“¿Cómo pueden ayudar los telecentros a ganarse la vida a quienes viven en la pobreza?” Esta es la cuestión fundamental del Informe que glosamos en esta serie de artículos, y su razón de ser. Porque está muy bien eso de facilitar el acceso a las TICs a las personas que no tienen posibilidades y enseñarles a utilizarlas. Pero, ¿hasta que punto?

Muchas políticas de alfabetización digital –incluso en países desarrollados- se autojustifican poniendo a disposición de personas que no tienen los medios para ello, el acceso durante sólo unas cuantas sesiones, en las que no hay tiempo para enseñar más que los rudimentos. ¿Pero luego, qué?

Todos tenemos la experiencia de la insuficiencia de los primeros pasos en la tecnología y de la sensación de desamparo ante la imposibilidad de comprar los equipos necesarios o ante la realidad de toparse con las dificultades del software. Por ello, los telecentros tienen que contar con los suficientes recursos económicos y formativos para llevar a los alumnos al punto en que puedan caminar por sí mismos.

En el campo del hardware, se pueden asociar las campañas de formación a la instrumentación de líneas de crédito asequibles para la compra de un ordenador y de una línea de acceso. En el del software, no se debería de dar por concluida ninguna campaña sin que los alumnos sepan valerse por si mismos.

Pero tampoco termina ahí la función del telecentro. Antes de crearlo, se deberían plantear una serie de cuestiones relacionadas con las características de la población y del entorno a que pretende servir: ¿Qué niveles de acceso tiene la población? ¿Con qué recursos cuentan las personas a las que se pretende formar? ¿Qué niveles de formación? ¿Cuáles serían las actividades, asequibles a esta población, en las que las personas formadas pudieran ganarse la vida? ¿Qué profesorado sería el adecuado para enseñarlas? ¿Cuánto cuesta un programa así? ¿A quien se puede acudir para aportar recursos: instancias gubernamentales, organismos multilaterales, empresa privada? ¿Cuál sería el punto de rentabilidad de la experiencia?

No partir de estos interrogantes, y de su solución, suele llevar a las angustias de una vida en precario del telecentro y al desengaño, no solo de la población a la que pretende servir, sino, lo que es más grave del los responsables de los recursos aportados, como ya expusimos para el caso del Banco Interamericano de Desarrollo. Lo que sentimos decir, porque la mayor parte de los telecentros están promovidos y dirigidos por personas de buenísima intención y gran entusiasmo.

Por ello señala el tan citado informe que “Los telecentros pueden, por ejemplo, apoyar el desarrollo de capacitaciones técnicas y empresariales proveer acceso a información clave, facilitar el acceso a los servicios gubernamentales y a recursos financieros y proporcionar apoyo (y conocimientos, añadimos nosotros) para actividades de micro emprendimiento”.

En el artículo anterior enumerábamos los 12 conceptos (denominados los 12 Cs) que deberían considerar todos los programas y políticas de TICs dirigidos a reducir la pobreza.

El primero era la conectividad (la posibilidad de acceso a las TICs por razones de infraestructuras y equipos disponibles, por el coste de dicha accesibilidad y por los conocimientos necesarios para acceder y utilizarlas).

Y son los telecentros los que atienden en muchísimos casos este primer servicio de la conectividad. Porque los telecentros son instalaciones públicas en las que quienes no tienen recursos propios pueden acceder a los ordenadores y a las líneas de comunicación y a otras tecnologías de la información y la comunicación, principalmente a Internet, para aprender a manejarlas, recopilar información y comunicarse con otras personas.

Así definidos, los telecentros pueden tomar distintas formas: un centro comunitario creado expresamente para ofrecer acceso a Internet, entre otros servicios, una biblioteca pública que ofrezca cursos de formación en TICs y facilidades de conexión a la red (como en la biblioredes chilenas), cibercafés (generalmente urbanos y con servicios reducidos generalmente a la navegación por Internet y el correo electrónico, y de pago, por lo que muchos no los consideran telecentros). A menudo, los telecentros son una herramienta clave en los programas de los gobiernos para reducir la brecha digital e incrementar la cohesión social.

Los telecentros comenzaron a extenderse por todos los lugares en los años 90 y no han tenido, ni tienen, una vida fácil. Sus problemas principales no son sólo de financiación, sino también de tipo político, sociocultural, de adecuación de sus objetivos y finalidades a las necesidades de las comunidades a las que sirven y de capacitación de su personal directivo y docente.

