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CONO SUR: J. R. Elizondo

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Tras un debate que no trascendió, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, firmó un decreto que faculta al ministro de Defensa para comprometer el apoyo de las Fuerzas Armadas para combatir el narcotráfico en las zonas fronterizas. Se asumió, por tanto, que el tema podia ser resuelto sin ley y mencionando concretamente a las FF.AA. Obviamente, esto plantea el delicado tema de los roles de policías y militares, al cual me he referido en algunos trabajos y que suelo encasillar bajo el rótulo de la "polivalencia" de las FF.AA. A continuación un texto sobre la materia, previo a la decisión presidencial aludida.


Publicado en Revista del Abogado, mayo 2019

A propósito de un proyecto de ley sobre probidad y transparencia en Carabineros, el gobierno de Sebastián Piñera estaría optando por utilizar a las Fuerzas Armadas en tareas de control de fronteras y combate al crimen organizado. La opción luce realista y tiene solera doctrinaria y empírica. En Argentina, Brasil y México, los tres países geopolíticamente más importantes de la región, los gobiernos ya están utilizando a los militares en tareas policiales. En México se plantea, incluso, la posibilidad de una fuerza nueva: la Guardia Nacional.

El problema mayor es que no se trata de una necesidad estática. Si la complementación castrense del rol policial no es rápida, puede sobrevenir el desborde de la actividad criminal, dejando en la precariedad cualquier solución de trámite lento. El caso del “huachicoleo” méxicano –perforaciones en los ductos de gasolina para venderla por cuenta delincuencial- es paradigmático, pues estaría desbordando a las propias Fuerzas Armadas. Como en la fábula de Pedrito y el lobo, los déficit de inteligencia compartida y de acción política oportuna, abren espacios para un desarrollo inatajable del crimen organizado y, especialmente, de tipo transfronterizo.

En el marco de un sistema democrático, la solución posible depende de una ecuación virtuosa entre la transversalidad política y una concepción flexible del Derecho.  Dicho en síntesis periodística: si en vez de transversalidad prima la polarización y si la concepción jurídica de los actores es de tradición dogmática, la solución se diluirá en un debate retórico interminable, con los clivajes consabidos (derechas contra izquierdas, gobierno contra oposición, civiles contra militares). … para franca alegría de los lobos.

En ese marco, el incipiente debate en Chile tiene un pronóstico dudoso. Por una parte, está la tendencia a la polarización política; por otra parte, un juridicismo sociológico que privilegia la majestad de la ley por sobre su funcionalidad social. Esto nos encierra en un círculo en el cual, ante cualquier emergencia, por grave que sea, se busca aprobar nuevas leyes y se bloquean tanto la imaginación política como la negociación con base en el interés nacional o suprapartidario.

De hecho, ya se está viendo que la primera valla consiste en que nuestro ordenamiento jurídico no contempla, en forma expresa, un rol policial para las Fuerzas Armadas y que “en el Derecho Público sólo puede hacerse… “, etcétera. Esto subordina hechos tan graves como el comportamiento policial en la Araucanía o la impotencia policial ante los delitos transfronterizos, entre los cuales están los que afectan a las empresas mineras del norte.

La opción en trámite, por tanto, es una nueva ley. Esto supone reconocer la insuficiencia de la normativa vigente para dar solución a conflictos reales en tiempos útiles, negar el mérito de las interpretaciones finalistas y soslayar el aporte de la multidisciplinariedad.

Por lo mismo, el meollo de la nueva ley estaría contenido en un eufemismo: facultar al ministro del Interior para que, mediante decreto supremo fundado, coordine, ejecute y lidere acciones conjuntas “con otros órganos de la Administración del Estado”. Esto implica actuar sólo en sedes políticas, lo que garantiza los debates retóricos, la pasividad de las mayorías silenciosas, la tibieza de los militares, el espontaneísmo de los civiles y las filtraciones parcializadas que desinforman a la ciudadanía.

También es posible que con ese eufemismo se trate de soslayar la complicada relación civil-militar. Por un lado estaría el temor político a la polivalencia de las Fuerzas Armadas. Por otro lado, el que la polivalencia valorada por los militares modernos excluye el rol policial. Para ellos, actuar como carabineros debilitaría su función primaria, atentaría contra su autoestima y potenciaría los factores de corrupción. Con ese panorama inicial, es muy posible que una ley ordinaria llegue cuando el lobo ya esté.

