Los días 12 y 13 de marzo se celebró en Madrid el “Security Research Event 2013“, organizado por la Comisión Europea y el Clúster de Seguridad de Madrid Network, donde pudimos asistir a interesantes exposiciones sobre las características del nuevo escenario de la I+D europea derivado del cambio en las perspectivas financieras de la Unión Europea.

Asimismo en el marco del evento se desarrolló un workshop para exponer los avances en investigación en el dominio de las amenazas química, biológica, radiológica y nuclear (NBQR o CRBN) y una demostración sobre ciberseguridad a cargo del Instituto Tecnológico La Marañosa (ITM) y el Centro de I+D+i en Tecnologías de Seguridad (CIDITES) del mencionado Clúster.

En ambas jornadas se organizaron mesas redondas dedicadas monográficamente al Plan de acción de la Política industrial de Seguridad, la creación de sinergias con Defensa, el papel de la investigación en apoyo a la lucha contra el cibercrimen, la investigación en Seguridad en el Horizonte 2020 y el papel de los Clústers de Seguridad y Defensa, dedicando asimismo una de las exposiciones a presentar diversos proyectos del 7º Programa Marco de la Unión Europea en el área de Investigación y Seguridad.

Lo tratado en las dos jornadas fue bastante extenso por lo que un mínimo resumen alargaría el post en varias páginas; por esta razón me limitaré a resaltar aquello que considero más directamente relacionado con los términos del blog. Concretamente me referiré al debate dedicado a los Clústers de Seguridad y Defensa en el marco de la innovación industrial, moderado por Emiliano Duch (coordinador de la Iniciativa europea de Clústers de excelencia), en el que participaron Christian Bréant (Director de Investigación y Desarrollo de la Agencia Europea de Defensa; EDA), Lucio González Jiménez (Director general del Clúster de Seguridad de Madrid), Thierry Louvet, de Systematic (Clúster de Sistemas y de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Región de París), Ladislav Chodak, del Clúster de Monitorización de la Seguridad en Redes de la República Checa y Peter Statev (Director del Clúster de Tecnologías de la Información y Comunicación de Bulgaria).

De las diferentes intervenciones destacaré aquí algunas conclusiones de interés desde mi perspectiva personal. En primer lugar la importancia que tienen estos Clústers para el desarrollo y la expansión de las Pymes del sector, reconocida por todos los ponentes, aun con algún temor respecto a la tentación de que se utilicen como ”paraguas protector” de este tipo de empresas en perjuicio de la rivalidad y competencia entre ellas.

Asimismo considero importante mencionar que los resultados de un estudio realizado por la EDA sobre Centros de Excelencia del sector Defensa condujeron a recomendar una mejora del rendimiento de los Clústers, el incremento de la capacidad de las Pymes para competir en los mercados internacionales y el desarrollo de políticas orientadas a buscar la complementariedad de dichos Clústers.

Finalmente distinguiré dos intervenciones que muestran las capacidades y potencial de este tipo de organismos. Thierry Louvet habló de los Polos de Competitividad, término que en su opinión refleja claramente el tantas veces mencionado concepto de estrategia competitiva de Michael Porter, resaltando su importante contribución a la competitividad de la economía y el apoyo al crecimiento económico de Francia.

Mencionando concretamente a Systematic, Polo de Competitividad de la región de París, informó que lo integran 125 grandes empresas y otras 420 Pymes, además de 81 centros de investigación y 20 empresas de capital riesgo, del tipo Business Angels y Venture Capital, que han desarrollado más de 353 proyectos, con inversiones de 1.849 millones de euros, descollando el área de Seguridad y Confianza digital con 155 socios, 42 grandes empresas, 89 pequeñas y 24 centros de investigación.

La segunda de las intervenciones a destacar fue la de Lucio González Jiménez quien subrayó la importancia del Clúster de Seguridad de Madrid Network donde se han desarrollado más de 20 proyectos de demanda temprana en los que participan los socios integrados en los diferentes Grupos de trabajo del Clúster, como el de nuevas tecnologías o de incremento de la I+D+i, junto con los usuarios finales. Detalló asimismo las relaciones con otros Clústers nacionales y de otros países que estimó de gran importancia para facilitar el acceso a otros mercados.

Mi consideración personal, una vez finalizadas las jornadas, se sintetiza en afirmar que esta clase de eventos nos proporcionan acceso al quehacer sistemático de este tipo de Clústers de excelencia que les permite situarse en las mejores condiciones para llevar a cabo su función. Su actuación, unida a una labor donde se aúna cooperación con esfuerzos de investigación e innovación junto con el desarrollo de tecnologías y la aplicación e intercambio de conocimiento, contribuye no solamente a aumentar la competitividad y a apoyar el crecimiento y la internacionalización de las empresas del sector sino también a dar respuesta a las demandas ciudadanas en materia de seguridad.

El Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (UNED) y el Grupo Estudios Técnicos (GET) están organizando unas Jornadas sobre “Tecnologías y Sistemas aplicados a Infraestructuras Críticas y Estratégicas” en el transcurso de las cuales he tenido la oportunidad de presentar una ponencia sobre "Identificación y Análisis de Riesgos en Infraestructuras Críticas", tema al que atribuyo la mayor importancia para el desarrollo y seguridad de la sociedad.

Los procesos de modernización, apoyados por los avances tecnológicos, han conferido a la sociedad moderna una cierta estabilidad y niveles de bienestar que, por el contrario, nos ha hecho dependientes en gran medida del buen funcionamiento y la fiabilidad en la prestación de determinados elementos y servicios, algunos de primera necesidad, como el agua, la sanidad, la energía, etc., cuya no disponibilidad, a gran escala, aun por corto espacio de tiempo, podría dar lugar a consecuencias graves e imprevisibles.

