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CONO SUR

Bitácora

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Tras una primavera democrática de mediana extensión, el tema del desencanto con los políticos latinoamericanos está mutando, peligrosamente, en el de la crisis del sistema democrático de gobierno. De ahí al tema de la crisis del Estado hay poco trecho. Es lo que he venido anotando en esta bitácora, a propósito de las recientes elecciones en el Perú, la derrota del kirchnerismo en Argentina, el impeachment contra Dilma Rousseff en Brasil, la dictadura fáctica de Nicolás Maduro en Venezuela y lo que está sucediendo con el sistema de partidos en Chile. ¿Guerra avisada no mata gente?


Publicado en El Mostrador 22.6.2016
 
Decía don Bernardo O’Higgins que mientras mejor le fuera al Perú mejor nos iría a los chilenos. Por eso me alegra que Pedro Pablo Kuczynski (PPK) sea hoy su nuevo presidente. Como no es un iluminado, sino un político realista, él prefiere autodefinirse como “tecnócrata”. Sabe que en los días que corren ser politico profesional no califica para diploma.
El tema duro es que tendrá que lidiar contra poderes políticos y fácticos informales, pero numéricamente superiores, con base en un grupete que él mismo inventó y bautizó con su sigla: PPK o Peruanos Por el Kambio. Esto significa que, para conseguir una gobernabilidad eficiente, tendrá que mezclar sus habilidades tecnocráticas con las destrezas del gran negociador y los trucos de Mandrake.

Y es aquí donde los chilenos debemos estar atentos y estudiar su ejecutoria, porque el tema de fondo es el angustioso salvataje periódico de la democracia. Un asunto que va más allá del Perú e incluso de la región. Parafraseando a la dupla Marx-Engels, es un fantasma nuevo que está recorriendo el mundo: la crisis yuxtapuesta de los partidos políticos y del Estado Democrático.

PARTIDOS IRRELEVANTES
Todo indica que la irrelevancia de los partidos políticos peruanos comenzó a fines de los años 80 del siglo pasado. No se percibió con claridad porque se disfrazó de opción por el mal menor. El bien a proteger era la democracia del futuro, amenazada más por las izquierdas apristas y marxistas que por la dictadura militar en ejercicio. Cosas de la guerra fría.

Mucho tuvo que ver el carácter informal de un vasto sector de la economía peruana –tema prolijamente analizado por el economista Hernando de Soto- y el carácter socialista de esa insólita dictadura. Entre ambos fenómenos, los políticos conservadores quedaron sin blindaje. Privados del reseguro castrense, se dieron por misión apoyarse en los partidos de centro o reformistas. Objetivo: unirse con todos quienes temían que los revolucionarios castrenses fueran reemplazados por una masa de revolucionarios civiles. Sobre esa base, Fernando Belaunde, señorial líder de Acción Popular, derrotó a Armando Villanueva, aprista histórico y “con fuerza”, según propia confesión.

La opción por el mal menor se complicó en la elección siguiente, pues el Perú se confirmó como país sociológicamente de izquierdas. Los dos finalistas -el aprista treintañero Alan García y el socialista Alfonso “Frejolito” Barrantes, alcalde de Lima- venían de ese sector. En tal coyuntura, el malmenorismo favoreció el marxismo “light” de García, contra el marxismo supuestamente staliniano de Barrantes quien, por lo demás, declinó competir en la segunda vuelta.

Ese cuadro dio un pequeño fruto democrático pues, tras un gobierno desastroso –con terrorismo e hiperinflación-, García se allanó a la alternancia. Entendió que presidente que sobrevive sirve para otra candidatura. Por lo demás, sospechaba que los militares querían golpearlo. El hecho fue importante en lo sistémico, pues dio al Apra la legitimidad democrática que le negaban “los antiapristas de padre y madre”, como decían en el Perú. Contribuyó a ello el viento global de la historia. La guerra fría había terminado, la Unión Soviética comenzaba a desaparecer y el establishment quedaba vacunado contra los revolucionarios
sistémicos.

EL PELIGRO DE LOS OUTSIDERS
En ese contexto, la alternativa de las izquierdas duras fue marginarse de la política formal      –“irse para la casa” decimos en Chile- o incorporarse a los terrorismos en auge, con Sendero Luminoso a la cabeza.  Con ello, los electores se sintieron más libres que nunca para apoyar a candidatos sin carnet de partido. Así emergieron al gran escenario político los outsiders o forasteros. Fue el inicio del auge de “los rostros”, al tiempo que la opción por el mal menor se consolidaba como engranaje del sistema.

En 1990, dos outsiders pasaron a la finalísima: Uno, el escritor Mario Vargas Llosa, que ofrecía una economía de Chicago sin fronteras, lo cual terminó asustando a muchos. El otro, Alberto “el chino” Fujimori, profesor de matemáticas, seguramente nacido en Japón, de quien se ignoraba casi todo y, por tanto, no asustaba casi a nadie. En la coyuntura, Alan García cometería el error más grave de su biografía: apoyarlo con todo su peso (que no era poco), por calcular que, agradecidísimo, le cuidaría el sillón presidencial durante un período.