¿Habría, entonces, una vía más expedita?

La hay, si se asume que estamos ante un categórico tema-país, cuyo meollo es el nivel de seguridad permanente que debe proveer la fuerza del Estado. Esto, aunque sus órganos policiales pasen por una mala racha y dado que la frase “los militares en sus cuarteles” se ha demostrado como un exorcismo ineficiente… y de filo doble.

Sobre esa base, la necesidad obliga a recurrir a la línea de defensa militar, de la manera más automática posible. Dado que la línea de defensa policial no funciona como corresponde, su rol preventivo deviene complementario de la función primaria castrense y los militares deben actuar en consecuencia, como en los casos de catástrofes naturales.
A mayor abundamiento, la lógica de esa realidad facilitaría interpretar el ordenamiento jurídico vigente de manera extensiva y el jefe del Estado podría ejercer su liderazgo para construir un consenso suprapartidario especifico: sobre una política pública de contenido estratégico, que modifique comportamientos de instituciones permanentes, por causa de una amenaza transitoria a la seguridad de todos los chilenos.

Puede agregarse que, en algunos países de la región, los déficit de la defensa policial se “solucionan” con la autodefensa ciudadana, esto es, al margen de la ley. En otros, como se ha visto, con la policialización de las Fuerzas Armadas. A este respecto, sólo cabe advertir lo inaconsejable de argüir que Chile es diferente, que aquí las instituciones funcionan y que los resultados en esos países han sido malos.

Ese tipo de soberbia chilensis ya ha debilitado bastante nuestro soft power, castigándonos en materias literalmente estratégicas.

José Rodríguez Elizondo
Jueves, 11 de Julio 2019



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7votos
LA VISITA DE LA ALTA COMISIONADA José Rodríguez Elizondo

¿Pudo pensarse que la ONU solucionaría la crisis politica y humanitaria de Venezuela? ¿Pudo pensarse que aquello dependía de Michelle Bachelet, su Alta Comisionada para los Derechos Humanos?... Ensayo respuestas para ambas preguntas en el texto que sigue


LA ONU AL TRASLUZ
Paradigma del multilateralismo, la ONU representa un gran avance en la cultura sociopolítica mundial. Promueve una cultura de respeto a los derechos humanos y -en la medida de lo posible- piensa, propone y activa soluciones para los problemas globales de la humanidad.

Para ese efecto, tiene una panoplia de siglas recordables -FAO, ACNUR, OMC, OIT, PNUD, UNESCO-, con agentes calificados, bien remunerados y obligados a una neutralidad política interpretable: “se abstendrán de actuar en forma alguna que sea incompatible con su condición de funcionarios internacionales responsables únicamente ante la Organización”, dice el artículo 100 de la Carta de la ONU.

El detalle es que esa galaxia no basta para reconocerle éxito en su objetivo estratégico de “mantener la paz y la seguridad internacionales”. De hecho, no ha logrado impedir el horror de cientos de guerras ni las amenazas bélicas que las preceden. Y, aunque ha jugado un rol importante para bloquear el estallido de una tercera guerra mundial, más disuasivo ha sido el equilibrio del terror nuclear.

Desde Corea hasta Crimea, pasando por Vietnam, la solución de los conflictos internacionales abiertos se ha buscado fuera del cuartel general de la ONU

VENEZUELA CASO TEST
Distinto es el caso de los conflictos internos. Si en éstos se asume la continuidad entre las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos y las amenazas a la paz y seguridad internacionales, hay una buena posibilidad de acción onusiana preventiva. Es la instancia en que puede operar ese “deber de injerencia”, acuñado y ejercido con éxito por el entonces Secretario General Javier Pérez de Cuéllar. Sobre esa base logró terminar con la guerra interna de El Salvador.