Estos servicios esenciales los proporcionan y aseguran unas infraestructuras caracterizadas en algunos países como críticas. En España disponemos de una definición formal, la proporcionada por la Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen Medidas para la Protección de Infraestructuras Críticas (PIC), la cual las define como aquellas instalaciones, redes, sistemas y equipos físicos y de tecnología de la información cuyo funcionamiento es indispensable y no permite soluciones alternativas, por lo que su perturbación o destrucción tendría un grave impacto sobre los servicios esenciales.

En este escenario también destaca la influencia y el impacto de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), al ser causa de que las infraestructuras sean más eficientes y, en cierto sentido más inteligentes, pero a su vez más complejas, al estar interconectadas, y también más interdependientes no solamente entre ellas sino también de los sistemas de información y sus redes de comunicaciones, volviéndolas en consecuencia mucho más vulnerables.

Tal impacto demanda que las mencionadas tecnologías se tengan en cuenta al mismo nivel de importancia que el resto de activos y componentes de las infraestructuras críticas. Siguiendo este argumento, en mi intervención en las Jornadas reflexionaba sobre la para mi evidente necesidad de cambiar las estrategias de protección de tales infraestructuras hacia un enfoque holístico propio del concepto de seguridad integral (prevención, protección, recuperación), incluyendo la adecuada gestión de riesgos inherentes (físicos, lógicos y humanos) en todo el ciclo, desde la prevención a la solución.

Reflexiones como las anteriores constituyen la base de mi determinación en contribuir a la toma de conciencia de que la PIC es un elemento estratégico de la seguridad nacional e internacional, pública y privada, parte importante de una moderna cultura de seguridad. Así lo reitero en mis diferentes presentaciones, no solamente en España sino también en el exterior, pues considero que este es un problema global y local, razonamiento que utilicé por ejemplo en el Congreso Mundial de Seguridad, celebrado en la bella localidad de Cartagena de Indias (Colombia), al disertar sobre el tema “Modelo de seguridad para infraestructuras críticas” destacando la necesidad de intercambiar experiencias y conocimientos sobre este nuevo concepto integral y global de la seguridad, pública y privada.

Hace pocos días celebramos el segundo almuerzo-debate organizado por los diplomados del primer Postgrado de Inteligencia Económica y Seguridad (PIES), instituido por el Aula de Liderazgo Público de MAS Consulting y la Universidad Pontificia Comillas. En esta ocasión tuvimos la ocasión de escuchar y debatir animadamente con el Secretario de Estado de Comercio del Gobierno de España, D. Jaime García-Legaz, cuya intervención se centró de forma casi monográfica en la Inteligencia Económica.

Personalmente, dada mi preocupación por el tema, me produjo una gran satisfacción comprobar que una persona que ocupa un cargo de responsabilidad en la Administración española conoce muy bien el fondo y la forma del tema, algo no muy habitual, y lo explica con naturalidad, sin ambigüedades. También me agradó bastante el escuchar de primera mano que existe la voluntad política de avanzar en la implantación en España de un sistema de Inteligencia Económica que refuerce la acción del Estado y apoye al tejido empresarial.

Dado el seguimiento permanente que llevo a cabo sobre este asunto, ya conocía el interés del Secretario de Estado por impulsar determinados aspectos de la Inteligencia Económica como muestra la creación de un Consejo de Orientación Estratégica del ICEX (España Exportación e Inversiones; entidad pública empresarial de ámbito nacional), en cuya reunión preliminar celebrada en Madrid el pasado mes de julio se abordaron acciones en este domino con objeto de impulsar y dinamizar la internacionalización de la economía española, tanto por parte de la Administración como por el sector privado.

Una de las manifestaciones que me sorprendió de su intervención y posterior debate fue su mención al “lobby” como elemento o componente principal de las actividades de la Inteligencia Económica. Esta afirmación, que normalmente pudiera parecer algo obvio, no lo es tanto si nos situamos en el marco de la España actual donde, por desgracia, aparecen con demasiada frecuencia informaciones sobre corrupción creando un clima de inquietud y desengaño en la ciudadanía y una desconfianza que se generaliza, aplicándola erróneamente a toda la clase política.

En este ambiente enrarecido hablar de lobby o de acciones de influencia, por expresarlo en la lengua de Cervantes, conduce fácilmente a una asimilación inmediata con corrupción, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, etc. Y esta equiparación aplicada a las actividades de la Inteligencia Económica está muy lejos de ser exacta.

En un post anterior me refería a que la práctica de la Inteligencia Competitiva se basa en principios éticos y legales; lógicamente esta afirmación es igualmente cierta y válida para la Inteligencia Económica. Haciendo abstracción de la semántica y de las múltiples definiciones de ambos conceptos, es innegable que estas disciplinas realizan actividades para obtener, analizar y difundir información e inteligencia estratégica en apoyo a la toma de decisiones siempre en estricto respeto a la legalidad y la ética.

Una vez escuchado lo expuesto por el Sr. García-Legaz, contribuyo por medio este post a apoyar sus manifestaciones insistiendo en mis múltiples afirmaciones sobre estas prácticas: las acciones de influencia, de lobby, son elementos fundamentales del proceso de la Inteligencia Económica y Competitiva, como lo son también las de seguridad y protección de la información estratégica de las organizaciones, siempre que se rijan por los mencionados principios de legalidad y ética.

Aprovecho la oportunidad para animar a los organizadores de estos dos primeros eventos, así como al conjunto de diplomados del PIES que impulsan este tipo de actividades, a continuar por esta vía que nos permite conocer la opinión de personas de prestigio, quienes además ocupan cargos de responsabilidad, y también debatir de forma próxima, sin protocolos, ampliando así las posibilidades que se nos ofrecen para ayudar a difundir y practicar la cada vez más necesaria cultura de Inteligencia Económica y Competitiva, desde lo público a lo privado y de forma transversal en cualquier nivel de decisión.

Cuando en 2006 decidimos inaugurar una sección de blogs de Tendencias 21 publiqué un post dedicado al controvertido tema de las nuevas tecnologías y la infancia. Han pasado unos años de rápida evolución en este campo, de forma que parte de aquellas afirmaciones parecen obsoletas ante la enorme difusión y utilización de las múltiples potencialidades que ofrece la Web 2.0, particularmente las redes sociales.