Tras la victoria de “el chino”, Vargas Llosa se dedicó a ganar el Premio Nobel, el Apra comenzó a languidecer y García debió exiliarse. Fujimori, que admiraba secretamente la mano dura y la gestión económica de Pinochet, fue derivando hacia una dictadura mafiosa, amparado en el éxito de su gestión antiterrorista y en el control de la inflación.

Un asistencialismo demagógico le dio base social popular, un clientelismo descarado le permitió aliarse con un segmento empresarial y un manejo corrupto de los recursos del poder le permitió depredar el país. Su alter ego Vladimiro Montesinos –procesado militarmente por traición a la patria en el gobierno del general Francisco Morales Bermúdez- terminaría convertido en un mellizo del narco colombiano Pablo Escobar, con sicarios en planilla, narcotraficantes propios, tesoros enterrados y oficiales castrenses y de la policía gratificados con dineros negros.

NI SPIDERMAN
Como mal menor, Fujimori fue un fiasco con tragedia y fuga. Desgraciadamente, ello no sirvió para estructurar un sistema político con partidos escarmentados, sino para ajustar las válvulas del malmenorismo.

Tras una corta transición con el jurista Valentín Paniagua, los peruanos hicieron presidente a Alejandro Toledo, economista “cholo” con posgrado en los Estados Unidos, para bloquear el retorno de García. Luego, optaron por el mismo García (pero ahora virado hacia el liberalismo), para bloquear la irresistible ascensión del subversivo militar Ollanta Humala. Este, apoyado por Hugo Chávez, había prometido a su papá un nacionalismo “cobrizo” y una revancha contra Chile. A continuación, para derrotar a Keiko la hija de Fujimori, eligieron al propio Humala, pero sólo después de que exhibiera un certificado de buena conducta democrática, expedido por Mario Vargas Llosa y Javier Pérez de Cuéllar.

Así fue como el Perú llegó a estas elecciones de 2016 con agrupaciones políticas hechizas o emergentes y partidos en proceso de extinción. Aplicado el filtro de la primera vuelta, pasaron al ballotage PPK y Keiko “la china” Fujimori, generando un malmenorismo inverso al de 1985. Si entonces compitieron dos “izquierdistas”, ahora competían dos “derechistas”. Una Keiko representante del capitalismo “cholo”, con relaciones sospechosas y un PPK representante del capitalismo “cuico”, socialmente bien relacionado.

Dada la amplia ventaja porcentual de Keiko en primera vuelta (39,8 vs. 20,9 de PPK) sus creativos potenciaron la consigna de que una hija no es responsable por las fechorías de su padre, soslayando que esta hija concreta tenía en su equipo a demasiados cómplices y discípulos del dictador. Los encuestadores, por su lado, negaban las posibilidades de PPK, sobre una base aritmética simple: ni Spiderman podría saltar desde un casi 21% al 50 % más uno. Todos olvidaron que el Perú era un país electoralmente impredecible.

UN CASO TEST
Cuando faltaban días para la elección, tres imprevistos cayeron, encadenados, sobre la cabeza de Keiko. El primero, la autoproclamación de su hermano Kenji como “sucesor”. Luego, la denuncia por blanqueo de activos, avalada por la DEA, contra Joaquín Ramírez secretario general y gran financista de su organización. A ello siguió una verificada manipulación mediática del hecho, por cuenta de José Khlimper, único candidato a vicepresidente en la fórmula presidencial. El otro candidato ya había sido aventado, por distribuir regalos en un mitin proselitista, violando la ley electoral.

Esos reminiscentes escándalos estremecieron a los demócratas con buena memoria. Fue una fortísima reacción, con marchas y nuevas piezas de convicción, advirtiendo que la amenaza a la democracia era inminente. Gustavo Gorriti, periodista de investigación y uno de los líderes de opinión más gravitantes del Perú, produjo un explícito manifiesto en la revista Caretas. Recordó que la opción tradicional por el mal menor tenía una funcionalidad triste pero noble: “siempre votamos por quien no hubiéramos deseado hacerlo, para salvar la erosionada democracia del enemigo del momento”. Agregó que, de ganar Keiko, “el mal menor nos terminará llevando al fin del círculo, de regreso al fujimorato, por más que éste se presente como nuevo y diferente.”

Por efecto de acumulación, se activaron las subestimadas izquierdas. Quienes juraban que en la segunda vuelta no pinchaban ni cortaban se encontraron, de sopetón, con que Verónika Mendoza, líder del Frente Amplio –tercer lugar con 18% en la primera vuelta-, endosaba la candidatura de PPK. Su opción, que sonaba cercana al conocido artefacto de Nicanor Parra, equivalía a la tesis de la convergencia. Toda una herejía en la edad de oro del marxismo-leninismo.

A esa altura sospeché que lo increíble estaba por suceder y consulté a mi sabio y viejo amigo peruano Fernando Yovera, analista político y experto electoral. Este fue su brillante y textual pronóstico del 2 de junio: “Creo que PPK va a ganar. La victoria será sumamente ajustada y van a pelear voto a voto.”

DEL DESBORDE AL ACABOSE
Tal vez ya sospechen los lectores que lo sucedido en el Perú es un tema que nos concierne a los latinoamericanos todos (y todas, para ser genéricamente correctos). Me hace recordar que, durante un tiempo, muchos peruanos se miraban en el espejo de la Concertación. Les parecía una estructura y una estrategia excelentes para el buen funcionamiento de un sistema democrático formal y avanzado. En los apristas era una mirada con tradición. Su fundador, Víctor Raúl Haya de las Torre, había escrito y predicado sobre nuestra ejemplar institucionalidad política, sin excluir el comportamiento de los partidos de derechas.

