos humanos, de acuerdo a los objetivos de cada universidad o facultad.

Afectaría a la estructura de profesorado y a su eficiencia, porque se les evaluaría y recompensaría suficientemente por la labor para la que se les necesita en realidad en cada facultad.

Afectaría a su movilidad, porque ésta beneficiaría a todos los actores. Afectaría a la internacionalización, porque se prepararían universidades o facultades para ello. Y afectaría al rendimiento de los estudiantes, porque admitiéndoles solo en la universidad o facultad que corresponda a su tipología a ninguno se le pediría más de lo que pueda dar su capacidad, ni se les pediría menos.

Todo ello conseguiría nivelar la cantidad de profesionales formados en distintas áreas y cualificaciones con las necesidades socioeconómicas de las Comunidades y del país, y conseguiría que algunas de nuestras universidades organizadas y financiadas para ello y que concentraran a nuestros mejores investigadores lograran subir en los rankings de investigación.

Un par de reflexiones finales

Siempre vemos elementos que funcionan en los sistemas de educación superior extranjeros, como que se evalúan las tasas de rendimiento de los estudiantes, que unos profesores tienen carreras más docentes y otros más investigadoras, que los profesores pasan procesos de acreditación, que sus salarios y su estabilidad laboral dependen de su productividad, que solo se financian los títulos que cubren una demanda mínima, que se crean campus de excelencia, que su sistema de gobernanza es distinto, que compiten por los estudiantes, etc.

Vemos esos elementos, los asociamos a que esos sistemas son exitosos, y los copiamos. Pero los copiamos sin tener en cuenta la organización global y los procedimientos y financiación que los respalda, que es lo que no se copia. Y no se trata de que nuestro sistema de educación superior reciba más financiación, que también, sino de asignar objetivos a cada universidad y aprovechar y distribuir adecuadamente la financiación que tenemos. Pero eso exige un Plan Maestro como el que California adopto en 1960.

A lo largo del artículo se ha matizado que los rankings internacionales con los que nos comparan son de investigación. Existen muy pocos rankings sobre educación superior (como por ejemplo el European Business School Ranking o la International Professional Classification of Higher Education Institutions) porque para realizarlos se necesita trazar la trayectoria profesional de los egresados, pero en los pocos que existen si aparecen instituciones españolas en los primeros puestos.

Hay que preocuparse porque alguna universidad española aparezca en los primeros puestos de los rankings de investigación y hacer lo que haya que hacer para que eso ocurra, sin ninguna duda, pero si consideramos la universidad pública española en su conjunto lo que tenemos es un grupo de instituciones de educación superior y lo que debería preocuparnos también es que esa educación sea excelente.

(*) Javier Segovia es profesor de la Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de Madrid, de la que ha sido Decano hasta el 8 de junio. También ha sido presidente de la Conferencia de Directores y Decanos de Ingeniería Informática de las universidades españolas (CODDII). Esta carta se publicó originalmente en su blog. Se reproduce con autorización.

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