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CONO SUR

Bitácora

2votos

La coyuntura a veces trae temas de la estructura profunda. Está sucediendo, en Chile, con el supuesto compromiso de la presidenta Bachelet de cerrar un penal exclusivo para militares que violaron los derechos humanos. Se discute si el compromiso existe y si es sólo un compromiso bipersonal. La Jefe de Estado, entretanto, se mantiene en medio de la ambigüedad



Publicado en El Mostrador de 13.11.2017

En ciertas materias y aunque luzca paradójico, la ambigüedad debiera tener límites claros. Si un tema como Punta Peuco es importante para la relación civil-militar –es decir, para el país-, es demasiado especioso estar discutiendo si el gobierno se comprometió o no a cerrar ese penal.

Podemos preguntarnos por qué Carmen Gloria Quintana, con toda la credibilidad que merece, contó lo que le habría dicho la Presidenta. Pero, mientras ésta no lo refrende, la realidad pública sólo tiene dos patas. Una de ellas corresponde a lo que dijo el ministro de Justicia Jaime Campos: el país no ha escuchado una declaración de la Presidenta Bachelet diciendo “me comprometo a cerrar Punta Peuco”. La otra pata consta a todo el mundo, ha sido escuchada de boca presidencial y de boca de vocera presidencial y dice que  la Jefa de Estado “cumple sus compromisos”.

La ecuación final, entonces, es que estamos ante una ambigüedad deliberada respecto a un tema de Estado que, a mayor abundamiento, ha motivado una expresión pública y directa de las Fuerzas Armadas. Por lo mismo, si del presunto compromiso presidencial  se pasa a una ejecución abrupta, sin una explicación a la ciudadanía, el legado militar de la Presidenta quedará irremisiblemente dañado.

Obviamente, dado que el derecho suele ser el primer refugio del eufemismo, puede adivinarse la reacción de los chilenos que se sienten entrampados por la ambigüedad. Los militares –dirán-, no tienen derecho a opinar y si lo hacen deliberan y si deliberan se ponen fuera de la ley.

VIEJOS, DIABLOS Y SABIOS

La pregunta irresistible, vista nuestra historia, es si los escapismo solucionan, postergan o agravan el problema. La respuesta posible está en nuestra historia contemporánea. Específicamente, en lo que hicieron los padres fundadores de nuestra transición, cuando comenzaron a levantar la democracia en medio de un vendaval de opiniones antipolíticas de las Fuerzas Armadas.

Contados fueron los políticos que entendieron, entonces, la relación directa entre el profesionalismo militar y la libertad de expresión. O, dicho de otra manera, entre la deliberación y la conspiración. Entre ellos estuvieron el Presidente Patricio Aylwin y su canciller Enrique Silva Cimma.

Por viejos, por diablos y por sabios, ambos sabían que los militares tienden a hacer “ruidos”, cuando creen que los gobiernos ponen en peligro el statu quo y no tienen canales abiertos para confirmarlo o desmentirlo. Mucho de eso lo aprendieron durante el gobierno de Salvador Allende, con la ventaja de haber estado en distintos lados de la barrera. Aylwin, como presidente de la Democracia Cristiana y líder político resignado al golpe de Pinochet. Silva Cimma, como personalidad del co-gobernante Partido Radical, hermano masón de Allende, Presidente del Tribunal Constitucional y exiliado después del 11-S.

Quizás esas circunstancias los llevaron a una moraleja en tres puntos. El primero les decía que la represión de la deliberación castrense era una escopeta de dos cañones y podía dispararse en reversa. El segundo les aconsejaba enterarse in actum del pensamiento político de los militares,  para no llegar a conocerlo desde el receso político o el exilio. El tercero era una moraleja táctica y estratégica con base en la Constitución de 1980: los organismos en que los militares están en mayoría sobre los agentes del gobierno, no emiten opiniones sino diversas especies de ultimátum.