Hoy todo eso terminó, pues los peruanos se resignaron a vivir sin partidos, mientras crecía su economía y apostaban su democracia en cada elección.  En el intertanto llegaron los gobernantes bolivarianos y kirchneristas, con aspiraciones de eternidad y enriquecimiento refundacional. En Chile, la Concertación dejó de existir, la sustituta Nueva Mayoría se está acabando, militantes conspicuos de izquierdas y derechas abandonan la militancia, surgen nuevos referentes en todo el espectro y los parlamentarios no se sonrojan por estar entre los más caros del mundo.

En ese marco político, ya no nos describimos como un país libre de corrupción; ésta mutó en un monstruo grande que pisa fuerte. Paralelamente, los profesores temen a los alumnos, la ciudadanía no se siente segura en las calles ni en sus domicilios, terroristas merodean en la Araucanía y posan para la televisión. Un clima funcional para que vándalos paraestudiantiles destrocen sus establecimientos y asuelen la capital, no respetando ni a Cristo.

Junto con ese síndrome, de por sí alarmante, no hay instrucciones claras y funcionales para la policía uniformada y se olvidaron las lecciones históricas sobre la relación civil-militar. En vez de una política ilustrada y mutuamente inclusiva respecto a las Fuerzas Armadas, se está volviendo (de hecho) a la fracasada política de los “compartimentos estancos”. Yendo más lejos, un ente gubernamental hoy acusa al general Juan Emilio Cheyre, líder emblemático de una relación civil-militar moderna, por violación de derechos humanos supuestamente cometidos hace 42 años, cuando era un joven teniente.

Todo esto nos puede llevar desde el “subdesarrollo exitoso”, que describí en un libro de 2002, a lo que el sociólogo peruano José Matos Mar calificara, en 1984, como “desborde popular y crisis del Estado”. Una situación en la cual se puede llegar hasta a las ejecuciones sumarias, pues “se trata de sobrevivir y alcanzar seguridad por vías de la propia iniciativa, individual o colectiva, sin tomar en cuenta los límites impuestos por las leyes y normas oficiales”.

En resumidas cuentas, la prolongada experiencia peruana de una democracia sin partidos debe ser estudiada con atención, pues ya dejó de ser una rareza. Sus señales se perciben en demasiados países y ensamblan con el rol minimalista que asignaba Karl Popper a la democracia, en cuanto método incruento para cambiar a los gobernantes.
Quizás eso sirva para alertarnos sobre una riesgosa opción final: o nuestros dirigentes políticos facilitan una reconversión del sistema de partidos, que no se limite a la aritmética de la representatividad, o los chilenos nos cansamos de seguir legitimándolos electoralmente.

En el segundo caso, una de las alternativas derivadas sería una dictadura concebida como mal menor. En rigor, el efecto de un desborde social que arrasa con las instituciones y la cultura del Estado democrático.

Mi nota optimista es que estamos a tiempo para evitarlo.

José Rodríguez Elizondo
Miércoles, 22 de Junio 2016



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Bitácora

3votos

PPK Y LA DEMOCRACIA SIN PARTIDOS José Rodríguez Elizondo

La invasión de los outsiders en la política peruana ha dado origen a un sistema sui generis, donde los presidentes son elegidos como "mal menor". Esto ha significado, a la vez, una decadencia del sistema de partidos políticos estructurados. Tal vez estemos ante una nueva manera de administrar la democracia, tan insegura como la tradicional,



Publicado en El Mercurio, 15.6.2016
 
Político inteligente y realista, Pedro Pablo Kuczynski (PPK) prefiere definirse como “tecnócrata”. Sabe que los bonos de los políticos profesionales están por los suelos.

También se asume como “el mejor mal menor” del Perú, lo cual contiene un escarmiento. Alberto Fujimori, mal menor de 1990, fue un fiasco con tragedia. Tras su fuga los partidos políticos ya no pudieron recuperarse y se resignaron a la suerte del malmenorismo Así llegó a la Presidencia Alejandro Toledo, para bloquear el retorno del temerario Alan García. Luego llegó el mismo García -pero virado al liberalismo tranquilo-, para bloquear la ascensión de Ollanta Humala. Este, apoyado por Hugo Chávez, había prometido a su padre un nacionalismo racista y una revancha contra Chile. A continuación, para derrotar a Keiko, la heredera de Fujimori, el propio Humala se ciñó la banda, tras mostrar un certificado de buena conducta expedido por Mario Vargas Llosa y Javier Pérez de Cuéllar.

Desde esa experiencia, los peruanos enfrentaron las recientes elecciones con agrupaciones políticas personalizadas, partidos en extinción y un “frente” de izquierdistas testimoniales. Tras el filtro de la primera vuelta, pasaron al ballotage PPK y Keiko. Ella, como representante de un capitalismo “cholo” y clasemediero, con relaciones sospechosas. Él, como representante de un capitalismo “cuico”, tecnológicamente aspiracional y muy bien relacionado.

