RedacciónT21 
Un equipo internacional de expertos coordinado por investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales (ICTA) de la Universidad Autónoma de Barcelona ha presentado en la Delegación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Bruselas) el Atlas Global de Justicia Ambiental, una plataforma interactiva de mapas que analiza la trayectoria de más de un millar de conflictos ecológicos y espacios de resistencia a nivel mundial. El proyecto quiere llegar a los dos mil casos en 2015.
El Atlas Global de Justicia Ambiental es uno de los resultados más relevantes del proyecto europeo EJOLT (Environmental Justice Organizations, Liabilities and Trade). Ha sido elaborado a través de un proceso colaborativo entre activistas y académicos y aporta evidencia sobre los desequilibrios estructurales de poder en la economía global.
“El Atlas muestra cómo los conflictos ecológicos están aumentando en todo el mundo, por las demandas de materiales y energía de la población mundial de clase media y alta”, comenta el catedrático de la UAB Joan Martínez Alier, director del proyecto EJOLT, en la nota de prensa de la Autónoma.
“Las comunidades que reciben el mayor impacto de los conflictos ecológicos son pobres, a menudo indígenas, y no tienen poder político para poder acceder a la justicia ambiental y a los sistemas de salud. Las injusticias medioambientales involucran a una gran variedad de actores, incluyendo los estados y las empresas de los países de la OCDE, pero con participación creciente de los países BRICSs y otros”.
Tendencias preocupantes
“El mapa muestra tendencias preocupantes como la impunidad de las compañías que cometen delitos medioambientales o la persecución de los defensores ambientales, pero también inspira esperanza. Entre las muchas historias de destrucción ambiental y de represión política también se hallan casos de victorias en la justicia ambiental, casos donde se ganan los juicios legales, se cancelan proyectos y los bienes comunes se retornan a la comunidad. El 17% de los casos analizados se consideran victorias de justicia ambiental”, explica Leah Temper, investigadora del ICTA UAB y coordinadora del Atlas.
La plataforma on-line permite a los usuarios buscar y filtrar entre 100 campos y visualizar los conflictos por tipo de mercadería, compañía o país. Por ejemplo, permite obtener una visión global de los conflictos nucleares, de residuos tóxicos, conflictos de minería o de agua. Clicando los puntos ubicados en los mapas, el usuario obtiene información sobre los actores implicados, la descripción del conflicto concreto, las fuentes de información y los resultados de las acciones de unos y otros. Cualquier mapa creado a partir del campo de búsqueda y filtro se puede poner en páginas web externas o compartir a través de plataformas sociales.
El inventario de casos de conflicto ambiental facilitará la búsqueda de información, la interacción entre grupos de trabajo afines y el aumento de la visibilidad de los conflictos. También se podrá utilizar en el ámbito de la educación y para la defensa legal de casos. De momento, el mapa es comparable con un mapa medieval, con buena cobertura de algunas áreas y con espacios y regiones vacíos. El objetivo ahora es acercar el mapa a nuevas organizaciones civiles e investigadores expertos en áreas específicas e invitarlos a contribuir en el proyecto.
Un consumo más justo
Una de las conclusiones importantes del proyecto y del Atlas es que los movimientos sociales de justicia ambiental de base son clave para conseguir que las formas de consumo y producción sean más justas, equitativas y menos perjudiciales. Según Leah Temper, “sólo cuando las comunidades se planten contra la contaminación, los gobiernos y las empresas cambiarán su comportamiento”.
Respecto a España, el Atlas comprende de momento 32 casos documentados. Se hallan conflictos relacionados con incineradoras e infraestructuras para la obtención de energía eléctrica y combustibles fósiles, minería, proyectos urbanísticos, infraestructuras portuarias y aeroportuarias y casos sobre la conservación de la biodiversidad.
El proyecto de mega-infraestructuras en el aeropuerto de Ciudad Real, la línea eléctrica de alta tensión de Girona, la construcción de Eurovegas, la protección del lobo ibérico o la planta de cemento de Montcada i Reixach son algunos ejemplos.
El proyecto europeo EJOLT, financiado a través del 7º Programa Marco con 3,8 millones de euros, engloba a 23 universidades y organizaciones de justicia ambiental de 18 países. El inventario ha sido fruto del esfuerzo del consorcio internacional y de una red de colaboradores externos que trabajan conjuntamente desde hace más de tres años creando y enriqueciendo bases de datos, mapas e indicadores ambientales relacionados con los conflictos ecológicos.
El proyecto desarrolla casos de estudio, apoya acciones legales, escribe informes, artículos, libros y documentales para difundir las mejores prácticas de justicia ambiental. Por ejemplo, el próximo martes, 1 de abril, marca el inicio de un curso on-line en economía ecológica y justicia ambiental para miembros de las EJOs (organizaciones de justicia ambiental) a través de casos de estudio.
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