El problema es que aquello supone un liderazgo institucional alerta y un manejo institucional fino. Si no se da, el burocratismo de los mandos medios se impone y el conflicto interno desborda, convirtiéndose en amenaza para la paz y la seguridad internacionales. Pasa entonces a la jurisdicción del Consejo de Seguridad (CS), instancia donde la injerencia onusiana se limita a las posibilidades (rarísimas) de  un pleno consenso de sus cinco miembros permanentes.

Aunque parezca una reflexión contrafactual, es lo que ha sucedido con Venezuela. Cuando el régimen militarizado de Hugo Chávez comenzó a mutar en la dictadura bárbara de Nicolás Maduro no hubo acción ONU decidida. Sin embargo, fue un período en que sólo los agentes del régimen –internos y externos- podían ignorar lo que los hechos gritaban: que las violaciones a los derechos humanos, sumadas a la corrupción, a la irreflexiva obediencia militar y a la inepcia técnica, mutarían en una catástrofe humanitaria que desbordaría las fronteras del país.

La oportunidad se perdió. Luego llegó Donald Trump, amenazando con una intervención militar contra Maduro e, inevitablemente, entró a tallar el CS.  Xi Ping y Vladimir Putim encontraron allí una gran plataforma para escenificar sus “gallitos” con el provocador Presidente de los Estados Unidos.

LA ALTA COMISIONADA
Ese es el marco político-institucional en que está actuando Michelle Bachelet, en cuanto Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU.

En cuanto “baronesa” del sistema, ella puede interpretar la neutralidad política como un deber ético, sujeto al criterio propio y con precedente cercano. El actual Secretario General, Antonio Guterres, fue un líder socialista connotado -Primer Ministro de Portugal y líder  de la Internacional Socialista hasta 2005-  y no debió hacer declaración alguna respecto a su ideología. Se limitó al juramento del cargo, que reproduce lo esencial del artículo 100.

Por otra parte, la ambigüedad estructural de la organización  es funcional a esa prudencia suya que, para sus críticos, es simple aversión al riesgo. Ese talante ensambla bien con los eufemismos y filtros onusianos, que justifican lentitudes y protegen contra decisiones claras, oportunas y eventualmente audaces.

Por lo señalado, la Alta Comisionada no debió renunciar a su  indesmentida simpatía por el “socialismo del siglo XXI” acuñado por Chávez, que hoy es coartada de Maduro. Incluso pudo suponer que esa cercanía ideológica le facilitaba un nivel de diálogo crítico y concesiones políticas al borde de la cornisa. Quizás por lo mismo, el dictador incumbente decidió invitarla. Desde su corral político, supuso que el protocolo ONU jugaría a su favor y que Bachelet le sería más cercana (o menos adversa) que Luis Almagro, el Secretario General de la OEA.

Fue un trance difícil para la Alta Comisionada y los televidentes pudieron apreciarlo en su notorio cambio gestual. En Caracas reprimió su sonrisa cordial, apenas ensayó una broma (bastante fome) y saludó de mano a todos, excepto a Maduro. Este fue el único que, ante las cámaras, recibió su antes usual beso en la mejilla.

EL BALANCE.
En el terreno, Bachelet separó el tema de la violación de los derechos humanos del tema de  la violación de los derechos políticos, tan inextricablemente vinculado al tema de la “usurpación” de la jefatura de Estado por parte de Maduro.
A partir de esa separación, sin duda artificiosa, Maduro puso el protocolo ONU de su lado. En cuanto invitante y anfitrión, accedió al trato de Jefe de Estado y redujo a Juan Guaidó al trato de jefe de la Asamblea Legislativa. Por añadidura, la organización mundial  ignoró  el estatus político de éste como Presidente encargado y reconocido por 50 países de estructura democrática.

Como efecto inmediato, quedó anulada la posibilidad (remota) de una denuncia pública contra los crímenes de la dictadura y fue posible mencionar las violencias “contra los partidarios del régimen”. Aún más, la Alta Comisionada criticó, como “agravantes” de la crisis, las sanciones económicas de los EE.UU a las exportaciones de petróleo y comercio de oro de Venezuela. No consideró que Guaidó estaba de acuerdo con esas sanciones y que muchos esperaban, incluso, que se endurecieran.