Comentaba entonces que las TIC (tecnologías de la información y comunicación) impactaban de forma muy sensible en los niños, quienes por sus vulnerabilidad están más expuestos a su influencia, no solamente por convivir con ellas, sino también por el hecho de que desde que nacen forman parte natural de sus vidas y de los hábitos de los adultos de su entorno, convirtiéndose rápidamente en una parte natural y muy atractiva de sus vidas.

Hace unas décadas los mayores peligros que podían acechar a un niño se encontraban en “la calle”, mientras que el entorno familiar ofrecía generalmente una protección adecuada. Hoy los términos han cambiado en parte; ahora algunas amenazas se encuentran dentro, caracterizadas en el caso que nos ocupa por la facilidad de acceso a estas tecnologías en especial a Internet y a las redes sociales.

Este fenómeno social no afecta solamente a los adultos; una simple mirada a nuestro entorno permite constatar que el acceso a Internet, y la utilización de las tecnologías que lo soportan, se produce a edades cada vez más precoces y además los niños no solamente lo hacen para jugar, aprender o divertirse, sino también para comunicarse con otros, la mayor parte desconocidos, imitando aquello que es tan habitual entre los mayores que les rodean.

Puede alegarse que la mayor parte de las redes sociales más conocidas y utilizadas no permiten el acceso a menores, pero estos controles no son muy estrictos e incluso en algunos casos son los propios familiares quienes facilitan de forma encubierta tal acceso, existiendo además cada vez más numerosos ejemplos de redes sociales dedicadas a los niños (como la muy conocida de Disney con más de 150 millones de usuarios entre 6 y 14 años repartidos por 175 países) que permiten emular a los mayores de forma divertida y a la vez segura.

Veamos una muestra; hace pocas fechas un importante directivo de Facebook reconocía su incapacidad para impedir que los menores de edad puedan configurar perfiles, admitiendo no disponer de un mecanismo para erradicar el problema de los menores de edad. Tal revelación se complementaba con una información indicando que a pesar de que Facebook tiene una norma por la que sus usuarios deben ser mayores de 13 años, una reciente investigación ha revelado que el 34% de niños entre 9 y 12 años del Reino Unido tienen un perfil en esta red social.

El debate sobre la utilización de las redes sociales por parte de menores de edad manifiesta la existencia de dos posturas opuestas, sin la existencia de un término medio lo suficientemente amplio como para equilibrarlas. Mientras que múltiples expertos abogan por utilizar estas herramientas para ayudar a los niños a crear y compartir su propio conocimiento, otros, por el contrario, opinan que no son un útiles adecuados para los niños y se decantan claramente por su prohibición.

A mi juicio lo correcto es utilizar las redes sociales como cualquier otra herramienta para que ayuden de forma apropiada al desarrollo de los niños, con un enfoque responsable que instruya en su uso adecuado. En este sentido comparto la opinión de Enrique Dans (www.enriquedans.com) cuando afirma que no es cuestión de restringir irracionalmente el uso de las redes sociales sino de racionalizar su uso con las actitudes adecuadas que eviten un enfrentamiento directo; es decir, no restringir el uso, sino controlar el abuso.

Y esto se consigue por medio de la adopción de una serie de medidas mínimas pero eficaces, como acordar unas normas de uso, principalmente sobre seguridad y privacidad, educar a los niños en el respeto a los demás y a ellos mismos, proporcionarles el conocimiento de las respuestas frente a posibles abusos, etc., sin olvidar un aspecto de gran importancia: los propios adultos deben estar en las redes, respetando la privacidad de los niños, pues uno de los graves peligros que amenazan a los menores es que consideren a sus mayores como ignorantes motivo por el cual no tienen en cuenta sus sugerencias y consejos.

En definitiva; aunque el mundo Internet ha cambiado mucho desde que publiqué aquel post, principalmente por la eclosión de las redes sociales, mi opinión continúa siendo la misma y consecuentemente la repito textualmente:

"Todos, padres y educadores, debemos ser responsables de fomentar el uso de estas tecnologías, como un complemento de la formación infantil, al facilitar el aprendizaje y la obtención de conocimientos. Hay que cuidar además que no sean solamente una ayuda para desarrollar o reforzar actividades mecánicas, sino que favorezcan la experimentación e impulsen la creatividad como una forma más de adquisición de conocimiento.

La tarea nos incumbe a todos, padres, formadores, sociedad, etc., pero no debemos esperar a que nos presenten soluciones por medio de normas y reglas, etc., sobre protección de la infancia. Esta sería una toma de posición cómoda y circunstancial, influida por la corriente dominante, y por ello insuficiente.

Lo fundamental es tomar conciencia de que el problema es nuestro, y a nosotros nos corresponde hacerle frente; que comienza en la propia familia, donde existe, o debería existir, la capacidad para preparar a los potenciales usuarios de estas nuevas tecnologías, contando, eso sí, con el apoyo de educadores, administración, etc., para conseguir que las medidas a aplicar sean más directas, persuasivas, continuas, en definitiva eficaces"

Hace más de tres años tuve la oportunidad de ver la película Duplicity, protagonizada por Julia Roberts y Clive Owen, una comedia romántica apoyada en un guión que aborda, con relativa profundidad y escaso acierto, el tema del espionaje industrial entre dos grandes compañías del sector de la cosmética, las cuales cuentan con los servicios de dos profesionales que anteriormente habían sido agentes de servicios secretos gubernamentales (concretamente la CIA y el MI6 británico).

A la luz de los comentarios y críticas que se publicaron entonces sobre la película redacté unas notas con el ánimo de publicar un post al respecto. Pero en aquel momento estaba embarcado en un proyecto que ocupaba gran parte de mi tiempo por lo que aparqué la publicación para una mejor oportunidad.
Con el paso del tiempo había olvidado el asunto pero, por azar, este fin de semana he vuelto a ver el filme, en este caso en la TV, y al recordar aquellas notas decidí recuperarlas y publicar este artículo sin más demora evitando así que vuelva a olvidarme de materializar un alegato en defensa de la Inteligencia Competitiva, en especial de sus profesionales.

