La reforma de la LOPJ es el inicio del fin de la Justicia Universal en España

¿Cuáles son los motivos que llevan a un país como España a limitar la Jurisdicción Universal (JU)? El jurista alemán Kai Ambos ha tratado de dar respuesta a esta y otras cuestiones en la conferencia “Justicia Transnacional como alternativa o integración de la Jurisdicción Universal”, desarrollada en el marco del Congreso Internacional sobre Justicia Universal y Justicia Penal, que se desarrolla en Madrid hasta el día 23 de este mes con la participación de personalidades de primer orden de las instituciones de justicia internacionales más importantes, organizaciones de Derechos Humanos internacionales y expertos en la materia.

Para Ambos, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) es el “inicio del fin” de la JU en España, que ya comenzó su declive con la primera reforma de este derecho promovida por el ejecutivo de Zapatero en el año 2009.

Además, Ambos ha tratado de adentrarse en la tipificación de delito, que puede ser perseguido por la JU y ha puesto en evidencia las contradicciones del legislador en torno a estos principios. “En España ahora no se pueden perseguir crímenes internacionales, pero sí los casos de terrorismo, de acuerdo a ocho criterios dados por el legislador”, ha continuado.
 
Finalmente, Ambos ha enfatizado que los crímenes de genocidio y lesa humanidad afectan a toda la humanidad y el Estado que persigue a los responsables criminales actúa, a través de la aplicación de la JU, como defensor de toda la comunidad global.
 
“La supresión de esta ley hace que España deje de ser agente de la ley y limita los derechos de las víctimas. Esto evidencia la falta de voluntad del Gobierno actual de perseguir a los criminales”, ha concluido.

Por su parte, el profesor de Derecho Penal Internacional Manuel Ollé Sesé ha repasado la historia de la Jurisdicción Universal en España. Hablando en otro momento del congreso, señaló que “hace 18 años comprendimos que, por encima de las nefastas leyes,  se elevaba el derecho internacional y aprendimos que hay crímenes de tal gravedad, cuya finalidad era el exterminio de una población, que es obligada su persecución y que es un deber de los Estados ejercer su jurisdicción ante los responsables de crímenes contra los Derechos Humanos”.

De este modo, Ollé Sese ha recordado cómo, pese al alto componente político y la lentitud del proceso judicial, durante casi dos décadas de lucha, se han hecho valer los derechos de las víctimas y cómo la JU “es el único mecanismo para acabar con la impunidad”.

La importancia de la economía

En otro momento del congreso, el vicepresidente de FIBGAR Shlomo Ben Ami ha denunciado el domino de la economía en cada una de las esferas de la sociedad, así cómo estos condicionamientos rigen las relaciones diplomáticas y judiciales entre los estados y su supremacía sobre los Derechos Humanos.
 
De este modo, Ben Ami ha evidenciado la dicotomía actual que existe entre los países emergentes y los estados occidentales, una división que se asienta en el poder económico y se aleja de los valores humanos.
 
 “Parece que solo se sientan en los banquillos los países que no son potencias mundiales. Cuando se trata de China, el orden y la estabilidad está por encima de los Derechos Humanos”, ha lamentado Ben Ami, quien también ha señalado que “si Estados Unidos salió mal parado de la Guerra de Irak no fue tanto por las víctimas como por la ilegitimidad de la acción bélica”.
 
Tras él, Ariel Dulitzky, miembro del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas, ha exigido la regulación universal de la JU; ha acotado las limitaciones de este derecho y  ha diferenciado los actores que intervienen en el ejercicio de la JU.
 
De este modo, las organizaciones; las víctimas de crímenes internacionales; la comunidad internacional, y los tres poderes principales (judicial, legislativo y ejecutivo) son, según Dulitzky, los principales actores que deben comprometerse con el cumplimiento de la JU y es “la falta de acuerdo entre estos actores” la que limita las posibilidades de este derecho.
 