Fue el planteamiento que, con Pinochet respirándole en la nuca, Aylwin hacía a sus cercanos y que, en 1992, estimó del caso comunicar a la opinión pública. Entrevistado por Héctor Olave, director de La Tercera, contó que había invitado a almorzar a los comandantes en jefe, para informarlos sobre las reformas políticas en proyecto o en ejecución. Su explicación textual fue la siguiente: “Ellos tienen derecho a tener opinión. Son ciudadanos, y como instituciones la pueden hacer valer ante la autoridad, pero no son poder colegislador”. Agregó, precavido, que “sus opiniones son muy dignas de tenerse en cuenta, pero no son la última palabra”.

MILITARES CON DERECHO A OPINIÓN

Silva Cimma recogió y procesó la semilla. Lo hizo, primero, en debates de endogrupo, como desarrollo de las tesis  de su libro Una democracia eficiente para Chile, de 1989. Luego, visto el progreso en la relación civil-militar, publicó en El Mercurio, como Presidente del Partido Radical,  una primera aproximación a lo que ya denominaba, desafiante, “derecho a la deliberación”.

En ese texto reconoció el mérito del “nunca más” de Cheyre, en cuanto factor para la reinserción social de las Fuerzas Armadas. Éstas, conscientes, ya, de los errores y horrores del pasado dictatorial, habían mostrado “un grado muy fuerte de sensatez y objetividad (y) poseen hoy un vínculo más estrecho con la sociedad civil”. A partir de ahí anunciaba “un entendimiento mucho más fuerte, que derivará en un grado amplio de entendimiento y de trabajo en conjunto”.

Así llegó al tema de la libertad de expresión castrense. La base de su razonamiento fue que “las  Fuerzas Armadas y las organizaciones civiles son estamentos de una misma sociedad dentro de la organización del Estado, con el Presidente de la República a la cabeza”.   De esto colegía que, como los civiles y en un contexto de gobernabilidad y respeto, los militares “deben tener derecho a opinión”.

En cuanto jurista realista, también se ocupó de las interpretaciones con base en la Constitución de 1925, para denunciar el “profundo error” de vincular el deber castrense de obediencia con la prohibición de “emitir opiniones de interés público”. A su entender, las Fuerzas Armadas “no tienen por qué carecer de deliberación, ya que tienen en principio los mismos derechos que las autoridades civiles”. Esto le permitió precisar el concepto de deliberación como “el legítimo derecho a dialogar respecto de determinados puntos de interés público”.

En ese punto, el viejo maestro puso el colofón necesario, para vincular el derecho constitucional con la política: “es francamente incomprensible que, en el contexto de una democracia, aún existan estamentos que se vean coartados en su capacidad deliberativa, a pretexto de estar sometidos a la disciplina militar y de su porte de armas”.

TÉNGASE PRESENTE

Comentario: el liderazgo y sabiduría combinados de Aylwin y Silva Cimma, permitió que la Concertación enfrentara sin amurramientos, el problema de unas Fuerzas Armadas en estado de efervescencia antipolítica. La estrategia fue hacer de la necesidad virtud, enfrentando el estado de opinión sediciosa, inducido por Pinochet, para reconvertirlo en un estado de diálogo orientado a la normalización.  Es decir, al estatus de subordinación al poder legítimo, propio de la democracia.

La buena noticia fue    que eso se consiguió y se expresó en una relación que consagraba el profesionalismo militar subordinado, pero participativo. La mala noticia es que duró lo que duró la Concertación. Luego, Chile volvió al viejo síndrome del subdesarrollo exitoso y nos contentamos con tener militares bien equipados en sus bases y cuarteles y políticos instalados en sus instituciones, sin reflexionar si queríamos volver a los “compartimentos estancos” o seguir avanzando en el profesionalismo participativo. 

Los tácticos del “realismo sin renuncia” -ese curioso lema de la Nueva Mayoría- posiblemente no se plantearon el problema, por tener como prioridad el reposicionamiento de la justicia absoluta. Por lo mismo, dado que ésta sigue elusiva, como suelen serlo las utopías,  lo más seguro es que excluyan el tema militar del legado de Bachelet. El diferendo con las Fuerzas Armadas, dirán, sucedió en el último tercio de su segundo gobierno, fue un globo sonda que se desinfló solo y aquí no ha pasado nada.