En la película, con poco tacto y escaso conocimiento del tema, se presenta la imagen de unos expertos en múltiples materias, sin escrúpulos, que además mezclan trabajo con relaciones personales, y se asimila o confunde el espionaje industrial con la Inteligencia Competitiva; entre mis notas de entonces encuentro unas referencias donde el propio director, Tony Gilroy, quizá todavía bajo el influjo de su llamativa pero inverosímil trilogía Bourne, comenta: “no existe una sola corporación en este mundo que no tenga un departamento de inteligencia, ….ofensivo y defensivo. En decir, un grupo de espías”.
La frase es muy atractiva si se utiliza para promocionar la película pero también poco atinada cuando identifica departamentos de inteligencia con conjuntos de espías. Nada más lejos de la realidad; es evidente que existe el espionaje industrial, uno de cuyas principales actividades (ilícitas) es la copia y distribución de patentes, pero, con independencia del sector donde actúe, no deja de ser espionaje, actividad que según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua se dedica a obtener información fraudulenta.

Conforme a esta definición Tony Gilroy viene a decirnos que no existe una sola corporación en el mundo que no tenga un departamento de inteligencia que se dedica a actividades fraudulentas. Esta teoría la apoyan otros comentarios similares de la época donde se afirma, por ejemplo, que el espionaje entre compañías tiene diferentes nombres, espionaje industrial, espionaje empresarial e inteligencia competitiva, pero todos se refieren a lo mismo.
Ante este tipo de afirmaciones, desgraciadamente muy comunes, no puedo menos que romper una lanza en defensa de la Inteligencia Competitiva y de sus profesionales. Con objeto de no crear confusión exponiendo algunas definiciones más o menos aceptadas de esta moderna disciplina utilizaré como argumento una breve frase de síntesis de la Asociación de profesionales de Inteligencia Competitiva y Estratégica (SCIP; www.scip.org) : “La Inteligencia Competitiva es una disciplina ética de negocios para toma de decisiones basada en el conocimiento del entorno competitivo”.

Es posible que la sentencia no ayude mucho a proporcionar una idea clara sobre lo que es la Inteligencia Competitiva, pero si sobre lo que no es: no es espionaje.

Para evitar este tipo de confusiones demasiado habituales, en mis presentaciones y conferencias insisto siempre en subrayar que la práctica de la Inteligencia Competitiva se basa en principios éticos y legales; ciertamente sus profesionales obtienen y analizan información sobre los competidores, sus actividades y estrategias, así como sobre las tendencias y oportunidades del mercado y se adoptan actitudes ofensivas y defensivas, pero siempre en estricto respeto a la legalidad y la ética.

Si, como sucede en la película, en algunas actividades empresariales e industriales ambos términos brillan por su ausencia posiblemente esta práctica redunde en grandes beneficios para sus autores pero, por más que repitan que se trata de Inteligencia Competitiva, si no se aplican estrictamente los principios de respeto a la legalidad y la ética, el hecho de utilizar el nombre y adjetivo, sin hablar claramente de espionaje, no hará que sea realmente Inteligencia Competitiva.

La semana pasada participé representando a la Fundación FUNCOAS en la reunión del Foro TIC para la Sostenibilidad que desde hace ya dos años organizan conjuntamente la Asociación empresarial del sector TIC, AMETIC, y FUNCOAS. Su tema monográfico está dedicado este año a las smart cities o ciudades inteligentes, término que si bien tiene ya una cierta antigüedad, casi dos décadas, ha debido esperar hasta hace poco tiempo para alcanzar una gran difusión debido principalmente a la importancia de los desafíos que conlleva, sin olvidar la sugestión que ejerce la utilización del vocablo smart, de moda en nuestra realidad cotidiana donde tecnologías, vehículos, redes, teléfonos, televisores, etc., son, o quieren ser “inteligentes”.

No existe una definición clara del concepto de smart cities; sin embargo si hay un cierto consenso en asentir que hace referencia a un conjunto de soluciones tecnológicas que tratan de ofrecer infraestructuras, servicios y prestaciones para hacer las ciudades sostenibles, mejorando la calidad de vida y la participación ciudadana de sus habitantes, asegurando una mayor eficiencia en la gestión de los recursos y apoyando un desarrollo económico basado en la competitividad y su capacidad para crecer económicamente.

La aspiración de diseñar y desarrollar este tipo de urbes no difiere mucho de la que se debería exigir a cualquier ciudad, sea o no inteligente. Pero este concepto de smart cities presenta un elemento diferenciador caracterizado por el uso y la aplicación intensiva de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Las TIC se han introducido de tal forma en nuestras vidas que su amplia utilización y expansión han conducido a una verdadera revolución mundial que nos ha traído la denominada Sociedad de la Información. Se han impuesto en todos los sectores constituyendo un vector fundamental del cambio económico y social; por ello es posible pensar que con su apoyo las ciudades podrán ser mas sostenibles y respetuosas con el entorno a la vez que aseguren el desarrollo social y económico de sus habitantes, convirtiéndose en áreas más habitables y atractivas.

Pero la tarea es ardua; la dura realidad muestra que los desafíos son importantes. Veamos algunos datos: según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la población urbana mundial aumentará un 75% en las próximas cuatro décadas, alcanzando la cifra de 6.300 millones. Otros estudios, como los del Banco Mundial, nos indican que cada día se añaden casi 180.000 personas a la población urbana con la consecuencia de que para el año 2030 dos de cada tres habitantes de nuestro planeta vivirán en ciudades, donde desgraciadamente hoy en día habitan más de 750 millones de personas sin una vivienda digna ni servicios básicos.

