Una enorme fracción de los bosques y las reservas naturales en los mercados emergentes se entrega en régimen de concesión a empresas comerciales, ignorando a los pueblos indígenas que viven allí desde hace generaciones, según un estudio publicado este miércoles 30. “El otorgamiento de concesiones sin el conocimiento o la aprobación de las personas a […]

Los pueblos indígenas que viven en bosques tradicionales como este en la isla indonesia de Lombok no son consultados cuando esas tierras se entregan a entidades comerciales. Crédito: Amantha Perera/IPS

Por Amantha Perera
COLOMBO, Oct 30 2014 (IPS)

“El otorgamiento de concesiones sin el conocimiento o la aprobación de las personas a las que afectan directamente es, obviamente, una cuestión de derechos humanos de grave preocupación”, según el estudio de la Iniciativa de Derechos y Recursos (RRI, en inglés), una organización con sede en Washington.En Perú, dos proyectos de represas en los ríos Tambo y Ene fueron abandonados después de las prolongadas protestas y medidas legales promovidas por la comunidad indígena ashaninka, que afirmaba que las obras desplazarían de sus hogares entre 8.000 y 10.000 personas.

Al mismo tiempo, “también puede tener un impacto financiero real… que no solo preocupa a las empresas con operaciones en el lugar”, añade.

El documento observó que las comunidades indígenas habitan más del 99 por ciento de las tierras utilizadas por las empresas comerciales mediante las concesiones que, en algunos casos, corresponden a grandes extensiones del territorio nacional.

En Perú esa cifra asciende a 40 por ciento del territorio, mientras que en Indonesia equivale a 30 por ciento, o aproximadamente 500.000 kilómetros cuadrados.

“En la mayoría de los casos, los gobiernos sienten que es más fácil y sencillo trabajar sin la participación de las comunidades indígenas”, señaló Bryson Ogden, analista de RRI.

En tanto las empresas y los gobiernos llegan a un acuerdo sobre las tierras como si estuvieran deshabitadas, cuando el trabajo comienza en los proyectos comerciales siempre choca de frente con la población para quien esa tierra es su hogar tradicional.

El perjuicio económico producto de esos enfrentamientos puede ascender a los millones de dólares. Un artículo reciente de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos señaló que una compañía, que no identifica, reportó una pérdida de 100 millones de dólares en solo un año, debido a los paros forzosos por el conflicto con la comunidad local.

Una investigación económica, titulada “Los conflictos expresan el riesgo ambiental y social en costos empresariales”, de la Bolsa de Valores de Australia, realizada en 2012 por la empresa financiera Credit Suisse, identificó un impacto negativo por 21.400 millones de dólares australianos en el precio de las acciones de empresas afectadas por los conflictos.

Ogden, de RRI, dijo que a pesar de estas pérdidas, la tendencia mundial sigue siendo la de dejar de lado a las poblaciones indígenas al concertar los acuerdos de concesión. “Siguen siendo invisibles en la mayoría de estos contratos”, aseguró.

Esa invisibilidad en el papel puede ser fatal en la tierra. En Kalimantan del Sur, la parte indonesia de la isla de Borneo, se desataron graves incidentes de violencia entre la policía y los activistas durante una protesta este mes, indicó a IPS la activista Mina Setra, subsecretaria general de la Alianza de los Pueblos Indígenas del Archipiélago (AMAN), de Indonesia.

Estos altercados no son excepcionales. A principios de este año, una investigación de la organización ecologista Global Witness concluyó que entre 2002 y 2013 murieron de forma violenta 903 personas dedicadas a proteger el medio ambiente.

Durante el período investigado, 41 personas perdieron la vida en Filipinas por su oposición a los intereses mineros. Y solo en 2012, aproximadamente 68 por ciento de todos los asesinatos vinculados a la tierra en Brasil fueron el resultado de disputas por la deforestación en el Amazonas.

Los activistas enfrentados a procesos judiciales carecían de redes locales e internacionales que pudieran ayudarlos, agregó el informe.

“El problema… es que todavía no existe reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas”, sostuvo Setra, de AMAN.

Con la ayuda de otras organizaciones ambientalistas, AMAN presionó durante cuatro años al parlamento indonesio para que adaptara una ley de reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas. La aprobación de la iniciativa estaba prevista para este mes, pero el gobierno cambió, así como los funcionarios en el poder.

“Ahora volvimos a foja cero”, expresó Setra.

Ogden dijo que hay indicios de que algunas transnacionales comienzan a tomar en cuenta los derechos de las comunidades indígenas sobre sus tierras, pero Setra afirmó que, hasta que no tengan reconocimiento jurídico, es improbable que los acuerdos comerciales los contemplen.

“Las empresas nos preguntan bajo qué términos se pueden reconocer a esas comunidades, y no tenemos una respuesta efectiva hasta que haya una ley”, explicó.

Para los activistas, trabajar en esa ambigüedad puede resultar fatal.

Un ejemplo es el caso de Aleta Baun, activista de Timor Occidental, la parte indonesia de la isla de Timor, que en 2000 comenzó una campaña para detener las operaciones mineras que afectaban la vida de los molos, la tribu a la que pertenece. Ella fue atacada, apuñalada y amenazada de muerte y violación.

“La mayor parte del tiempo trabajamos sin ningún tipo de protección y nos enfrentamos a organizaciones con mucho dinero y apoyo estatal”, destacó la ganadora del Premio Ambiental Goldman en 2013.

En el municipio brasileño de Paracatu, la mayor operación minera de oro del país, dirigida por la empresa Kinross con una inversión total de más de 570 millones de dólares, los conflictos con la población indígena interrumpieron el trabajo en varias ocasiones desde 2008. Las partes firmaron un nuevo acuerdo en 2010 que permitió la reanudación de las operaciones en 2011.

En Perú, dos proyectos de represas en los ríos Tambo y Ene fueron abandonados después de las prolongadas protestas y medidas legales promovidas por la comunidad indígena ashaninka, que afirmaba que las obras desplazarían de sus hogares entre 8.000 y 10.000 personas.

En 2008, las protestas de las comunidades locales obligaron al grupo Tata a retirarse de una inversión de 350 millones de dólares en el estado indio de Bengala Occidental, donde pretendía producir automóviles Nano.

Los derechos de la comunidad a los bosques y otras reservas naturales son un factor cada vez más importante para las operaciones comerciales, según el informe de RRI.

“Las poblaciones locales son una especie de ‘contraparte no reconocida’ en los contratos de concesión… que a menudo utilizan mecanismos legales para resolver sus reclamos con los concesionarios”, añade.

“Esto sugiere que los derechos de las comunidades locales sobre una zona tienen un peso legal apreciable, aunque los organismos gubernamentales y los concesionarios no les atribuyan gran importancia en las condiciones de sus acuerdos”, concluye.

Editado por Kanya D’Almeida / Traducido por Álvaro Queiruga