Dada la amplia ventaja de Keiko en primera vuelta (39,8 vs. 20,9 de PPK) sus creativos se apresuraron a adjudicarle la corona del mal menor. Una hija no es responsable por las fechorías de su padre, dijeron, soslayando que esta hija concreta cohonestó demasiados entuertos y tenía en su equipo a demasiados cómplices del dictador. Los encuestadores, por su lado, negaron las posibilidades de PPK: ni Spiderman podría saltar desde menos de un 21% al 50 % más un voto.

Todos olvidaron que el Perú es un país electoralmente imprevisible. Esto se confirmó a días de la elección, cuando los imprevistos cayeron sobre la cabeza de Keiko. El primero, su hermano Kenji proclamándose “sucesor”. Luego, una denuncia por lavado de activos, avalada por la DEA, contra el secretario general de su organización. En paralelo, una falsificación mediática del hecho, por cuenta del único candidato a vicepresidente sobreviviente de su lista. Si el Tribunal Electoral se hubiera atrevido a recusarlo –como hizo con el otro vicepresidente candidato- ella habría quedado sin fórmula presidencial.

Fueron señales que activaron las memorias. Con marchas multitudinarias y nuevas piezas de convicción, los antifujimoristas salieron a alertar sobre la amenaza inminente. El periodista Gustavo Gorriti, gravitante líder de opinión, produjo un vibrante alegato. “Siempre votamos por quien no hubiéramos deseado hacerlo, para salvar la erosionada democracia del enemigo del momento”, escribió. Pero, agregó, de ganar Keiko “el mal menor nos terminará llevando al fin del círculo, de regreso al fujimorato, por más que éste se presente como nuevo y diferente.”

El puntillazo vino desde las subestimadas izquierdas. Quienes juraban que en la coyuntura no pinchaban ni cortaban se encontraron, de sopetón, con que Verónika Mendoza, líder del Frente Amplio –18% de la votación-, apoyaba la candidatura de PPK, asumiendo, pragmática, que el mal mayor era Keiko. En ese momento consulté a Fernando Yovera, sabio ex colega de Caretas. Su pronóstico, emitido el 2 de junio fue exacto: “Creo que PPK va a ganar. La victoria será sumamente ajustada y van a pelear voto a voto.”

Así fue como el mal menor siguió dirimiendo elecciones en el Perú y sosteniendo una democracia sin partidos. Pero, ojo, esto ya no debe parecernos una rareza. En nuestro país (tan serio), está reptando un síndrome que conduce a lo mismo. En efecto, la funcional Concertación dejó de existir, la Nueva Mayoría se está acabando, militantes conspicuos -de izquierdas y derechas- abandonan la militancia, la corrupción política ahora pisa fuerte, los parlamentarios siguen cobrando un ojo de la cara, surgen nuevos referentes políticos en el espectro, terroristas inexistentes atacan en el sur, estudiantes declaran que no dejarán que el gobierno gobierne, los ciudadanos son asaltados a domicilio, los vándalos impunes ya no respetan ni a Cristo. Son síntomas de lo que en el Perú bautizaron, hace décadas, como “el desborde del Estado”.

A mayor abundamiento, la crisis de los partidos no se limita a nuestra región. Hasta en los Estados Unidos hay temblores en el sistema. Puede decirse que los duros hechos están sobrepasando la teoría ortodoxa, según la cual era impensable una democracia sin partidos. Punto a favor de Karl Popper, quien la identificaba con un mal menor: facilitar el cambio incruento de los gobernantes.

En resumidas cuentas, habrá que seguir con atención la andadura de PPK. Su gobierno bien podría ser el test case de una gran alternativa regional: O los electores nos limitamos cada cierto tiempo a salvar la democracia por “tincada” o los políticos, en vez de llevar a sus partidos hacia la nada, recuperan las claves de la ética que exige una democracia de verdad.

José Rodríguez Elizondo
Miércoles, 15 de Junio 2016



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Bitácora

3votos

Algunos analistas chilenos describen hoy a Chile como un país políticamente desmoralizado. Los pesimistas dicen que las instituciones ya no funcionan. Los optimistas dicen que funcionan, pero mal. Los misóginos culpan a las mujeres gobernantes, invocando los casos de Cristina Kirchner y Dilma Rousseff. Pocos asumen la necesidad de una autocrítica política inteligente y sanadora, dado que los síntomas del mal fueron captados y anunciados por lo menos desde el año 2.000. Esto demuestra, una vez más, que poco importa lo certero que sean los diagnósticos de los intelectuales si no hay líderes políticos que los sepan aprovechar.


Publicado en El Mostrador, 17.5.2016

La actual crisis en cascada de la representación política, de los partidos políticos y de los políticos chilenos, tan visible en este año 2016, es un síndrome largamente anunciado, concienzudamente analizado y prolijamente soslayado… por los políticos.

Es la mezcla de cortoplacismo y negacionismo de la realidad que otrora   nos convirtiera en “un caso de desarrollo frustrado” y que en las últimas décadas nos ha convertido en “un caso de subdesarrollo exitoso”. Un avance mediocre, si es que puede medirse como tal. Pero, en todo caso una mezcla que muestra lo absurdamente optimistas que son los cientistas sociales chilenos, cuando tratan de señalizar desde los baches hasta los precipicios que existen en el camino.