Un mínimo análisis de estos y otros datos similares permite afirmar que estas concentraciones humanas si bien son fuente u origen de oportunidades sociales y económicas para los individuos que habitan en ellas, también lo son de problemas de inseguridad, fractura social, generación de enormes volúmenes de residuos de todo tipo, emisión de gases de efecto invernadero y otros muchos que afectan directamente a los tres grandes ejes de la sostenibilidad (social, medioambiental y económico) desequilibrando el conjunto hacia extremos de degradación medioambiental, aumento de las brechas sociales, pobreza y marginación.

Es pues necesario convertir a las ciudades en inteligentes lo cual implica sostenibilidad, igualdad, calidad de vida, servicios ciudadanos y competitividad. Para ello hay que reflexionar y actuar en profundidad sobre aspectos vitales para la sostenibilidad y habitabilidad de las grandes urbes, como son la eficiencia energética, gestión de residuos, acceso del ciudadano a los diferentes recursos, etc. Entre las soluciones que pueden identificarse destacan en primer lugar las TIC cuya integración en la vida y el crecimiento urbano permitirá desarrollar un concepto amplio de smart cities.

La pasada semana finalizó el primer Postgrado de Inteligencia Económica y Seguridad (PIES) organizado por el Aula de Liderazgo Público de MAS Consulting y la Universidad Pontificia Comillas. Durante tres meses, los alumnos matriculados han podido recibir las enseñanzas y experiencias de un conjunto de profesionales bajo la experta Dirección Académica de Virginia Ródenas, periodista y socia directora de CVA, y de Daniel Urueña, coordinador del Aula de Liderazgo Público y Socio-Director de MAS Consulting Group.

El PIES se puso en marcha con el objetivo, entre otros, de formar a directivos en materia de creación y explotación de unidades de Inteligencia Competitiva en el seno de las empresas, por medio de la transmisión de conocimientos y experiencia de profesionales del sector público y privado que están ya aplicando con éxito estrategias propias de este moderno paradigma de Inteligencia empresarial.

El Aula de Liderazgo Público, organizadora del PIES, es una iniciativa de la Universidad Pontificia Comillas y MAS Consulting cuyo objetivo es fomentar el diálogo y la cooperación entre la política, la empresa y la sociedad civil. En este caso es posible afirmar que se ha alcanzado la meta diseñando y desarrollando un Postgrado, pionero en España, donde expertos en Inteligencia Económica y Competitiva, así como en áreas relacionadas de la Seguridad y Defensa han contribuido a aumentar el conocimiento de un selecto grupo de alumnos, en su mayor parte profesionales de grandes empresas, consultoras, etc., con una amplia experiencia profesional y cargos de responsabilidad en sus respectivas organizaciones.

Durante estos meses se ha mostrado de forma teórica y práctica las indudables ventajas que aporta la aplicación de la Inteligencia Económica al ámbito de la empresa como una herramienta de gestión que garantiza la innovación y mejora la competitividad de las organizaciones por medio de un proceso sistemático, estructurado, ético y legal que genera un producto de alto valor añadido en apoyo a la toma de decisiones.

Una vez finalizado el Postgrado los alumnos del mismo han procedido a crear una Asociación de Antiguos Alumnos del PIES, celebrando un primer evento donde tuvimos la oportunidad de escuchar al Embajador Gustavo de Aristegui, quien actualmente representa a España como Embajador en India, con el que también debatimos sobre este y otros interesantes temas de actualidad.

El embajador aseguró estar convencido de la importancia que presenta la Inteligencia Económica como elemento principal de apoyo para ayudar a salir de la actual crisis y preparar el futuro de forma idónea. Como le comenté personalmente, comparto en toda su extensión su afirmación, pero no estoy tan seguro de que sea una opinión extendida o reconocida en determinadas esferas de decisión donde esta cuestión no parece ser una de las prioridades de las agendas.

A raíz de la publicación de mi última bitácora (véase Inteligencia Económica; factor clave en Francia ¿y en España?) he recibido un buen número de comentarios y preguntas de amigos, colaboradores y profesionales del mundo de la inteligencia, haciendo referencia en su mayor parte a la falta de una distinción clara entre los conceptos de Inteligencia Económica (IE) e Inteligencia Competitiva (IC) lo que, a su juicio, engendra dudas en su aplicación.

Con objeto de aportar alguna claridad en medio de esta confusión trataré hoy de aproximar algo ambos términos, siendo consciente de que no puedo buscar un imposible: “disponer de una definición concreta de IE que abarque las diferentes disciplinas que utilizando metodologías similares tratan de alcanzar los mismos fines”

Partiendo de la identificación del problema, así como de las causas que lo provocan, asentadas muchas veces en un corporativismo arraigado en organizaciones y sectores profesionales que se han pronunciado por uno u otro concepto, no trataré de llegar a un ideal, utópico, sino simplemente a encontrar nexos comunes que, en lugar de separar, procuren enlazar ambas disciplinas las cuales, aunque no lo parezca, se encuentran muy próximas entre sí.

Para ello analizando los conceptos que estimo son más cercanos, que paradojicamente son los que parecen causar mayor confusión, me centraré en lo que ambos términos tienen en común, dejando a un lado lo que los separa. De esta forma, se podría llegar a proponer un enfoque común e integrador, el cual, reconociendo las pequeñas diferencias, permitiría una utilización más pragmática y eficaz de los métodos y herramientas de ambas disciplinas.

Intentando esclarecer por qué se establecen diferencias entre la Inteligencia Económica y la Competitiva, así como, a su vez, en múltiple ocasiones se utilizan indistintamente, he tomado como ejemplos los casos de Francia y España, motivo de las preguntas planteadas respecto a la bitácora anterior.

En el caso francés se trata la Inteligencia Económica como un factor clave en defensa de los intereses nacionales, a la vez que para la promoción de la competitividad e innovación del sector privado. Es decir ambos conceptos se unen en uno solo, diferenciándose solamente, y de forma muy diluida, a la hora de implementarla en los diferentes sectores económicos.

Por su parte, en España, parece haberse establecido una clara diferencia entre la IE y la IC caracterizada por su ámbito o campo de aplicación, donde la primera (IE) se considera como privativa o competencia del Estado mientras que la segunda (IC) encuentra su razón de ser en el sector privado, principalmente en el mundo empresarial.