Pero otros matizarán, diciendo que la opinión política de las Fuerzas Armadas de 2017, catalizada por Punta Peuco, fue un importante “téngase presente”. Como tal, debiera ser un tema prioritario en la agenda de Estado del próximo Presidente de la República. 

José Rodríguez Elizondo
Lunes, 13 de Noviembre 2017



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Bitácora

8votos
LA TEORÍA DEL LOCO José Rodríguez Elizondo

En el caso de la polémica a nivel nuclear, entre Donald Trump y Kim Il-un, Erasmo no habría encontrada nada que elogiar



 
El conflicto personalizado y marginal a la diplomacia que se está dando entre Kim Il-un y Donald Trump ha puesto de relieve la complejidad y sutileza de la estrategia de la disuasión.

Aquí estamos viendo, con toda claridad, sus dos posibilidades básicas: cómo amenazar con disparar, para que al enemigo se rinda sin guerra y cómo responder con la amenaza de que cualquier disparo llevará a una guerra. Lo novedoso y espantable es que, en este caso, como en la crisis de los misiles de 1962, en Cuba, estamos hablando de disparos nucleares.

La teoría dice que el éxito de la disuasión -y con mayor razón la que opera con armas nucleares-, se funda en la credibilidad de los antagonistas. Específicamente, en los niveles de firmeza que se reconocen, entre sí, respecto a la voluntad de ejecutar sus amenazas. La victoria sin guerra y la guerra nuclear, en la que todos pierden, cuelga de esa delgada línea sicológica.

En 1962 la disuasión nuclear funcionó desde ambos lados –la Unión Soviética y los Estados Unidos- porque sus gobernantes se inspiraban la credibilidad de la sensatez. En otras palabras, John F. Kennedy y Nikita Jruschov no se percibían, entre sí, en la condición sicológica necesaria para desatar una guerra nuclear, por una potencia menor como Cuba, Así, tras estirar casi al máximo la cuerda de la amenaza, ambos supieron “pestañear” a tiempo, para iniciar una negociación.

En este 2017, lo que está funcionando es parecido, en cuanto al nivel de  la amenaza, porque su naturaleza nuclear subordina la enorme asimetría de poderes entre Corea del Norte y los Estados Unidos. Pero, ahora existe una diferencia sustancial en cuanto a la calidad de los gobernantes. A la inversa de Kennedy y Jruschov,  los jefes de Estado  Kim y Trump están apelando a la credibilidad de su insensatez. Ninguno se reconoce como gobernante responsable y se lo dicen cada a cara. Literalmente, ambos se definen como locos (“mad men”).

.Aludiendo a la “destrucción mutua asegurada”, propia de una eventual guerra nuclear, el pensador francés Raymond Aron escribió, en 1966, que era difícil soslayar la idea de que sólo un loco podía desatarla. Por lo mismo -vaya paradoja-, en un intercambio de amenazas disuasivas con carga nuclear, lo mejor sería hacerse el loco, para ser creíble.

Sobre esa base, la posibilidad de que se imponga la disuasión entre Corea del Norte y los Estados, estaría en una percepción de empate entre sus gobernantes. Esto es, en que ambos pestañeen, por creerse lo bastante locos como para activar la panoplia nuclear. En tal caso abrirían un espacio para que sus élites domésticas y los gobernantes más sensatos del planeta los obliguen a negociar en el interés del planeta. 

Sin embargo, también cabe la siniestra posibilidad de que las amenazas que Trump y Kim han intercambiado no tengan a la disuasión como estrategia. Es decir, que no persigan evitar la guerra. En tal caso, la locura no sería un recurso sicológico, para inducir un pestañeo, sino un pavoroso dato de la realidad.