Como prueba de esa triste levedad de nuestro ser, reproduzco los siguientes párrafos -políticamente incorrectos- extractados de un libro publicado a inicios de este milenio.
 
PARTIDO IGLESIA Y PARTIDO INSTRUMENTAL

PRIMERO, la historia política de Chile enseña que, en materia de reestructuraciones y refundaciones, las izquierdas y centroizquierdas son conservadoras y las derechas son revolucionarias.

En efecto, en los partidos reformadores y revolucionarios parece regir, con mayor fuerza, el patriotismo partidista paralizante, como se pudo apreciar en el dramático proceso de la Unidad Popular. Las escisiones de la poderosa Democracia Cristiana fueron solo eso -escisiones- y no cambiaron el mapa político. La división del Partido Radical sólo se produjo cuando estaba en trance de extinción y no podía alterar el balance estratégico. Nadie pudo convencer al Partido Comunista para que, consecuente con su estrategia viapacifista, tomara distancias con el leninismo y derogara su “dictadura proletaria”.  Salvador Allende enfrentó primero la muerte antes que una división formal del Partido Socialista. 
En definitiva, la Democracia Cristiana se resignó al golpe que las derechas preparaban y los partidos de la Unidad Popular aceptaron un funeral vikingo. Distintas maneras de optar por el suicidio, antes que por un sinceramiento refundacional.
Las derechas, de su lado, parecen tener bastante más claro el carácter instrumental de sus partidos. Tras su rendición ante la Democracia Cristiana de Eduardo Frei Montalva, en los años 1964-65, se desprendieron de sus históricos partidos Liberal y Conservador para crear el Partido Nacional. Después de la caída de Allende, no vacilaron en disolver el nuevo (y exitoso) referente, para apoyar una institucionalidad política hegemonizada por las Fuerzas Armadas, que representaba mejor sus intereses. 
Todo lo cual confirmaba, avant la lettre, lo que hoy reconoce Herman Chadwick: la derecha sociológica no es sentimental.

LAS ALIANZAS NO SON INTANGIBLES

SEGUNDO, es bueno tener presente que en los planteos sobre refundación y finiquito se da un wishful thinking especial: el de esos entrenadores de fútbol que creen que los equipos contrarios no juegan.

Un proyecto político nacional liderado por una Concertación de centroizquierda o por una liberal-centrista, se enfrentará, necesariamente, con el proyecto de centroderecha de Allamand y hasta con el de la duroderecha-centroderechizada de Lavín... salvo que en el intertanto surja una nueva alternativa como la que –dicen- estaría fraguándose en los sectores liberales de la derecha y de la Concertación.


A este respecto, puede rastrearse una llamativa declaración de Jorge Schaulsohn, postulando una nueva mayoría democrática, progresista y liberal: “La convergencia entre el mundo de la Concertación y este sector progresista que está más allá de ella, es una tarea que hay que acometer con miras a lo que viene” (Entrevista en Qué Pasa, 18.8.2001).

LA CORRUPCIÓN IMPORTA

TERCERO, los demócratas, dentro y fuera de la Concertación, debieran entender que los debates políticos superestructurales se están produciendo al borde de la cornisa.

Mientras los dirigentes cuentan sus estrellas, como el personaje de El Principito, su base social se debilita peligrosamente. En lo principal, le hacen mella los síntomas o casos de corrupción que se denuncian, al margen de que lo políticamente correcto sea minimizarlos (como se sabe, tenemos un país con bajos índices en la materia). En relación con ello, ya no acepta la salida exculpatoria del “empate” –la corrupción en el régimen de Pinochet- pues, ha pasado una década larga y, como dijo Alejandra Matus, las democracias deben cotejarse con las democracias.


Reflejando lo señalado, las encuestas dicen que, hoy por hoy, la opinión pública asigna los más bajos índices de confiabilidad a los políticos y a sus instituciones. Habría más confianza ciudadana en el sistema mediático, la Iglesia y las Fuerzas Armada.

DEMOCRACIA DEVALUADA

Coherentemente, la adhesión de los chilenos al sistema democrático resulta cada vez menos robusta. Una encuesta de 1996, de Latinobarómetro, realizada en 17 países de la región, mostró que el rango de adhesión de los chilenos a la democracia era inferior al de los uruguayos (80%), argentinos (71%), bolivianos (64%), peruanos (63%) y venezolanos (62%). En Chile, un 54% prefería la democracia a cualquier otra forma de gobierno, un 19% optaba por un régimen autoritario y a un 23% “le da lo mismo”.

Más sugerente fue el resultado de un ítem que consultaba por la decisión de defender la democracia. Aquí, los encuestados bolivianos marcaron el nivel más alto (84%) y los chilenos estuvieron en los últimos lugares: sólo el 53% dijo que defendería el régimen democrático y el 35% aseguró que no lo haría.


En este año 2001, los resultados de Latinobarómetro han sido peores. El 54% de chilenos que apoyaba la democracia ha descendido a un 45%, ubicándose en el sector bajo de la media regional (48%). Por contraste, un 59% dice preferir el desarrollo económico a la democracia, ubicándose en la parte alta de la media regional (51%). 

Notablemente, Chile aparece como el país latinoamericano donde existe mayor confianza en la televisión. Su 69% en el rubro, muy por sobre el promedio regional de 49%, confirma la relación directa entre un sistema mediático desequilibrado y el debilitamiento de la democracia. 