Como contrapartida, las ganancias para la oposición eran tan previsibles que resultaron adjetivas. Todas constaban, ya,  en un informe del predecesor de la Alta Comisionada, en el cual se reconocía la existencia de violaciones gravísimas a los derechos humanos, con  su secuela de instituciones amañadas, justicia espuria, torturas, asesinatos, secuestros, detenciones arbitrarias y violencia armada.

En ese cuadro asimétrico, la instalación en Caracas de dos funcionarios de la Alta Comisionada para que monitoreen la situación, los compromisos de “pleno acceso” a los centros de detención, la alusión a “los obstáculos a la justicia”, la liberación de algunos presos políticos o el diálogo con algunas víctimas, no califican como solidaridad con los demócratas ni como denuncia a la dictadura.  

Así lo entendió la destacada opositora Corina Machado. Comentando la visita de Bachelet, dijo que equiparar víctimas y victimarios como partes legítimas de un conflicto, fue “éticamente inaceptable y políticamente injustificable”. Agregó que “el régimen buscó reconocimiento y lo obtuvo”. Felipe González, desde España, sacó la conclusión obvia: “uno tiene que ser mucho más claro y exigente en la defensa de los principios democráticos y en la defensa de los derechos humanos”.
Añádase que la propia Alta Comisionada reconoció, con honestidad y realismo, que no fue a Venezuela para inducir cambios políticos (“yo no hago magia”). Para tal efecto, aconsejó “cualquier otro proceso de negociación” y, específicamente, indujo a participar en el diálogo que sigue desarrollándose en Oslo.

Admitió, así, lo ilusorio de poner todos los huevos de la esperanza democrática en la canasta de la ONU. Ergo, salvo reacciones y rectificaciones  del Secretario General Guterres, poco puede esperarse del informe que debe emitir el 5 de julio.

COLOFÓN
Como moraleja, los desunidos dirigentes democráticos de Venezuela y los militares con vocación profesional ortodoxa debieran reconocer que no pueden pedir peras al olmo de la ONU y que la salida de la crisis no puede descansar en el solo apoyo externo. La tragedia nacional les exige, por ejemplo, renovar el espíritu del histórico Pacto de Punto Fijo, de 1958, que firmaron casi todas las organizaciones políticas tras la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez.

La diferencia está en que un nuevo  compromiso de gobernabilidad, hoy debieran firmarlo cuando el dictador está en funciones y desesperadamente aferrado al sillón presidencial.

José Rodríguez Elizondo
Jueves, 27 de Junio 2019



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6votos
¿Sinceramente o lamentablemente? José Rodríguez Elizondo

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (CFK) es como la Maradona del peronismo: sus hinchas le perdonan todo, por más anticuerpos que produzcan sus hechos y sus dichos en el resto del país y en el extranjero. En estos momentos, con graves acusaciones judiciales en su contra, ello le ha permitido defenderse atacando, como si aun estuviera al mando en la Casa Rosada. La mejor prueba es su libro "Sinceramente" , cuyo tiraje editorial ya hubieran querido Jorge Luis Borges o Ernesto Sábato para cualesquiera de sus obras. Se equivocan sus adversarios que no han querido comentarlo o que fingen no haberse asomado a sus páginas. Por algo fue lanzado conjuntamente con su campaña presidencial, como supuesta "segunda" de Alberto Fernández, su exjefe de gabinete. En resumidas cuentas, es un alegato sinceramente imprescindible... a favor y en contra.


Dado que hoy los políticos sólo escriben cortito y en celular, este libro voluminoso debió ser dictado por CFK a una excelente secretaria (o). Muy bien transcrito, la muestra en su exacta oralidad, con su estilo desenfadado, egocéntrico y  excesivo. Además, luce su divertido lenguaje inclusivo (“argentinos y argentinas”, "científicos y científicas", “muchos y muchas”, “otros y otras”) que literariamente se sostiene poco, pues se cruza con los genéricos tradicionales que alivianan la lectura. 

No es un libro para la historia, sino un alegato para la contingencia. CFK asumió, seguro, que la mejor manera de zafar de las acusaciones  por corrupción que la tienen en sede judicial, es demostrando a los lectores argentinos (el suyo es un país donde aún se lee) que ella mantiene y puede proyectar su poder político. Su estrategia es la misma que ejerció como Jefa de Estado: atacar siempre, invocando su “condición de mujer” (lo repite 30 veces) contra quienes considera enemigos más que adversarios.