El magistrado de la Corte Suprema de Argentina Raúl Zaffaroni ha valorado las influencias de los poderes económicos en las relaciones judiciales y las dificultades a las que se enfrenta la JU durante su aplicación.
 
“Debemos vacunarnos ante todas estas dificultades que nos presentan porque corre el riesgo de que se conviertan en elementos capaces de promover el escepticismo respecto del principio de JU y deslegitimizarlo”, ha declarado.
 
Asimismo, Zaffaroni ha denunciado que el poder punitivo continúe siendo selectivo y ha afirmado que “todo genocidio es el ejercicio de un poder sin límites”.
 
 “La legitimidad de la JU no emerge de ningún proceso selectivo sino que emerge del fundamento de hacer efectivo el proyecto de orden jurídico humano, de acuerdo al artículo I de la Carta de los Derechos Humanos”, ha concluido.

Debates

El Congreso ha acogido asimismo diversos debates, relativos a “¿Es la Jurisdicción Universal un instrumento eficaz contra la impunidad?”, “Los Costes de la Jurisdicción Universal” y “Casos concretos. Lecciones aprendidas”.

A lo largo de estos debates se han producido numerosas intervenciones, destacando en el primero de ellos la coincidencia de los participantes en destacar la necesidad de que los Estados se comprometan en aplicar la Jurisdicción Universal para lanzar así un mensaje absoluto: No debe haber un solo espacio en el que un violador de los Derechos Humanos se encuentre a salvo.

Durante el segundo de los paneles sobre “Los costes de la Jurisdicción Universal”, la diputada del Grupo Parlamentario de UPyD Irene Lozano, señaló, refiriéndose al caso español, que “si se ha limitado la JU ha sido por las exigencias de China, que es el principal inversor de deuda pública de España y de los activos inmobiliarios. Este es el primer y evidente coste político”, ha añadido.

El papel específico de la Jurisdicción Universal y las consecuencias relativas a su aplicación efectiva han sido los protagonistas del panel “Casos concretos. Lecciones aprendidas”, durante el cual se abordaron, entre otros temas, el problema del Tibet, el del Chad o de Guatemala.

Durante su intervención en este debate, el magistrado Andreu ha enumerado los obstáculos a los que se enfrentan los jueces cuando investigan causas referentes a la JU, como la nula cooperación de los países extranjeros o las injerencias a la separación de los poderes.

Además, Andreu ha rendido homenaje a las nueve víctimas españolas (médicos, cooperantes y misioneros) asesinados en el extranjero, cuyos casos están siendo investigados en su juzgado, y ha recordado que, de seguir así, “en un futuro, las víctimas pueden vivir en la absoluta desprotección”.  Por último, ha lamentado que la justicia se mercantilice y sirva “de moneda de cambio de acuerdo a los intereses geopolíticos”.

El abogado Joan Garcés ha lamentado por su parte el temor que los gobiernos profesan a la JU, a la que consideran como “enemigos a abatir”  y ha declarado que “lo peligroso está en pensar que la soberanía está en quien puede tomar la decisión”.

Finalmente, el ministro saharui de los Territorio Ocupados, Mohammed  Louali, denunció la vulneración de los derechos y el bloqueo de información que ha sufrido la población saharui desde la década de los 70 y ha exigido que la comunidad internacional condene el régimen marroquí y facilite así la autodeterminación del Sáhara.

El recuerdo de los desaparecidos

El congreso, además de las ponencias y debates, acoge asimismo la exposición “Identidad Desaparecida”, obra de la argentina Silvia Levenson, en la que se muestran una serie de esculturas, instalaciones y fotografías, realizadas en vidrio, que aluden a la inexistencia de cuerpos, que viven solo a través de objetos, que quedaron congelados en el recuerdo.

En la inauguración de esta exposición estuvieron presentes la autora, el juez Baltasar Garzón y Estella de Carlotto, presidenta de la Asociación de las Abuelas de la Plaza de Mayo.