De lo señalado se desprende que, en nuestra involución, estaríamos creando un escenario similar al que existió en Argentina, cuando los militares sacaron a Arturo Illia de su despacho presidencial y en el Perú, cuando los militares sacaron a Fernando Belaúnde de su dormitorio. En ninguno de esos dos países la civilidad se conmovió de manera democráticamente significativa.

EL RIESGO DEL OPTIMISMO BOBO

Conviene, entonces, poner distancia con el optimismo bobo y advertir los riesgos políticos de nuestra ola subcultural.
Primero, porque los pueblos suelen preferir las dictaduras a la corrupción. Es decir, no se plantean la cuestión de que una dictadura puede ser más corrupta, pues ojos que no ven corazón que no siente. Segundo, porque -como lo detectaron los europeos comunitarios- los movimientos o ideologías que hacen virtud de la irracionalidad se nutren más de una cultura nacional deprimida que de los debates estrictamente políticos. Es lo que se puede leer en el Informe de la Comisión de investigación del ascenso del facismo y el racismo en Europa, publicado por el Parlamento Europeo, en diciembre de 1985.

Ergo, la hipótesis de un cataclismo institucional renovado, repudiado por una mayoría clara del sistema partidista, pero asumido con indiferencia o resignación
 por una población aletargada, no es hoy, en Chile, una fantasía de política-ficción. 


José Rodríguez Elizondo
Martes, 17 de Mayo 2016



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3votos

La muerte de Patricio Aylwin permitió verificar que los buenos políticos existen, son espontáneamente recordados por la nación y pueden pasar a la Historia como estadistas,


Publicado en El Mostrador, 26.4.2016

Ni al asumir ni después supo el Presidente Patricio Aylwin Azócar que el legado vecinal de Augusto Pinochet tenía una bomba de tiempo escondida. El dictador nunca le informó que, en 1986, el gobierno peruano le había advertido que no existía frontera marítima definida entre nuestros países. Guardó el tema como un paradójico secreto personal y se mantuvo al mando del Ejército como guardián de ese y otros misterios.

Ese ocultamiento de información estratégica al interior del Estado explica, en parte, la sorpresa que se llevó Ricardo Lagos cuando su homólogo peruano, Alejandro Toledo, actualizó el tema a inicios de este milenio. Pero también explica un fenómeno más grave por su dimensión de futuro: sin peligro estratégico a la vista, al inicio de la transición, no había motivo dramático para priorizar la profesionalización de la dañada diplomacia que dejara Pinochet.

Por lo señalado y haciendo de la necesidad virtud, Aylwin debió trabajar con una Cancillería política y diplomáticamente débil. Con su innato realismo, partió entonces por potenciar su andadura comercialista, que venía del régimen militar. Lo hizo mediante una compacta red de acuerdos y tratados de libre comercio (TLC) que lideraron de consuno –con algunas discrepancias, pero con talante noble y ejemplar- su Ministro de Hacienda Alejandro Foxley y su canciller Enrique Silva Cimma.
Paralelamente, Aylwin optó por una reprofesionalización gradual, que permitiera a la Cancillería asumir un rol moderno, sin las jactancias propias del excepcionalismo chilensis y en su “medida de lo posible”. Con esa orientación, Silva Cimma integró el factor cultura al quehacer normal de los diplomáticos, convocó a reuniones de análisis sobre una futura reforma, reintegró exonerados meritorios e inyectó al servicio un grupo de internacionalistas y embajadores “políticos” de excelencia. Todas medidas paliativas, pero urgentes, para “mejorar la mezcla” y recuperar el ethos diplomático.

El balance dice que, así enfocada, la función comercial dio excelentes dividendos políticos, bajo la fórmula del “regionalismo abierto”. El aggiornamento diplomático, por su lado, hizo que la crispación vecinal comenzara a esfumarse y se cumpliera, antes de lo previsto, el objetivo de “la reinserción internacional de Chile”.

Sin embargo, como la política exterior siempre tiene desarrollos desiguales, hubo un retroceso acotado en 1994, cuando árbitros de la región asignaron Laguna del Desierto a Argentina. Obviamente, la oposición de la época puso el énfasis en esa pérdida, contribuyendo a oscurecer el gran éxito que significó la solución de 22 sobre 24 puntos conflictivos con el vecino del Este. Por otra parte, confirmando los peligros de un profesionalismo débil, en 1992 estalló el mayor problema internacional del período: Clodomiro Almeyda, histórico líder socialista, lúcido canciller de Salvador Allende y a la sazón embajador en Rusia, dio asilo político sin previa consulta a Erich Honecker, defenestrado y fugado jerarca de la ex República Democrática Alemana.
Ese gesto atrajo contra Chile la irresistible presión conjunta de dos potencias mundiales: los gobiernos de Alemania unificada y de la propia Rusia, cuyos líderes exigieron se les entregara el asilado, para ser juzgado en Berlín. Tras duros debates al interior de la coalición chilena gobernante, que culminaron con la rechazada renuncia de Silva Cimma y el reemplazo de Almeyda por James Holger, diplomático de carrera, Honecker debió abandonar la embajada. Según versión del líder socialista Ricardo Núñez, fue sacado de la embajada por “fuerzas especiales rusas”. Como digresión, en todo ese enconado escenario, interno y externo, Aylwin se las arregló para sostener su vieja amistad con Almeyda, sin perder la amistad de su canciller. Como pocos políticos, entendía que la política también se hace con sentimientos.