José Rodríguez Elizondo
Domingo, 15 de Octubre 2017



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Bitácora

6votos
PUNTA PEUCO NO ES EL PUNTO José Rodríguez Elizondo

Tras la larga dictadura del general Pinochet hubo acuerdo político, en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, para construir una cárcel especial para los militares condenados por violación de derechos humanos. No fue un acuerdo fácil, pues ese penal, llamado Punta Peuco, necesariamente, tendría mejores condiciones que las hacinadas cárceles del país. Décadas después el tema volvió al escenario del debate y la Presidenta optó por anunciar el cierre del penal, lo que catalizó una delicada situación con las Fuerzas Armadas. Los comandantes en jefe en retiro emitieron un pronunciamiento público, criticando esa disposición presidencial. A eso me reiero, a continuación.


Publicado en El Mostrador, 21.9.2017
Imagino que entre los ex comandantes en jefe hubo un debate muy fino, para componer su  texto colectivo. Quizás sobre cómo evitar que luciera amenazante  o a quienes excluir para que no pareciera provocativo. Tal vez sobre la necesidad de no gastar todas las municiones en un gobierno que termina o de qué manera equilibrarse entre la judicialización aceptada en la Mesa de Diálogo y la judicialización criticada de hoy.

Lo más importante, en todo caso, debió ser lo medular: cómo dejar en claro que el tema de fondo no era el muy puntual de Punta Peuco, sino el muy estructural de la relación civil-militar (RCM) en regresión.

Precisamente por eso, es inquietante que ese debate lo gatillara una promesa presidencial a una víctima emblemática de la dictadura y una respuesta eufemística a la periodista Matilde Burgos, ante las cámaras de televisión.  Antes de esa coyuntura, ya estaba claro que la normalización de la relación civil-militar (RCM), iniciada con la Mesa de Diálogo del gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, se había convertido en una relación complicada.  Los militares del “profesionalismo participativo”, de 2006,  ahora deben justificar su polivalencia con las catástrofes naturales. Las contribuciones castrenses en materias de política exterior suenan a intromisión. El general Cheyre, del “nunca más”, está bajo proceso judicial.

Comunicacionalmente, el tiempo ya no juega a favor de la justicia sin venganza. La imagen pretérita de un furibundo general Contreras, conducido forzadamente a la cárcel, es reemplazada por la imagen de un condenado nonagenario que ignora lo que le está sucediendo.

SICOLOGÍA PRESIDENCIAL

Visto que no ha existido coraje político –algunos dirán, el patriotismo necesario- en las centroderechas y en las centroizquierdas, para detener la regresión de la RCM, llegamos a lo que sucedió: la Presidenta no estuvo en condiciones de ejercer el carisma del mando ante quienes están entrenados para obedecer y quedó con su supremacía civil encasquillada. Se indignó sin tomar medidas, convalidó tácitamente lo obrado y complejizó la posibilidad de un futuro diálogo con los militares, desde posiciones de autoridad.

Muchos se sorprendieron por lo abrupto del conflicto. Confiaban demasiado en que este país tan agitado, marchoso y delincuencial en la calle, debía mantenerse inmóvil y silencioso en los cuarteles. Quizás por eso, distintas personalidades, civiles y militares intentaron interpretaciones sicológicas. El ex comandante en jefe de la Armada, almirante Jorge Arancibia,  subrayó la relación amor-odio de la Presidenta con la Fuerza Aérea, por el caso de su padre. Para el ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea, General Ricardo Ortega, quienes rodean a la Presidenta habían exacerbado los ánimos, “porque estamos próximos al término del gobierno (…) y pretenden apurar cosas que no van en el ánimo de pacificar a la ciudadanía”. Felipe Agüero, académico y experto en temas de la defensa, opinó que la buena relación de Bachelet con los militares “va a terminar en un pie de incertidumbre”. Añadió que ha tenido ministros de Defensa “extremadamente débiles como autoridad política”. Francisco Javier Cuadra, cientista político y ex ministro de Pinochet, aludió a una manera de zafar de su desprolijidad gobernante y del impacto desmoralizador del caso Caval, volviendo al clima cohesivo de la lucha contra la dictadura. El ex ministro de Defensa Jaime Ravinet culpó a una personalidad bifurcada: “La Michelle Bachelet que llegó en este período es otra (…) perdió los nexos con el mundo militar o con las amistades que tenía allí”. Carlos Ominami, ex ministro de Lagos e hijo, como Bachelet, de un general allendista de la Fuerza Aérea, dio una nota sicológica propia: no quiso creer que el trato había empeorado, porque “ella tiene un aprecio histórico por las Fuerzas Armadas (y)  vivió muy mal el desencuentro durante el régimen militar”.