En esa línea, explica que ella y su marido Néstor fueron millonarios mucho antes de ser Jefes de Estado y que sus supuestos actos de corrupción surgen desde la estrategia de “espejo invertido” del Presidente Mauricio Macri y los medios del grupo Clarín. Es decir, los corruptos serían ellos. En cuanto a sus acusadores judiciales los fulmina. A Claudio Bonadio lo menciona como un “juez sicario” y no se achica para descalificar éticamente a Alberto Nisman, el fiscal que horas antes de morir (¿asesinado o suicidado?) decidió  acusarla como responsable del atentado terrorista contra la sede de AMIA.

En ese contexto, CFK ni siquiera lanza un salvavidas  a sus colaboradores políticos procesados o condenados. Q
ue se defiendan ellos. Ella, inteligentemente, no pone las manos al fuego por nadie. Sólo lamenta haber designado vicepresidente a Amado Bodou y se limita a justificar la fortuna previa de Lázaro Báez, sindicado por sus acusadores como su recaudador principal.

Tres subtemas dignos de mención son su aprecio por el Presidente chileno Sebastián Piñera, la alta dimensión política que asigna a su difunto esposo y su complicidad con el Papa Francisco. El primero “es de derecha pero muy simpático”, una excepción notable en su prontuario de políticos “antipopulares”. A Néstor Kirchner lo destaca como uno de los más grandes líderes de la región, pero deja muy en claro que ella era el cerebro cultural y estratégico de la pareja. En cuanto al Papa, se permite dos licencias que ya estarán apuntando en el Vaticano: revela sus conversaciones privadas sobre Vladimir Putin y consigna la rivalidad que hubo, por cuestiones de estatus, entre Jorge Bergoglio, entonces cardenal primado de Argentina y el Presidente Kirchner. CFK, por su parte, reconoce una relación privilegiada con el Pontífice católico -lo llama Jorge-, propia de la simpatía natural con un líder religioso que (según ella) tiene “un chip peronista”.

En resumen, sincera pero lamentablemente, un libro que los argentinos estarán leyendo como si fuera la letra de un tango clásico. Desgarrados entre la esperanza de recuperar una vieja ilusión y el miedo a un pasado que  vuelve, para  enfrentarlos con sus vidas. 

José Rodríguez Elizondo
Martes, 11 de Junio 2019



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11votos
ALAN GARCIA: HISTORIA DE UNA BIPOLARIDAD José Rodríguez Elizondo

El suicidio de Alan García es un capítulo trágico en la historia del Perú, con incidencia a nivel regional,, por las razones que aquí expongo. Pero las secuelas de esa muerte también importan y hay que tenerlas en consideración.



El fin último de toda persecución política
Es el suicidio material del perseguido.
(De la novela de Alan García)
 
El epígrafe corresponde a una meditación de Alan García Pérez sobre el personaje Alan García Pérez, en el contexto de su novela El mundo de Maquiavelo, publicada en 1994. No es un párrafo cualquiera. Está inmerso en el marco de la persecución real que experimentó el autor cuando Alberto Fujimori dio su autogolpe de 1992. Por cierto, hoy debiera leerse como una profecía autocumplida.

El que no se haya reparado en ese anticipo de suicidio demuestra dos cosas: Primero, que nadie lee novelas de un político, porque nadie cree que un político pueda escribir novelas. Segundo, que 
Alan, como le decian todos -o “Caballo Loco”, así le decían algunos-, fue mucho más que un líder peruano con inteligencia “superior al promedio”, como escribiera Mario Vargas Llosa. Además de ser un abogado con estudios de posgrado en Europa y un orador político capaz de derrotar a Fidel Castro, cantaba boleros como un profesional, era diestro con la pluma y, quizás por lo mismo, tenía una notoria acromegalia del ego. Muchos  fundían esta última característica en un supuesto síndrome de bipolaridad, que lo balanceaba entre la depresión sicológica y la percepción de que todo le estaba permitido. 

