España Siglo XX

CUADERNOS Y LOS ORIGENES DE NUESTRA DEMOCRACIA
Santos Juliá

Decir Cuadernos en los años sesenta del pasado siglo era decir Cuadernos para el diálogo, revista mensual fundada por Joaquín Ruiz-Giménez, que tras su salida del Ministerio de Educación Nacional en febrero de 1956 sufrió una especie de conversión interior desde sus primeras posiciones falangistas y nacional-católicas hacia una democracia cristiana inspirada por los nuevos vientos que soplaron desde el Vaticano con la llegada del papa Roncali, Juan XXIII y por la nueva política hacia España alentada por su sucesor, el papa Montini, Pablo VI. Entre su vuelta a la cátedra y la apertura del concilio Vaticano II en 1963, Ruiz-Giménez llegó a la conclusión de que en el régimen de Franco los caminos de apertura liberalizadora que condujeran a su reforma desde dentro estaban bloqueados y que era preciso ejercer una presión desde fuera sostenida en la confluencia de sectores de la disidencia y de la oposición para establecer las bases desde las que construir una alternativa a la dictadura.
Diálogo se llamó la nueva estrategia. Diálogo, ante todo, con los que desde dentro del régimen estuvieran dispuesto a hablar de reformas. Diálogo hacia dentro, pues, que muy pronto mostraría sus límites: los tecnócratas procedentes del Opus Dei y los “aperturistas” en torno al Movimiento Nacional no estaban interesados en reconstruir un espacio público de encuentro con fuerzas disidentes o de aquella oposición que Linz denominó alegal. Por eso, diálogo, sobre todo y al poco tiempo exclusivamente, hacia fuera, hacia los derrotados en la Guerra civil y los que, procedentes del campo de los vencedores, por familia o por militancia juvenil, habían abrazado la causa de los vencidos.
Fueron los tiempos del diálogo entre marxismo y cristianismo, si se quiere decir en términos de debate intelectual, y entre democracia cristiana y comunismo, si se habla en términos políticos. Compromiso histórico se llamó en Italia, diálogo se llamó en España, donde la posibilidad de un compromiso político quedaba relegada a un lejano horizonte. Cine-clubs, conferencias, manifiestos, defensa de procesados ante el recién creado Tribunal de Orden Público y, en fin, una revista manifiestamente política en la que pudiera debatirse desde la libertad de expresión y manifestación hasta la reforma de las estructuras, como se decía entonces. Los católicos que se sintieron interpelados por el Concilio, alienados de la religión de cristiandad implantada tras la guerra civil –que hoy tanto añoran los Rouco y Martínez Camino-, se encontraron con los comunistas que desde 1956 habían emprendido el rumbo hacia la “reconciliación nacional”.
Cuadernos fue, por vocación y por convicción, el principal espacio de ese y otros encuentros. No era una revista de rápido consumo, no traía ilustraciones, su letra era apretada, los artículos muchas veces sesudos y hasta pelmazos. Pero, contándome entre los primeros suscriptores, recuerdo bien la impaciencia con que esperaba cada mes su llegada. Cumplió desde el primer número lo que prometía: diálogo. Allí escribieron jóvenes cristianos de la cuerda de Ruiz-Giménez, pero era habitual encontrar a gentes de Comisiones Obreras, del Partido Comunista, o a liberales y socialdemócratas. Allí pudo escribir todo el que defendiera la libertades públicas, el Estado de Derecho, la democracia, la reforma social y hasta, midiendo bien las palabras, el cambio de estructuras, la revolución.
Cuadernos fue así un crisol que fundió múltiples voces hasta destilar un nuevo lenguaje político: el de la libertad y la democracia que caracterizó a la generación del medio siglo, fuera cualquiera la procedencia de sus miembros. Es posible que muchos de los que en sus páginas escribieron no fueran demócratas o, más exactamente, que conservaran de la democracia el valor meramente instrumental propio de las corrientes de pensamiento y acción política católicas o marxistas, de las que procedían. Es posible. Pero la necesidad de hablar el mismo lenguaje de libertad y democracia, en el mismo espacio público, frente a la dictadura, transformó en la práctica a aquellos católicos y marxistas en demócratas antes de la democracia. Fue en Cuadernos, como en otras revistas político-culturales coetáneas, como Triunfo, El Ciervo, Serra d’Or, Destino, donde se echaron los cimientos de la futura democracia, donde se construyó el lenguaje de la razón democrática. Construcción, y no reconstrucción, porque no heredaban ninguna tradición, ni pudieron aprender nada –excepto lo que no había que hacer- de ninguna experiencia histórica.
Sirva este recuerdo como pequeño homenaje a quienes sucesivamente dirigieron Cuadernos, Joaquín Ruiz-Giménez y Pedro Altares, que estuvieron en el origen de todo eso y que hoy son parte de nuestra mejor historia.