Esa búsqueda de claves en la personalidad profunda de la mandataria, refleja lo difícil que es explicar su mal manejo del tema. Al priorizar y emblematizar el cierre de Punta Peuco, lo convirtió en el punto más alto de la regresión de la RCM, a contar de las “estupendas relaciones” (con ella como  ministra de Defensa) reconocidas por Izurieta Ferrer, en 1998. Por cierto, el mismo general que encabezó el texto crítico de los ex comandantes en jefe.

LA PUNTA DEL ICEBERG

La problemática de la personalidad y el poder, teorizada por Max Weber desde hace casi un siglo, no debe ocultarnos la gravedad de lo sucedido en este Chile de 2017. La coyuntura refleja dos procesos paralelos, en lo político y en lo social. Primero, el de las heridas en proceso de cicatrización (lenta), que se reabrieron (de sopetón) en este segundo gobierno de Bachelet.  Segundo, el tránsito desde la Mesa de Diálogo, que apuntaba a la reconciliación con desarrollo, a un emplazamiento militar sin diálogo, que podría conducirnos a una nueva polarización agria de la sociedad. Algo que nunca tiene buen pronóstico.

Eludir esta realidad buscando refugio en la ley –eventual sanción al  comandante en jefe en activo, general Humberto Oviedo, por haber opinado de manera similar el día del juramento a la bandera-, habría equivalido a colocarse en el punto ciego de dos artefactos romanos. Entre el dura lex sed lex (la norma a rajatabla) y el summum ius summa injuria (aplicar la norma ya no sirve). Por lo demás, es muy posible que tanto Oviedo como los generales ® hayan tratado de descomprimir el estado de ánimo de todos los uniformados, que puede estar más cercano a la crudeza que a la sofisticación.

Visto así el panorama, Punta Peuco es la punta del iceberg conflictivo de la transición y la pos transición. Uno cuya  masa sumergida contiene momentos escalofriantes: boinazos, ejercicios de enlace, revelación de crímenes espantosos, asesinato de Frei Montalva, jueces extranjeros procesando a Pinochet por default, el “nunca más” del general Cheyre,  el suicidio del general Odlanier Mena, las acusaciones al ex Presidente Lagos por el silencio de las víctimas del informe Valech …

Es un cúmulo de sentimientos potentes, transitoriamente reprimidos y de políticas públicas imprescindibles, que nunca se intentaron. Factores, todos, que eclosionaron en este segundo gobierno de Bachelet, para tratar de imponer la voluntad política de las minorías coherentes por sobre la voluntad de las mayorías decadentes.

Es un síndrome político de la mayor gravedad pues, en su deriva, esa masa sumergida nos está alejando del derrotero fijado por los primeros gobiernos de la Concertación. Aquel que conduce desde la simplicidad de las dicotomías ideológicas a la complejidad de una reconciliación imperfecta.

Un derrotero que obliga a rectificar rumbos hacia la normalización de la RCM, para no volver a los “compartimentos estancos”  y al antagonismo civil-militar.
 

 
 

José Rodríguez Elizondo
Viernes, 22 de Septiembre 2017



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Bitácora

5votos

A fines de los años 80 los chilenos iniciamos una transición a la democracia, que fue complicadísima, pero bastante eficiente. La mantención de Pinochet a la cabeza del Ejército explicó muchas imposibilidades, pero no todas. Algunas muy importantes, quizas decisivas, quedaron en el tintero oculto de la historia.




Si Napoleón pudiera ver en qué estamos, tras casi medio siglo del golpe de 1973, seguro nos aplicaría su famoso dictum sobre los Borbones. Los chilenos, diría, no han olvidado nada, pero tampoco han aprendido nada.