En este sentido pueden encontrarse múltiples referencia tanto en lo público (Centro Nacional de Inteligencia, Estrategia Española de Seguridad, etc.) como en lo privado, por lo cual la diferenciación se ha ido consolidando y afirmando como un hecho casi normal y rutinario, lo que dificulta enormemente el objetivo de tratar de de aproximar y unificar ambos conceptos.

Sin embargo existen determinados indicios o señales que inducen a hacerlo. Si bien la IE ha sido práctica habitual de los servicios de Inteligencia, en su nueva concepción puede considerarse como una disciplina emergente que comprende un proceso continuo y permanente de planificación y obtención de información y su análisis para transformarla en conocimiento e inteligencia en apoyo a la toma de decisiones estratégicas, en cualquier ámbito de actuación, para ayudar a la competitividad de las organizaciones, a la protección de los intereses económicos, tecnológicos, comerciales, etc., y a la seguridad de los Estados.

Al aplicar esta nueva concepción en la actual sociedad globalizada aparece un hecho sorprendente; en este dominio, el interés particular ya no es asunto exclusivo del ámbito privado y el interés general no es exclusivamente un asunto público.

Ante algo tan insólito, por sorprendente, las preguntas surgen casi espontáneamente: ¿Quién o quienes deberían responsabilizarse de la gestión del conocimiento obtenido sobre las amenazas y oportunidades industriales, económicas y financieras que aparecen en los escenarios globales? ¿Cuál es el papel de las instituciones y organizaciones privadas en la implantación y utilización de las nuevas concepciones de la Inteligencia?¿En un caso corresponde a los Estados y en el otro a las empresas?

La respuesta la encontramos en los propios conceptos de la IE y la IC. Con independencia de su ámbito de aplicación, la irrupción de las modernas disciplinas de Inteligencia Económica y Competitiva ha dado lugar a una transformación de la práctica de la planificación estratégica, obligada a cambiar de paradigma, pasando de los mecanismos clásicos de gestión de información, rígidos y encorsetados, al empleo de modernas herramientas de generación de inteligencia, más ágiles y flexibles, que evitan asumir ciertos riesgos, desgraciadamente muy habituales, como la improvisación y la ausencia de previsión.

Considerando que hoy en día el concepto de seguridad nacional, se ha ampliado a aspectos financieros, económicos, culturales, etc., e implica también la defensa de los intereses económicos, comerciales y tecnológicos en los sectores de mayor importancia estratégica, se deduce el reconocimiento de que la Inteligencia Económica es un ingrediente esencial de la seguridad y competitividad nacional, por tanto de ámbito estatal.

Pero si esta disciplina ayuda a reducir la incertidumbre y permite la detección precoz de amenazas y oportunidades, proporcionando capacidad de reacción y margen de maniobra, reforzando de esta forma no solamente la competitividad, sino también la proyección de futuro, también debe ser un elemento esencial para organizaciones y empresas privadas, como lo demuestra el hecho de que estas últimas hayan ido adoptando y acomodando conceptos tradicionales de los servicios de inteligencia.

Utilizando un razonamiento similar respecto a la Inteligencia Competitiva deducimos que esta no debe permanecer confinada en el ámbito de las grandes empresas y organizaciones privadas, ni la Inteligencia Económica continuar limitada a las prácticas de los servicios de inteligencia estatales; sus actividades, las de ambas, por su proximidad y similitud, son necesarias para la planificación de futuro tanto en el sector público como en el privado y en grandes compañías o pymes, en cualquier sector de actividad.

Apoyándome en lo anteriormente expuesto, sabiendo que cuento con el apoyo de profesionales y expertos que quieren avanzar en este sentido, finalizo esta bitácora ofreciendo una propuesta integradora: adoptemos un enfoque común donde Inteligencia Económica y Competitiva, sin importar la semántica, se reconozcan como herramientas de obtención y generación de conocimiento en apoyo a la toma de decisiones, con aplicación en el ámbito público así como en entornos empresariales y privados, aplicando su métodos y utilizando sus herramientas de forma pragmática, olvidando las diferencias y resaltando las similitudes, que afortunadamente son muchas más que aquellas.

El éxito de su implantación dependerá de la colaboración de todos los actores implicados, y a cualquier nivel, desde el Estado, e instituciones autonómicas, territoriales o regionales, hasta las entidades locales, organizaciones y asociaciones, grandes empresas y pymes, fomentando y aplicando una cultura de Inteligencia Económica y Competitiva, sin distinciones ni matices, en beneficio de todos.

No podría encontrar un mejor apoyo a mi propuesta que en las palabras que el Director del Centro Nacional de Inteligencia español, General Sanz Roldán, dirigió en abril de 2011 a los asistentes a un coloquio con representantes del mundo empresarial, cuando, anticipando la futura relación asociativa en el dominio de la Inteligencia Económica entre el mundo de la empresa y el CNI, afirmó. “Algún día seremos capaces entre todos de tener un sistema de inteligencia económica que beneficie al Estado, que beneficie a las empresas y que nos haga a nosotros sentirnos mejor porque a través de él seremos más eficaces”

El pasado 15 de septiembre de 2011 el Primer Ministro francés, François Fillon, emitió una circular dirigida al Ministro de Estado, los Ministros de su Gabinete y los Secretarios de Estado, sobre el siguiente asunto: “Acción del Estado en materia de Inteligencia Económica”

En dicho documento afirma que la política de Inteligencia Económica de Francia constituye uno de los componentes de la política económica, contribuye al crecimiento, a la vez que preserva la competitividad y la seguridad de las empresas francesas y de los organismos de investigación.

Según expresa el Primer Ministro los objetivos de la mencionada acción del Estado se articulan alrededor de tres ejes; asegurar la vigilancia estratégica, facilitando la toma de decisión de los actores públicos, apoyar a la competitividad de las empresas y a la capacidad de transferencia de tecnología de los establecimientos de investigación, dando prioridad al beneficio de las empresas francesas y europeas, y garantizar la seguridad económica de empresas y organismos de investigación.