Por lo señalado, no fueron pequeños los éxitos ni pocas las tensiones internacionales que debió enfrentar Aylwin. Supo enfrentarlos con su reconocido talento para aplicar el gradualismo y ´pudo así entregar un legado ejemplar. Administrándolo con inteligencia y buenos cancilleres, su sucesor, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, fortaleció una excelente relación con Argentina e inclusive con Perú, pues también ignoraba la latencia de un conflicto por la frontera marítima. Hasta pudo tentar un acercamiento con Bolivia, cuyo gobierno temió verse aislado, tras la exitosa reinserción vecinal de Chile.

Estas son parte de las razones por las cuales Don Patricio, como todos le decían, ya comenzó a instalarse en la Historia. Y no sólo como un buen político de andar por casa, probo, austero, caballeroso y enérgico. También como un estadista sabio, que supo desempeñarse con dignidad en el resbaloso mundo de la política internacional. 

José Rodríguez Elizondo
Martes, 26 de Abril 2016



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Bitácora

5votos

RETIRARSE O NO DEL PACTO: ESE ES EL DILEMA José Rodríguez Elizondo

El retiro de Colombia del Pacto de Bogotá, sumado al fallo en que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) asumió competencia para procesar la demanda de Bolivia contra Chile, han promovido un fuerte debate en mi país. Comienza a discutirse si Chile debe seguir vinculado a un Pacto, que obliga a asumir la jurisdicción de una CIJ que suele privilegiar la equidad sobre la aplicación del "estricto derecho". Es una discusión de trámite urgente pues, por el solo hecho de dar tramitación a la demanda boliviana, la CIJ afectó la doctrina tradicional chilena de la “intangibilidad de los tratados”, aplicada al de 1904 de límites con Bolivia.



Publicado en El Mostrador, 23 de marzo 2016

 
Aceptada a tramitación la demanda boliviana y para evitar un segundo hecho judicial lamentable, planteé la posibilidad de una “excepción definitiva de competencia”. Esto significaba que, en lugar de proyectarnos desde la litis, con excepciones formateadas por la propia CIJ, debíamos marginarnos del proceso ahorrándonos, de paso, viajes, contramemoria, dúplica y honorarios de abogados. Como ganancia extra, nuestra diplomacia liberaría energías y recursos para dedicarse a temas de su agenda normal.

Por cierto, era una manera política de afirmar soberanía, pero también era la manera jurídica de hacerlo, pues estaba prevista en el numeral uno del artículo 53 del Estatuto de la CIJ, que dice lo siguiente:
“1. Cuando una de las partes no comparezca ante la Corte, o se abstenga de defender su caso, la otra parte podrá pedir a la Corte que decida a su favor”. Agrega esta norma que, antes de pronunciarse, la CIJ deberá asegurarse de su propia competencia y de que la demanda está bien fundada.

Aplicar esta opción no significaba renunciar a la defensa, en general, sino a la específica defensa ante la CIJ. Además, nada impedía que, junto con acogerse al artículo 53, Chile adjuntara al tribunal todos los antecedentes, -jurídicos y no jurídicos- por vía informativa, con copia al Secretario General de la ONU. En paralelo, podía ejercer otros recursos defensivos (políticos, diplomáticos y comunicacionales), ante cualquier otra instancia, comprendida la propia ONU. En esas circunstancias, la CIJ tendría que pronunciarse de oficio sobre su competencia propia y la juridicidad de la demanda, pero con el aparato político onusiano sobre aviso.

La ventaja mayor, según mi análisis, sería política, comunicacional y diplomática, pues eliminaba el “punto de prensa” estable que significaba un largo juicio, para un Presidente tan audaz como Evo Morales. Obviamente, no era una opción sin riesgo. Eso no existe. Pero era un riesgo menor al de un fallo inaceptable.

SORPRENDENTE REACCIÓN

La verdad es que tuve éxito cero. Al entonces agente chileno Felipe Bulnes le pareció “una tesis francamente sorprendente”. Dijo que le costaba entender que se propusiera el no defendernos. Otros opinantes arguyeron que invocar el artículo 53 equivalía a colocarnos “en rebeldía”. Algunos, soslayando tecnicismos, dijeron que Chile no tenía la envergadura política suficiente para tamaña aventura.

Como contrapartida, lo de la “rebeldía” me sorprendió a mí. Sería una paradoja enorme que, tras abrir a los Estados demandados la posibilidad de no comparecer, la CIJ después los considerara “Estados rebeldes”. Era una objeción propia de quienes ven el derecho internacional como una extensión analógica del derecho privado doméstico, aunque omitiendo que en éste la rebeldía requiere expresa declaración judicial.

Tal vez no hubo el celo suficiente para investigar una opción distinta a la comparecencia judicial. Anoto dos omisiones “técnicas”. La primera, la falta de un informe en derecho sobre el artículo 53 y su jurisprudencia, única manera rigurosa de argumentar tan tajantemente contra su aplicación. Agrego que el artículo 53, invocado en varios casos importantes, ha producido resultados variados, entre los cuales el desistimiento del Estado demandante y la declaración de incompetencia, de oficio, de la CIJ. Antonio Remiro Brotóns -abogado español de Bolivia-, reconoció indirectamente lo señalado en su libro Derecho Internacional Público (edición 2010, pg. 654), al informar que en la mitad de los casos la CIJ se ha declarado competente para conocer del fondo del litigio. El que en la otra mitad haya tenido éxito la invocación del artículo 53 me parece muy digno de consideración.