Es que la política que estamos haciendo y sufriendo se parece demasiado a la que nos llevó a esa crisis terminal. La similitud se concentra en el comportamiento de los partidos políticos que, ensimismados en sus juegos de poder, vuelven a subordinar el interés nacional y se sienten más cómodos en los juegos de suma cero que en los de ganancias compartidas. 

Entonces, ese antijuego terminó con el propio sistema político, abriendo paso a la supremacía del subsistema militar. Las derechas republicanas, con líderes como Francisco Bulnes Sanfuentes, mutaron en derechas subversivas, lideradas por Sergio Onofre Jarpa. La Democracia Cristiana tras dos escisiones que enrumbaron a la Unidad Popular –el Mapu y la Izquierda Cristiana- estaba tensionada entre los resignados al golpe, con Eduardo Frei Montalva y Patricio Aylwin y los contrarios a cualquier tipo de intervención militar, con Radomiro Tomic, Bernardo Leighton y Renán Fuentealba a la cabeza. La Unidad Popular, más que una coalición de gobierno, era un logo sólo para uso externo. El Partido Radical y el Mapu se habían dividido. La Juventud Radical se agregó el redundante adjetivo “Revolucionaria”, para autonomizarse. El Partido Socialista mostraba agrupamientos polimorfos, bajo la dirección de Carlos Altamirano, partidario del “enfrentamiento inevitable”. Los comunistas se mostraban consistentes en su apoyo a Allende, pero no renunciaban a su ortodoxia marxista-leninista –la dictadura proletaria-, que era como borrar con el codo lo que escribían con su práctica. En ese mar de fondo, emergían grupos antisistémicos, de izquierdas y derechas, con tanto protagonismo como el MIR y Patria y Libertad.

EL ERROR DE LOS OTROS

Tras el golpe la derecha política se fue a su casa y a sus empresas, mientras se desataba una producción cuantiosa de debates polémicos, en la Unidad Popular y en la Democracia Cristiana, Sus protagonistas fueron los dirigentes en el exilio, la clandestinidad o la disidencia y sus temas se concentraban en recusar el error de los otros.

La autocrítica sin eufemismos -el golpe en el pecho propio- fue una excepción. Ahí estuvo el democratacristiano Fuentealba: “Tengo que luchar porque no regresen los partidos políticos con sus mismos vicios y errores, porque los viejos políticos tengamos la generosidad de abrir el camino a hombres nuevos, limpios, no comprometidos”. Jaime Castillo Velasco, pensador emblemático del mismo partido, llegó a conclusiones semejantes.  En 1982 pude interrogarlo como periodista, sobre la terquedad con que los dirigentes seguían apernados y me respondió que debían “buscar de nuevo su representatividad, sin presuponer que los que fueron grandes el 70 siguen siéndolo”. En esa línea estuvo la mismísima Tencha Bussi, Quizás recordando las últimas palabras de Allende  –“superarán otros hombres este momento gris y amargo”-, pidió abrir el espacio a las nuevas generaciones: “pido a los políticos chilenos que dejen a un lado sus pretensiones y demandas, para que dejen paso a nueva gente, que es la que debe asumir la dirección del país”.
  
CATARSIS DE LOS INTELECTUALES

En la base militante, sobre todo en los intelectuales, la autocrítica fue descarnada y se convirtió en catarsis pública. Era su oportunidad  para que los dirigentes, en vez de utilizarlos, los  escucharan. José Antonio Viera-Gallo, mapucista a la sazón, dio la pauta cofundando la revista Chile-América y abriéndola a un debate respetuoso, pero sin concesiones. Ahí criticó la falta de iniciativa y de coherencia política de los dirigentes establecidos, acusándolos porque su acción se mueve “en el estrecho círculo de la denuncia y se alimenta de un lenguaje sectario”.