Continúa la circular identificando a los diferentes responsables de la política de Inteligencia Económica, la cual se origina en la propuesta del Delegado interministerial de IE, quien coordina su puesta en marcha, por medio de una red de corresponsales del Estado central y los servicios descentralizados, y mantiene la relación con empresas y representantes, todo ello de acuerdo con las orientaciones establecidas por el Comité Director de Inteligencia Económica.

Posteriormente, el Primer Ministro hace referencia en su comunicación a los diferentes Ministerios que cuentan con un papel privilegiado en dicha política, citando concretamente a los de Asuntos Exteriores, Defensa, de Medioambiente, Justicia, Interior, Economía, Enseñanza Superior e Investigación y de Agricultura,

Asimismo menciona a los Prefectos regionales, los cuales pilotan la acción en materia de Inteligencia Económica de los diferentes servicios situados bajo su autoridad, reuniendo bajo su presidencia a los servicios del Estado y aquellos actores públicos locales interesados por la Inteligencia Económica (Banco de Francia, OSEO, Cámaras consulares, Colectividades territoriales…)

Finaliza el documento con una referencia al aparato diplomático, principalmente a sus componentes económica y científica, los cuales deben contribuir a dicha acción. El apoyo a los grandes contratos es una prioridad especial de los puestos diplomáticos que vigilan la detección precoz de proyectos, así como del contexto político, de los circuitos de decisión, de la competencia y del acompañamiento de la oferta francesa en el exterior.

Inteligencia Económica; disciplina emergente …

Este documento, de gran interés, como muestra su autoría, denota un hecho cada día más relevante: la creciente importancia de la moderna disciplina de la Inteligencia Económica, sucesora de antiguos conceptos, como factor clave para los Estados y las diferentes organizaciones y entidades, públicas y privadas.
Los análisis de información económica han sido práctica habitual de los Servicios de Inteligencia, pero esta nueva concepción de la Inteligencia es una disciplina emergente que comprende un proceso continuo y permanente de planificación y obtención de información y su análisis para transformarla en conocimiento e inteligencia en apoyo a la toma de decisiones estratégicas, en cualquier ámbito de actuación, para ayudar a la competitividad de las organizaciones, a la protección de los intereses económicos, tecnológicos, comerciales, etc., y a la seguridad de los Estados, como claramente puede deducirse de lo manifestado por el propio Primer Ministro en su documento.

Otras razones que justifican su emergencia y difusión pueden sintetizarse en algunas características que diferencian a la Inteligencia Económica con respecto a la inteligencia clásica, como la utilización de nuevas herramientas y tecnologías para la administración de grandes volúmenes de información, o la obtención de información a partir de fuertes abiertas, es decir aquellas disponibles públicamente o que, sin estar clasificadas, su acceso o distribución pública está limitado (imágenes de satélite, Internet, Web 2.0, etc.), un Ciclo de inteligencia orientado a la planificación estratégica y, especialmente, su carácter de proceso ético legal, que la diferencia del espionaje, lo que no excluye la protección de la información para preservar en lo posible este activo intangible constituido por el conocimiento, saber hacer y capital intelectual de las organizaciones.

…. y elemento clave en el sector público y en el privado

Es habitual utilizar como sinónimos de Inteligencia Económica otros términos como Vigilancia, Inteligencia Competitiva, Inteligencia de Negocio, etc., debido principalmente al hecho de que todos ellos coinciden en su objetivo de obtener y analizar información estratégica para transformarla en Inteligencia en apoyo a la toma de decisiones.

Tal carácter estratégico conduce a la consideración de que la Inteligencia Económica es de interés para el Estado, quien debe poner en práctica las medidas necesarias como garante de la defensa de los intereses nacionales, pero no debe permanecer confinada solamente en este entorno o en el ámbito de las grandes empresas y organizaciones privadas; sus actividades son necesarias para la planificación de futuro, tanto en el sector público como en el privado, y en grandes compañías o pymes.

En definitiva, apoyándome en estas reflexiones, contando asimismo con la inestimable ayuda que encuentro en la circular de Mr. Fillon, objeto del comentario de esta bitácora, me reafirmo una vez más, con mayor fuerza si cabe, en una aserción que vengo defendiendo desde hace largo tiempo:

“ha llegado el momento (incluso con algún retraso) de que en España, superando reticencias y corporativismos inútiles, la Inteligencia Económica se consolide definitivamente como un elemento de la mayor importancia para afianzar nuestra presencia en el escenario global, transformando los riesgos en oportunidades, apoyando nuestras políticas de innovación, investigación y desarrollo tecnológico, mejorando la competitividad de nuestras empresas y salvaguardando los intereses nacionales en beneficio de nuestra sociedad y de las de las organizaciones de las que formamos parte”

Una copia de la circular del primer Ministro puede descargarse en el siguiente enlace

“El árbitro considera la equidad, el juez la ley" [Aristóteles]


Debido a mis numerosas ocupaciones ha pasado mucho tiempo (muy a mi pesar) desde que publiqué mi último artículo en esta bitácora, con la previsión de que continuaría siendo así en el futuro más próximo. Pero una noticia de actualidad estos días en España, que ha levantado en pie de guerra a numerosos internautas, me obliga a no permanecer callado y, sustrayendo algún tiempo al descanso, utilizar el blog para expresar mi opinión al respecto.

Para aquellos lectores que no conozcan los antecedentes del tema haré un breve resumen del mismo. Entre las diferentes medidas adoptadas por el Gobierno español para hacer frente a la crisis que nos afecta de forma global, el propio Presidente presentó en el Congreso de Diputados un proyecto de ley titulada “de Economía Sostenible” donde se establecen una serie de reformas normativas para, según sus propias palabras, impulsar el crecimiento económico equilibrado y sostenible.