La segunda omisión radica en el olvido de “la historia fidedigna del establecimiento de la ley”, según la cual la razón de ser del artículo 53 radica en el carácter voluntario ab initio que tiene la jurisdicción de la CIJ y en el rechazo a las “cuestiones de naturaleza esencialmente política”. Todo ello a partir de la recomendación hecha en 1943 por un comité interaliado de juristas convocado por el Reino Unido.
 
Consecuente con su historia, la CIJ no podría aceptar que cualquier grupo de Estados dejara sin efecto una cualidad de su esencia –la voluntariedad-, en el marco de actuaciones políticas que no le conciernen.  En esa situación, precisamente, se encuentra el Pacto de Bogotá, por el cual diversos países latinoamericanos se comprometieron a someter sus conflictos a la CIJ, no sin antes condicionar tal sumisión con una buena cantidad de “reservas”.

Es un tema que, por complicarla ontológicamente, la CIJ considera propio de la facultad declarativa de los Estados, en el artículo 36 de su estatuto.  Haciéndolo, oscila entre la simpatía, porque el tema fortalece su poder institucional y la ambigüedad, pues sabe que no puede imponer su propia jurisdicción a ningún Estado. De esto deriva, a mi juicio, que el control de la obligatoriedad o de la “rebeldía” de los firmantes de Bogotá sólo puede corresponder a ellos. No a la CIJ.

¿DEMASIADO POCO, DEMASIADO TARDE?

Como fue previsto, tras instalar su demanda Morales desató una fuerte ofensiva política y comunicacional contra Chile. Y, aunque mucho desinformó, tuvo algunos éxitos notorios, como la comprensión del Papa Francisco y la solidaridad del Presidente peruano Ollanta Humala.

En medio de esa ofensiva, la CIJ rechazó nuestras excepciones preliminares de competencia por 14 votos contra 2, desatando en Chile una inquietud inédita. Reconociéndolo, el canciller Heraldo Muñoz incorporó tres personalidades calificadas al equipo chileno y anunció que nuestro país pasaba a una nueva etapa, con mayor proyección política, diplomática y comunicacional.

Sin embargo, esas buenas señales no impidieron que se alzaran voces importantes, unas con apoyatura en el artículo 53 y otras, aún más audaces, impugnando el Pacto de Bogotá.  En la primera posición estuvieron el ex ministro de Defensa Jaime Ravinet y connotados intelectuales castrenses. Para Ravinet “lo cuerdo es decir ahora que la Corte no tiene jurisdicción sobre este tema, que no aceptamos su fallo, que el fallo es inoponible”. Entre quienes apuntan que el incordio no está en la CIJ misma, sino en el Pacto de Bogotá que la alimenta, están ex embajadores de carrera de nuestra Cancillería. Entre estos Carlos Klammer, Juan Salazar, Benjamín Concha, Cristián Maquieira, Fabio Vio (ex embajador en el Perú) y Jorge Canelas (ex cónsul general en Bolivia).

Estos y otros diplomáticos plantean que es necesario retirarse del proceso y “denunciar, urgentemente, el Pacto de Bogotá”.
Sobre ese tema tengo una posición algo más matizada, ya expuesta en otros medios, pero creo que, en definitiva, estamos ante un buen incentivo para agarrar al animal por los cuernos y no por la cola. Esto es, para subordinar a la realidad nuestra fe jurídica en “la santidad de los tratados”, intentando una acción política y diplomática consistente respecto al cíclico conflicto con nuestro vecino del norte.

José Rodríguez Elizondo
Miércoles, 23 de Marzo 2016



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Editado por
José Rodríguez Elizondo
Ardiel Martinez
Escritor, abogado, periodista, diplomático y caricaturista, José Rodríguez Elizondo es en la actualidad Director del Programa de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y Director de la carta mensual Realidad y Perspectivas (RyP). Miembro del Consejo Editorial de Tendencias21, su obra escrita consta de 28 títulos, entre narrativa, ensayos y reportajes. Entre esos títulos están “Historia de dos demandas: Perú y Bolivia contra Chile”, “El mundo también existe”, "Guerra de las Malvinas, noticia en desarrollo ", Las crisis vecinales del gobierno de Lagos", "Crisis y renovación de las izquierdas", "El Papa y sus hermanos judíos", "La pasión de Iñaki", “Chile: un caso de subdesarrollo exitoso”, "Chile-Perú, el siglo que vivimos en peligro”, "De Charaña a La Haya” y “Temas para después de La Haya”, publicados por la Editorial Andrés Bello, Random House Mondadori, Planeta y RIL. Ha sido distinguido con el Premio Rey de España de Periodismo (1984), Diploma de Honor de la Municipalidad de Lima (1985), Premio América del Ateneo de Madrid (1990) y Premio Internacional de la Paz del Ayuntamiento de Zaragoza (1991). En 2013 fue elegido miembro de número de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales.





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