El fenómeno fue particularmente notorio en el Partido Comunista, pues implicó sobrepasar el “centralismo democrático”. Para el sociólogo Luis Razeto, los partidos políticos “tienen que comprender que se espera de ellos una modernización de sus criterios, una democratización de sus estructuras internas y una profunda renovación espiritual e intelectual de sus dirigentes”. Reprendido por no haber discutido antes su texto con la dirigencia, Razeto presentó su renuncia al partido. Más sanguíneo –y más previsor- fue el médico Alfonso González Dagnino, quien formuló su crítica envuelta en su dimisión: “Es una desvergüenza que haya directivas que, involucradas en la hecatombe de 1973, aún no hayan renunciado”. El más prolijo fue Sergio Vuskovic, profesor de filosofía y ex alcalde de Valparaíso, quien  criticó “el uso y abuso de la censura”, el “no reconocer los errores cometidos” y la mantención en sus cargos de “los mismos dirigentes (…) por décadas o aún por más de medio siglo”. Agregó una advertencia con sabor a noticia en desarrollo: “la necesidad de reivindicar la validez de la política, para que recupere la credibilidad ante una parte importante de la opinión pública”.

LOS INCORREGIBLES

Un salto en el tiempo nos muestra un sistema actual de partidos tan lamentable como el descrito, aunque sin la coartada de un proceso revolucionario, en el marco de la guerra fría y bajo la amenaza de un enfrentamiento con sangre.

En parte es un remake anunciado, pues los partidos prohibidos iniciaron la transición con los mismos dirigentes de 1973, sin sus intelectuales molestosos y con una fractura sociológica en el medio: no tenían las juventudes políticas de antaño. Estas habían envejecido o desaparecido en la lucha contra la dictadura. Los partidos de derechas, por su lado, nacieron desde la misma dictadura y, por tanto, con un vacío en la memoria democrática. Por lo demás, no tenían mucha vocación por el manejo de “la Cosa Pública”.

Por excepción hubo viejos dirigentes, como Jarpa, que se resignaron al trabajo real, dejando el espacio a los nuevos políticos de las derechas. O como  Altamirano, quien fue capaz de la más real de las autocríticas: la renuncia efectiva al protagonismo político. Y también hubo un Aylwin que acumuló la sabiduría y la humildad necesarias para reconstruir la democracia, mientras tragaba los sapos que le servía Pinochet desde el Ejército. Pero, por lo general, el escarmiento de los dirigentes profesionales del pasado no mutó en cultura política de calidad, ni en la forja de generaciones de reemplazo. En su mayoría, fueron derrotados por la concupiscencia del poder recuperado.

De ahí que la Concertación, pese a su éxito con Aylwin, Frei Ruiz-Tagle y Lagos, fuera derrotada en el mediano plazo por Sebastián Piñera y luego reemplazada por  la Nueva Mayoría. La misma que hoy  se encuentra dividida, con una relación deteriorada con los militares (incluído el del “nunca más”) y agotando su habilidad en la necesidad de sobrevivir. Esto significa, en lo inmediato, impedir una segunda victoria de Piñera.

El retorno borbónico está culminando, de este modo, con una sublimada pero muy genuina crisis terminal. 


José Rodríguez Elizondo
Martes, 12 de Septiembre 2017



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Bitácora

8votos
LOS CHILENOS SOMOS INCORREGIBLES José Rodríguez Elizondo

¿Cuánto puede durar el escarmiento de una experiencia dramática, en la memoria de una sociedad?


En cualquier país democrático de buen ver, los militares pertenecen a un subsistema del Estado, y eso los condiciona. No pueden ni deben intervenir en la operatoria del sistema político que los encuadra, pero no pueden ser ajenos a lo que ellos llaman "Política con mayúscula". En Chile ni siquiera es una práctica tácita, sino una convicción doctrinaria. En 1914, hace más de un siglo, la recordaba, así, un oficial del Ejército:
 
"Los gobiernos que piensan dar al Alto Comando la verdadera importancia debieran acercarlo a las distintas ramas de la política, pues así él se informaría mejor de la verdadera situación del país, abarcaría más intensamente todo aquello que pueda relacionarse con las alternativas tácticas o estratégicas".
 