Entre las Disposiciones finales de dicha ley, la primera de ellas trata de la modificación de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) y del Real Decreto por el que se aprobó la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), todo ello con objeto de proteger la propiedad intelectual frente a la piratería en Internet. En este sentido se modifica el artículo 158 de la LPI que pasa a tener la siguiente redacción:

“Se crea en el Ministerio de Cultura, la Comisión de Propiedad Intelectual, como órgano colegiado de ámbito nacional, para el ejercicio las funciones de mediación y arbitraje y de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual……”

Este artículo, y los siguientes que lo desarrollan, han provocado una gran reacción, cuya imagen más representativa es el “Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet" redactado por un grupo de profesionales, periodistas, responsables de páginas web, creadores de Internet, etc., rechazando el proyecto de ley, fundamentalmente la creación de tal Comisión dependiente del Ministerio de Cultura que, aparentemente, tendrá la potestad de bloquear páginas Web de enlaces, sin que sea preciso la intervención judicial.

No soy jurista, y en consecuencia no quiero valorar técnicamente si la mencionada Ley de Economía Sostenible vulnera o no derechos fundamentales; otras personas más doctas y sabias podrán hacerlo. Pero como ciudadano, a la vez que usuario y defensor a ultranza de Internet (una de las herramientas fundamentales de la Sociedad de la Información) me gustaría encontrar respuestas a las múltiples preguntas que me surgen de la lectura de dicha Ley.

La primera de ellas es cómo explicar que la decisión sobre la legalidad o ilegalidad de una página Web la tome un organismo administrativo. ¿Y la tutela judicial? Posiblemente no sea este el espíritu de la Ley, pero suscita dudas al respecto.

Para apoyar más la incertidumbre es preciso recordar que existe ya jurisprudencia sobre el tema; no es difícil encontrar, también en Internet, sentencias firmes dictaminando que el intercambio de archivos audiovisuales protegidos no es delito si no hay ánimo de lucro, e incluso que las páginas de enlaces P2P no pueden considerarse penalmente punibles por no albergar las obras, ni reproducirlas, ni copiarlas.

De mayor calado es la siguiente pregunta: ¿están los derechos de autor o la propiedad intelectual por encima de los derechos fundamentales? Hasta la fecha se encontraba respuesta en la antigua redacción de la LSSI, donde se expresa claramente que en aquellos casos que la Constitución y las leyes que regulan los respectivos derechos y libertades lo prevean de forma excluyente solamente podrá cerrar una página Web o interrumpir un servicio la autoridad judicial competente.

¿Creen los lectores que con la mencionada la disposición transitoria este tema está tan claro? ¿Dónde queda la presunción de inocencia?

Otro asunto que me preocupa al leer el articulado de la Ley es el referente al secreto de las comunicaciones y el derecho a la intimidad. ¿Se va a obligar a los proveedores de servicios de banda ancha a que vulneren el secreto de las comunicaciones, facilitando los datos de que dispongan en respuesta a peticiones de dicha Comisión, quien a su vez podría hacerlo simplemente por una denuncia? ¿Y todo ello sin intervención judicial?

Otras cuestiones quedan abiertas, pero no quiero alargar mucho el artículo; en cualquier caso si me gustaría exponer una curiosidad que me asalta desde que comencé a analizar el tema: si se aplicara un procedimiento similar al de Internet al resto de formatos de publicaciones diversas, ¿podría la Comisión de Propiedad Intelectual cerrar una publicación escrita que reproduzca un párrafo o imagen sometida a derechos de autor?

Si esto fuera cierto sería difícil argumentar que no se trata de un acto de censura, sino solamente de protección de los artistas. Peor sería el caso contrario, es decir, que no se actuara por dicha Comisión. ¿Porqué da la impresión de que lo que se trata de impedir son las bajadas de música P2P y similares? ¿son diferentes los músicos, compositores, etc., de los escritores, pintores, ..?.

¿Y qué opinan los expertos? Para no entrar en cuestiones legales utilizaré como modelo de respuesta la facilitada por ASIMELEC, la principal patronal española del sector TIC, que en una nota de prensa afirma: “…el conflicto que plantea la protección de la propiedad intelectual en la red no es únicamente un problema legal, sino que debe de tener en cuenta los usos y las tendencias de acceso a los contenidos de los usuarios de la red. En este sentido, ASIMELEC cree que cualquier intento de solucionar la situación limitándose a medidas restrictivas no solucionará la situación, sino que por el contrario enfrentará de manera aún más radical a los usuarios con la industria y con la administración pública”

Como autor que soy, aunque modesto, mi posición es favorable a proteger los derechos de estos, así como la propiedad intelectual. Hay que amparar al arte y a sus creadores, pero para hacerlo no es preciso utilizar medidas drásticas. Es mejor buscar el equilibrio ayudando y protegiendo a los artistas a la vez que se favorece la difusión del conocimiento y el ejercicio de la libertad. Como dice ASIMELEC “la solución pasa por el diálogo y la colaboración de todas las partes implicadas".

No quiero terminar este artículo sin hacer referencia a un aspecto del uso de las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) que hace tiempo me preocupa enormemente, estrechamente relacionado con el tema de este artículo: el Gobierno de Internet.

En los últimos años se ha hablado, escrito y debatido ampliamente sobre el denominado e-gobierno o e-gobernanza, considerado como la oferta de nuevas formas de relación política entre los gobiernos y los ciudadanos, así como de estos entre sí. Pero en muchos casos este gobierno electrónico se limita a proporcionar servicios on line, circunscribiéndolo a uno solo de sus componentes, la e-administración, olvidando al otro, que es más importante desde una perspectiva ciudadana, al que podemos llamar la e-democracia.

La reacción que ha suscitado este proyecto de ley, con más de un millón de páginas que han incorporado el Manifiesto en defensa de los derechos en Internet, también con una amplia difusión a través de muchas redes sociales, es un ejemplo de cómo se utilizan las TIC, en concreto Internet, para hacer a los ciudadanos más participes de los procesos de gobierno, haciendo oír su voz para que se tenga en cuenta en la toma de decisiones. Así se avanza en la Sociedad de la Información.