Cuando el banquero Darjan Botabayev intentó reservar un vuelo en la aerolínea nacional de Kazajstán en septiembre, lo que empezó como una compra de rutina se convirtió en un asalto que conmocionó al país: el hombre perdió los estribos y le propinó un puñetazo en la cara a la joven vendedora de pasajes. Otro incidente […]

El artículo Violencia machista ingresa a la agenda política de Kazajstán fue publicado originalmente en IPS Agencia de Noticias.

Por Joanna Lillis
ASTANA, Dec 19 2013 (EurasiaNet)

Otro incidente violento tuvo lugar en octubre, cuando Kanatbay Turmaganbetov, un alcalde rural del norte del país, se ofendió porque una mujer fotografió un afiche del presidente Nursultan Nazarbayev. La convocó a su oficina, donde “le golpeó la cabeza contra la pared, le pegó varias veces en el pecho y le dio un puntapié”, según una noticia publicada en medios locales.

A Turmaganbetov lo juzgaron, multaron y despidieron. Botabayev fue obligado a renunciar a la dirección del Kazinvestbank (banco kazajo de inversiones) y colocado en la lista negra de Air Astana, tras lo cual se disculpó ante su víctima con un ramo de flores y donó 10.000 dólares a obras de caridad.

La violencia de género “es un problema social, porque traspasa las fronteras de la familia. Es un problema del Estado”. – Nadezhda Gladyr, presidenta del Centro de Crisis Podrugi
Estos incidentes conmocionaron al país, pero activistas señalan que no se trata de casos aislados. Lo más perturbador es que muchos ataques contra mujeres quedan tras puertas cerradas.

Tal es el caso de Marina, quien se casó con un hombre abusador para escapar de un padre que se volvió violento con ella desde que, a los 15 años, la violaron y quedó embarazada. O el de Irina, cuyo esposo incendió el apartamento de su madre cuando ella se refugió allí para huir de los abusos maritales.

Algunas víctimas no sobreviven, como Rashida, cuyo esposo irrumpió en su casa, encerró a sus hijas en un dormitorio y la mató a puñaladas.

Estos casos se recabaron mediante testimonios por el Centro de Crisis Podrugi (Amigas) en Almaty, que ofrece apoyo psicológico y legal a las víctimas, y capacita a profesionales dedicados a la aplicación de la ley, la educación y la salud. La organización también intenta que el problema se convierta en una prioridad política.

Cuando se creó Podrugi, hace 15 años, la violencia de género no era reconocida como un problema o un delito. Se la solía retratar como parte de la vida privada de las familias.

Esfuerzos incansables de activistas ayudaron a cambiar las percepciones. Y en el discurso sobre el estado de la nación del año pasado, un “alarmado” presidente Nazarbayev señaló que este asunto requería atención.

“La violencia no es un problema privado”, dijo Nadezhda Gladyr, presidenta de Podrugi, en una entrevista con EurasiaNet.org. “Es un problema social, porque traspasa las fronteras de la familia. Es un problema del Estado”.

Un hito en esta lucha fue la ley contra la violencia doméstica, aprobada en 2009. El parlamento está discutiendo ahora reformas para hacerla más severa y asegurar mayor apoyo a las víctimas.

Nadie sabe cuántas mujeres padecen abusos y maltratos en Kazajstán cada año. Paradójicamente, las estadísticas oficiales (que en materia de violencia de género son notoriamente poco confiables en la mayoría de los países) muestran que la cantidad de crímenes sin reportar se redujo desde que se adoptó la ley.

Según datos del Comité de Estadísticas Legales de la Oficina del Fiscal General, en 2012 se registraron 783 casos, contra 887 en 2009. El año pasado, 285 mujeres murieron en incidentes relacionados con violencia doméstica, dijo Gulshara Abdykalikova, que dirigió la Comisión Nacional para los Asuntos de las Mujeres y la Política Demográfica Familiar y fue nombrada vice primera ministra en noviembre.

Representantes de Podrugi estiman que la quinta parte de las familias kazajas sufren violencia. Mientras, el informe de la Agencia Nacional de Estadísticas sobre delitos contra mujeres en 2012 señala que se registraron 13.797 crímenes violentos contra ellas, “en muchos casos” de carácter machista.

Pero quien denuncia es estigmatizada, por lo tanto “no todas las mujeres hablan, no quieren lavar sus trapos sucios en público”, dijo Abdykalikova en febrero.

Tatyana Usmanova, del no gubernamental Centro de Apoyo a las Mujeres, dijo en una mesa redonda celebrada en enero que “la sociedad es muy tolerante con la violencia doméstica”.

Aun cuando las mujeres acudan a la policía, a menudo las denuncias se desestiman por presión familiar o por la dependencia económica que muchas tienen con el perpetrador.

Unas 20.000 mujeres presentaron denuncias policiales por violencia de género en 2011, dijo el año pasado al parlamento el viceministro del Interior, Kayrat Tynybekov. Sin embargo, apenas una fracción de las denuncias iniciales terminan en los registros oficiales.

La divergencia entre la cantidad de crímenes reportados y la de mujeres que buscan ayuda es enorme. En octubre se informó al parlamento que, en lo que iba del año, 37.000 víctimas habían solicitado asistencia de las Unidades para Proteger a las Mujeres de la Violencia, dependientes del Ministerio del Interior, y que 11.000 habían recurrido a los 28 centros de crisis del país.

La proporción de condenas parece haber caído desde que se adoptó la ley. En 2012 hubo 509 sentencias, contra 988 en 2009.

Esa reducción de 48 por ciento es mucho mayor que la baja de 12 por ciento en los crímenes reportados, aunque las condenas por cargos menores pueden sesgar los números. El año pasado, 386 personas recibieron sentencias de custodia (76 por ciento de las condenas).

A propósito de la campaña 16 Días de Activismo contra la Violencia hacia las Mujeres, que se extiende entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre, Podrugi presionó a Astana para que creara una red nacional de refugios financiados por el Estado para víctimas.

De momento, organizaciones no gubernamentales operan una red heterogénea, y algunas ciudades importantes, entre ellas Almaty, no tienen refugios designados. Los legisladores se han manifestado en apoyo del rol estatal.

“Para quienes representamos los derechos de las mujeres, es importante que el Estado juegue un rol protagónico en la prevención, y por lo tanto los refugios públicos nos resultan realmente cruciales”, dijo Gladyr.

El gobierno “ahora nos está escuchando, y está con nosotros”, aseguró.

Joanna Lillis es una periodista independiente que se especializa en temas de Asia central. Este artículo se publicó originalmente en EurasiaNet.org.