Sin embargo, en el imaginario vulgar eso no está claro. Muchos creen que solo los civiles y sus políticos pueden pensar la Política y que si lo hacen los militares, caen en pecado de deliberación. El peligro de esa dicotomía aparece de soslayo: cuando esos civiles creen que sus políticos son incorregibles (suele suceder), pueden pedir que intervengan en la Política quienes no deben pensarla.
 
En el fondo de ese absurdo late una ficción cándida -que un erudito vincularía con las tesis de Karl Popper-, según la cual los civiles pueden despedir a sus representantes políticos cuando quieran y como quieran, mientras los militares se mantienen silenciosos en sus cuarteles. Obviamente, es una ficción jurídico-idealista, pero, al menos en Chile, con un fondo sicológico innegable: nuestros civiles han vivido tan desinteresados de los militares -y viceversa-, que cuando tienen episodios de confusión política tienden a olvidarlos.
 
Podría creerse que el golpe de 1973 terminó con ese olvido patológico, pues eso ya no fue un episodio. Fue una era trágica. Entonces, los militares salieron de sus cuarteles, enviaron a los civiles a sus casas, sus oficinas, las cárceles o el exilio (hubo cosas peores) y su jefe máximo no dio señales de querer volver a la normalidad. Percibiendo la novedad del cuadro, Gabriel Valdés, uno de nuestros políticos de envergadura real, reconoció, en 1985, la gran culpa compartida:
 
"En Chile, por décadas, los militares y los civiles vivieron separados en compartimentos estancos. Recíprocamente se ignoraron, desarrollando al interior de nuestro mismo país dos culturas separadas. Ni los civiles sabíamos nada de los militares, ni ellos tenían, tampoco, mayor conocimiento de nosotros".
 
Lo dijo en plena dictadura, en tono de escarmiento, pues esa separación nos había llevado hacia "un abismo que ha sumergido al país en sufrimientos atroces". Pero, fantásticamente, ese escarmiento ya se olvidó. Duró solo lo necesario para afirmar los mecanismos básicos, electorales, del sistema democrático, pero no lo suficiente para conectarlo con el subsistema militar.
 
Para decirlo de la manera más directa: pese a la larga dictadura sufrida, seguimos soslayando hasta qué punto una pésima relación civil-militar explicó su emergencia, protagonismo y auge. Y no solo eso. Seguimos soslayando hasta qué punto puede marcar -o está marcando- los límites de nuestro actual desarrollo democrático.

José Rodríguez Elizondo
Sábado, 2 de Septiembre 2017



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Editado por
José Rodríguez Elizondo
Ardiel Martinez
Escritor, abogado, periodista, diplomático y caricaturista, José Rodríguez Elizondo es en la actualidad Director del Programa de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y Director de la carta mensual Realidad y Perspectivas (RyP). Miembro del Consejo Editorial de Tendencias21, su obra escrita consta de 29 títulos, entre narrativa, ensayos y reportajes. Entre esos títulos están “Historia de dos demandas: Perú y Bolivia contra Chile”, “El mundo también existe”, "Guerra de las Malvinas, noticia en desarrollo ", Las crisis vecinales del gobierno de Lagos", "Crisis y renovación de las izquierdas", "El Papa y sus hermanos judíos", "La pasión de Iñaki", “Chile: un caso de subdesarrollo exitoso”, "Chile-Perú, el siglo que vivimos en peligro”, "De Charaña a La Haya” y “Temas para después de La Haya”, publicados por la Editorial Andrés Bello, Random House Mondadori, Planeta y RIL. También ha publicado, más recientemente, "Todo sobre Bolivia y la compleja disputa por el mar" en Ediciones El Mercurio. Ha sido distinguido con el Premio Rey de España de Periodismo (1984), Diploma de Honor de la Municipalidad de Lima (1985), Premio América del Ateneo de Madrid (1990) y Premio Internacional de la Paz del Ayuntamiento de Zaragoza (1991). En 2013 fue elegido miembro de número de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales.





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