Se trata de un sector al que no ha prestado la debida importancia aún el sector privado. Tampoco les es fácil conseguir la autofinanciación, bien porque esta no es posible, casi por definición, dentro de las comunidades a las que sirven, o bien, y este es un aspecto muy importante cara a su futuro, porque no se orientan todo lo que les fuera debido a las actividades emprendedoras. Por ello suelen requerir subsidios de las instancias oficiales, pero estos están demasiado ligados a los vaivenes socioeconómicos y políticos. Por ello se dice en el Informe que glosamos: “El apoyo financiero de los gobiernos a los telecentros no tiene que ser permanente. A largo plazo, los telecentros se supone que tienen que ser capaces de ser autosostenibles, y el sector privado debe empezar a ofrecer algunos servicios de manera asequible.” Lo que tiene que ver con otras dos de las 12 Cs: capital y cooperación.

El hecho es que no hay un modelo único de sostenibilidad para los telecentros. Pero el mejor es el que transcurre por la senda de proporcionar servicios de valor añadido, operando en plan de colaboración público privada para alumbrar las capacitaciones y los recursos necesarios.

En el artículo primero de esta serie que pretendemos continuar, por su gran interés social (esencial en un blog sobre “Trabajo y empleo”), se aludía a una publicación reciente cuya referencia quedó excluida de la impresión del artículo, por uno de esos duendes que antes se decía “de la imprenta” y que ahora no sabemos donde se ocultarán, dada la intermediación en casi todo texto publicado en Internet de multitud de programas de software, cada uno con sus problemas recíprocos o genéricos de incompatibilidad. Bien, incluiremos la referencia en el texto y olvidémonos de las notas a pies de página. El documento en cuestión es: UNITED NATIONS, Information Economy Report 2007-2008, y el capítulo que estamos glosando es el 7: Promoting livelihood through telecentres.

Decíamos que quizás el primer inconveniente que se señala, cara a la utilización de los telecentros para mejorar la vida de quienes se encuentran en las bases de la pirámide social, es la ausencia de una fórmula reconocida y aceptada para rentabilizar el esfuerzo que realizan sus promotores: gobiernos, organismos multilaterales, ONGs, etc.

Esto representa un aspecto bastante negativo por cuanto, como ya poníamos de relieve en el capítulo dedicado hace unos meses a los telecentros en Iberoamérica, el Banco Interamericano de Desarrollo se estaba planteando seriamente no proseguir con la financiación de este tipo de actividades, dado que los resultados no estaban siendo los pretendidos y esperados.

El estudio que ahora glosamos abunda en ello y señala otros inconvenientes de que daremos cuenta, al tiempo que de los beneficios comprobados, que son los que permiten continuar con la actividad y tratar de perfeccionarla.

Uno de estos beneficios es el continuo descenso de todo tipo de costes relacionados con las Tecnologías de la Información y la Telecomunicación (TICs), lo que ha permitido utilizarlas de forma innovadora en muchos programas de reducción de la pobreza en todo el mundo. Programas de aplicación a la rentabilidad de las pequeñas explotaciones agrícolas y ganaderas, programas para la extensión de la educación, para la mejora de las condiciones y las prestaciones en el campo de la salud…

Muchísimos millones de personas se están ya beneficiando de ellos en los países en vías de desarrollo, en los que se constatan continuos descensos de los niveles de pobreza, aunque no al ritmo que todos quisiéramos. Porque, como se dice en el mencionado texto: “Hasta el momento, el impacto de las estrategias y programas basados en TICs para proporcionar oportunidades económicas a las personas que viven en la pobreza, ha sido limitado. Los intentos de proporcionar amplio acceso a las TICs, incluidos la creación de espacios (telecentros) y programas para desarrollar las capacitaciones en TICs no han sido suficientes”.

El mismo informe que glosamos, en su edición de 2006, ya había señalado 12 conceptos (denominados los 12 Cs, por la letra inicial común a todos ellos en inglés) que deberían considerar todos los programas y políticas de TICs dirigidos a reducir la pobreza. Son esos conceptos: conectividad (la posibilidad de acceso a las TICs por razones de infraestructuras y equipos disponibles, por el coste de dicha accesibilidad y por los conocimientos necesarios para acceder y utilizarlas), contenido, comunidad, comercio, capacidad, cultura, cooperación, capital, contexto, continuidad, control y coherencia.

Nos ocuparemos de estos conceptos en capítulos sucesivos.