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La coyuntura a veces trae temas de la estructura profunda. Está sucediendo, en Chile, con el supuesto compromiso de la presidenta Bachelet de cerrar un penal exclusivo para militares que violaron los derechos humanos. Se discute si el compromiso existe y si es sólo un compromiso bipersonal. La Jefe de Estado, entretanto, se mantiene en medio de la ambigüedad



Publicado en El Mostrador de 13.11.2017

En ciertas materias y aunque luzca paradójico, la ambigüedad debiera tener límites claros. Si un tema como Punta Peuco es importante para la relación civil-militar –es decir, para el país-, es demasiado especioso estar discutiendo si el gobierno se comprometió o no a cerrar ese penal.

Podemos preguntarnos por qué Carmen Gloria Quintana, con toda la credibilidad que merece, contó lo que le habría dicho la Presidenta. Pero, mientras ésta no lo refrende, la realidad pública sólo tiene dos patas. Una de ellas corresponde a lo que dijo el ministro de Justicia Jaime Campos: el país no ha escuchado una declaración de la Presidenta Bachelet diciendo “me comprometo a cerrar Punta Peuco”. La otra pata consta a todo el mundo, ha sido escuchada de boca presidencial y de boca de vocera presidencial y dice que  la Jefa de Estado “cumple sus compromisos”.

La ecuación final, entonces, es que estamos ante una ambigüedad deliberada respecto a un tema de Estado que, a mayor abundamiento, ha motivado una expresión pública y directa de las Fuerzas Armadas. Por lo mismo, si del presunto compromiso presidencial  se pasa a una ejecución abrupta, sin una explicación a la ciudadanía, el legado militar de la Presidenta quedará irremisiblemente dañado.

Obviamente, dado que el derecho suele ser el primer refugio del eufemismo, puede adivinarse la reacción de los chilenos que se sienten entrampados por la ambigüedad. Los militares –dirán-, no tienen derecho a opinar y si lo hacen deliberan y si deliberan se ponen fuera de la ley.

VIEJOS, DIABLOS Y SABIOS

La pregunta irresistible, vista nuestra historia, es si los escapismo solucionan, postergan o agravan el problema. La respuesta posible está en nuestra historia contemporánea. Específicamente, en lo que hicieron los padres fundadores de nuestra transición, cuando comenzaron a levantar la democracia en medio de un vendaval de opiniones antipolíticas de las Fuerzas Armadas.

Contados fueron los políticos que entendieron, entonces, la relación directa entre el profesionalismo militar y la libertad de expresión. O, dicho de otra manera, entre la deliberación y la conspiración. Entre ellos estuvieron el Presidente Patricio Aylwin y su canciller Enrique Silva Cimma.

Por viejos, por diablos y por sabios, ambos sabían que los militares tienden a hacer “ruidos”, cuando creen que los gobiernos ponen en peligro el statu quo y no tienen canales abiertos para confirmarlo o desmentirlo. Mucho de eso lo aprendieron durante el gobierno de Salvador Allende, con la ventaja de haber estado en distintos lados de la barrera. Aylwin, como presidente de la Democracia Cristiana y líder político resignado al golpe de Pinochet. Silva Cimma, como personalidad del co-gobernante Partido Radical, hermano masón de Allende, Presidente del Tribunal Constitucional y exiliado después del 11-S.

Quizás esas circunstancias los llevaron a una moraleja en tres puntos. El primero les decía que la represión de la deliberación castrense era una escopeta de dos cañones y podía dispararse en reversa. El segundo les aconsejaba enterarse in actum del pensamiento político de los militares,  para no llegar a conocerlo desde el receso político o el exilio. El tercero era una moraleja táctica y estratégica con base en la Constitución de 1980: los organismos en que los militares están en mayoría sobre los agentes del gobierno, no emiten opiniones sino diversas especies de ultimátum.

Fue el planteamiento que, con Pinochet respirándole en la nuca, Aylwin hacía a sus cercanos y que, en 1992, estimó del caso comunicar a la opinión pública. Entrevistado por Héctor Olave, director de La Tercera, contó que había invitado a almorzar a los comandantes en jefe, para informarlos sobre las reformas políticas en proyecto o en ejecución. Su explicación textual fue la siguiente: “Ellos tienen derecho a tener opinión. Son ciudadanos, y como instituciones la pueden hacer valer ante la autoridad, pero no son poder colegislador”. Agregó, precavido, que “sus opiniones son muy dignas de tenerse en cuenta, pero no son la última palabra”.

MILITARES CON DERECHO A OPINIÓN

Silva Cimma recogió y procesó la semilla. Lo hizo, primero, en debates de endogrupo, como desarrollo de las tesis  de su libro Una democracia eficiente para Chile, de 1989. Luego, visto el progreso en la relación civil-militar, publicó en El Mercurio, como Presidente del Partido Radical,  una primera aproximación a lo que ya denominaba, desafiante, “derecho a la deliberación”.