LA CONSTITUCIÓN EN SU 31 ANIVERSARIO

Celebramos estos días, con los acostumbrados panegíricos y parabienes, un nuevo aniversario de la Constitución española de 1978. Hay motivos para regocijarse: en nuestra tan asendereada historia constitucional, es ésta la primera vez que una Constitución puede celebrar un año y otro sus aniversarios con la satisfacción de no haberse visto suspendida ni un solo día. No es la más vieja de las habidas, puesto que la de 1876 duró hasta el golpe de Estado militar de 1923, pero es la única basada en la soberanía popular, la única realmente democrática por tanto, que ha logrado romper aquella especie de norma por la que, desde la creación del Estado liberal español, los periodos de democracia eran como islotes en un oceáno de absolutismo o de reacción conservadora.
Es, pues, la historia de un éxito, sobre todo si se recuerda que la Constitución de 1978 no constitucionalizaba un Estado sino que se limitaba a marcar el proceso de su constitucionalización en aquello que más problema planteaba, su Título VIII, dedicado a la organización territorial del Estado y de manera más específica a su capítulo III, relativo a las Comunidades Autónomas. El artículo 143, evidentemente inspirado en el artículo 11 de la Constitución de la República de 1931, marcaba para las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes y para los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica la posibilidad de acceder al autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas. Se recuperaba así, como ya había sido el caso en los años treinta, el principio llamado dispositivo, dejando a la iniciativa de Diputaciones y municipios la decisión de transformar en hechos la posibilidad abierta por la Constitución.
En estos 31 años, esa posibilidad se ha convertido en una realidad que los constituyentes estaban lejos de imaginar o que, al menos, no estuvieron en condiciones de implantar en el tiempo en que elaboraron la Constitución. Han sido los Estatutos y las sentencias del Tribunal Constitucional, además de los acuerdos autónomicos firmados por los dos grandes partidos de ámbito estatal, los que han ido construyendo el edificio tal como ahora lo conocemos: un Estado de Autonomías de impronta claramente federal. A esta especie de federalismo, muy singular en su origen, ha contribuido la generalización de idénticas instituciones y la igualación de competencias en las diferentes Comunidades. Lo que comenzó como vías diferentes a la autonomía se ha consumado en única meta o punto de llegada.
Del éxito mismo de la operación han resultado las tensiones a las que se ha visto sometido el Estado en los últimos años o, más exactamente, desde 1998, cuando en la Declaración de Barcelona, las llamadas comunidades históricas vinieron a decir que el traje constitucional se había quedado estrecho y que había sonado la hora de transformar el Estado de las Autonomías en un Estado plurinacional. La respuesta del Partido Popular fue, en su día, que era preciso “cerrar” el proceso definiendo nítidamente las competencias respectivas; los socialistas, por su parte, acordaron en Santillana del Mar un programa tendente a dotar al Estado de instituciones federales, comenzando con la constitucionalización del mapa autonómico reformando el Título VIII, y con una reforma del Senado para convertirlo en cámara de representación territorial.
Llevamos cerca de seis años de gobierno socialista y las reformas anunciadas pasaron a dormir el sueño de los justos mientras se experimentaba un nuevo camino que, dejando sin tocar la Constitución, pasaría por la reforma de los Estatutos. El viaje, en sus resultados finales, ha sido frustrante: los Estatutos reformados han obtenido un frío apoyo popular, evidente en el alto porcentaje de abstención, y no han resuelto el problema de fondo, que consiste en consolidar lo construido reforzando los vínculos entre las Comunidades y de éstas con el Estado. No es fácil cuando algunas de las Comunidades exigen un reconocimiento singular derivado de su carácter nacional y cuando las relaciones agresivamente polarizadas entre PP y PSOE obstaculizan no ya cualquier acuerdo sobre reforma de la Constitución sino el simple cumplimiento de los mandatos constitucionales sobre renovación de organismos como el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial o las comisiones de control.
En estas circunstancias no es sorprendente que un difuso sentimiento de incertidumbre sobre el futuro de la Constitución se haya extendido por amplios sectores de la ciudadanía, que no saben a qué carta quedarse: el Gobierno ha renunciando a su prometida reforma constitucional mientras en Cataluña los Ayuntamientos convocan referendos como sucedáneos de festejos de afirmación soberanista y la oposición no sale del ensimismamiento en la que anda metida desde la derrota electoral de 2004. Hay razones para celebrar el aniversario de la Constitución que nos dimos en 1978; tantas como motivos de preocupación por su incierto futuro.
Santos Juliá
6 de diciembre de 2009