En ese texto reconoció el mérito del “nunca más” de Cheyre, en cuanto factor para la reinserción social de las Fuerzas Armadas. Éstas, conscientes, ya, de los errores y horrores del pasado dictatorial, habían mostrado “un grado muy fuerte de sensatez y objetividad (y) poseen hoy un vínculo más estrecho con la sociedad civil”. A partir de ahí anunciaba “un entendimiento mucho más fuerte, que derivará en un grado amplio de entendimiento y de trabajo en conjunto”.

Así llegó al tema de la libertad de expresión castrense. La base de su razonamiento fue que “las  Fuerzas Armadas y las organizaciones civiles son estamentos de una misma sociedad dentro de la organización del Estado, con el Presidente de la República a la cabeza”.   De esto colegía que, como los civiles y en un contexto de gobernabilidad y respeto, los militares “deben tener derecho a opinión”.

En cuanto jurista realista, también se ocupó de las interpretaciones con base en la Constitución de 1925, para denunciar el “profundo error” de vincular el deber castrense de obediencia con la prohibición de “emitir opiniones de interés público”. A su entender, las Fuerzas Armadas “no tienen por qué carecer de deliberación, ya que tienen en principio los mismos derechos que las autoridades civiles”. Esto le permitió precisar el concepto de deliberación como “el legítimo derecho a dialogar respecto de determinados puntos de interés público”.

En ese punto, el viejo maestro puso el colofón necesario, para vincular el derecho constitucional con la política: “es francamente incomprensible que, en el contexto de una democracia, aún existan estamentos que se vean coartados en su capacidad deliberativa, a pretexto de estar sometidos a la disciplina militar y de su porte de armas”.

TÉNGASE PRESENTE

Comentario: el liderazgo y sabiduría combinados de Aylwin y Silva Cimma, permitió que la Concertación enfrentara sin amurramientos, el problema de unas Fuerzas Armadas en estado de efervescencia antipolítica. La estrategia fue hacer de la necesidad virtud, enfrentando el estado de opinión sediciosa, inducido por Pinochet, para reconvertirlo en un estado de diálogo orientado a la normalización.  Es decir, al estatus de subordinación al poder legítimo, propio de la democracia.

La buena noticia fue    que eso se consiguió y se expresó en una relación que consagraba el profesionalismo militar subordinado, pero participativo. La mala noticia es que duró lo que duró la Concertación. Luego, Chile volvió al viejo síndrome del subdesarrollo exitoso y nos contentamos con tener militares bien equipados en sus bases y cuarteles y políticos instalados en sus instituciones, sin reflexionar si queríamos volver a los “compartimentos estancos” o seguir avanzando en el profesionalismo participativo. 

Los tácticos del “realismo sin renuncia” -ese curioso lema de la Nueva Mayoría- posiblemente no se plantearon el problema, por tener como prioridad el reposicionamiento de la justicia absoluta. Por lo mismo, dado que ésta sigue elusiva, como suelen serlo las utopías,  lo más seguro es que excluyan el tema militar del legado de Bachelet. El diferendo con las Fuerzas Armadas, dirán, sucedió en el último tercio de su segundo gobierno, fue un globo sonda que se desinfló solo y aquí no ha pasado nada.

Pero otros matizarán, diciendo que la opinión política de las Fuerzas Armadas de 2017, catalizada por Punta Peuco, fue un importante “téngase presente”. Como tal, debiera ser un tema prioritario en la agenda de Estado del próximo Presidente de la República. 

José Rodríguez Elizondo
Lunes, 13 de Noviembre 2017



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Editado por
José Rodríguez Elizondo
Ardiel Martinez
Escritor, abogado, periodista, diplomático y caricaturista, José Rodríguez Elizondo es en la actualidad Director del Programa de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y Director de la carta mensual Realidad y Perspectivas (RyP). Miembro del Consejo Editorial de Tendencias21, su obra escrita consta de 29 títulos, entre narrativa, ensayos y reportajes. Entre esos títulos están “Historia de dos demandas: Perú y Bolivia contra Chile”, “El mundo también existe”, "Guerra de las Malvinas, noticia en desarrollo ", Las crisis vecinales del gobierno de Lagos", "Crisis y renovación de las izquierdas", "El Papa y sus hermanos judíos", "La pasión de Iñaki", “Chile: un caso de subdesarrollo exitoso”, "Chile-Perú, el siglo que vivimos en peligro”, "De Charaña a La Haya” y “Temas para después de La Haya”, publicados por la Editorial Andrés Bello, Random House Mondadori, Planeta y RIL. También ha publicado, más recientemente, "Todo sobre Bolivia y la compleja disputa por el mar" en Ediciones El Mercurio. Ha sido distinguido con el Premio Rey de España de Periodismo (1984), Diploma de Honor de la Municipalidad de Lima (1985), Premio América del Ateneo de Madrid (1990) y Premio Internacional de la Paz del Ayuntamiento de Zaragoza (1991). En 2013 fue elegido miembro de número de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales.





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