El hecho es que, con su suicidio, Alan salió de la crónica policial de los expresidentes corruptos, para entrar “a caballazos” a  la Historia. Muy propio de ese ego suyo, tan superlativo, que no admitía comparación con sus predecesores y sucesores. Pero, simultáneamente, fue un galopón muy complicado para  sus compañeros del Apra, que ahora deben hacer no sólo el balance histórico del gobernante sino, además, su balance propio, como partido político.

Con el fundador y líder Víctor Raúl Haya de la Torre, los apristas peruanos  construyeron, a partir de los años 20 del siglo pasado, un partido revolucionario alternativo al comunismo y de incidencia transnacional (“indoamericano”). Siguiendo la doctrina de Haya, sus discípulos  de la región llegaron a gobernar o incidir en otros países, con otros nombres políticos, pero, paradójicamente, no llegaron a gobernar en el Perú. Los enemigos civiles y militares de Haya lo impidieron, incluso con golpes de Estado. Estimaban que el Apra era, simplemente, otra cada del comunismo.

Tuvo que llegar la ancianidad, renovación y muerte de Haya, más un penúltimo golpe de Estado, para que el Apra peruano conquistara al gobierno por dos veces, con intervalo. La primera vez, en 1985, lo hizo con un jovencísimo Alan a la cabeza  (35 años) y 
el fracaso fue rotundo. Se sintetizó en un fuerte doctrinarismo de izquierda y una inflación del 3 mil por ciento. La segunda vez, con un Alan ya maduro y un proyecto mixto de liberalismo con socialdemocracia, el éxito del gobierno fue reconocido. El líder aprista había asumido la renovación postrera de Haya y adquirido la sabiduría del pragmatismo.

El problema es que el histórico Apra peruano no resistió tanta bipolaridad. Hoy tiene sólo 5 representantes en un Congreso hegemonizado por  55 fujimoristas de la versión Keiko. Por eso, lo que resta de la anciana guardia hoy se refugia en el recuerdo de “los años heroicos” de Haya, mientras la guardia madura defiende a Alan de graves acusaciones vinculadas a Odebrecht el corruptor. Además, es muy posible que esté en fragua una joven guardia alanista, que comienza a soñar el sueño del eterno retorno. Lo sugiere el legado de la banda presidencial a Federico Dantón García, el hijo adolescente del líder suicida.

En cuanto a los otros peruanos, componen tres segmentos discernibles. Unos se mantienen fieles a la tradición vernacular que los consagra como antiapristas de padre y madre. Otros saben que sin Apra no hay sistema político, sino un ensamblaje precario de agrupaciones familísticas o de coyuntura electoral. En el tercer segmento  están quienes reconocen que el segundo gobierno de Alan impulsó el desarrollo del Perú, lo posicionó internacionalmente y rectificó el curso de colisión con Chile que le dejara servido su predecesor Alejandro Toledo (hoy prófugo). Sin embargo, estos peruanos viven la contradicción entre el respeto a la estatura política de Alan y el repudio a sus denunciadas trapisondas.

Mención aparte merece el apasionado clima peruano que siguió al suicidio. Soslayando que el brillo de los líderes no es sinónimo de impunidad, los aproalanistas están cerrando los ojos a la realidad y matando simbólicamente a los mensajeros. Apuntan, de preferencia, contra quienes han investigado  la corrupción política rampante que trajo el “lavajato”. Entre los apuntados, el blanco  preferente es el laureado periodista Gustavo Gorriti, considerado un héroe cívico por sus corajudas investigaciones sobre los narcos y los terroristas de Sendero Luminoso.

Es un síntoma peligroso, que los actuales dirigentes del Apra debieran controlar con máximo vigor. No pueden ni deben permitir que el clima pasional ensamble el suicidio de Alan con una variable de la Omertá o con el crimen terrorista. De ello dependerá que  recuperen la incidencia de su histórico partido y puedan imponer una visión ecuánime sobre el líder desaparecido.

José Rodríguez Elizondo
Domingo, 12 de Mayo 2019



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10votos
Venezuela: El 30A de Juan Guaidó José Rodríguez Elizondo

Decir que la complicada jornada venezolana del 30A significa una derrota del movimiento democrático-recuperacionista de Juan Guaidó, es creer que la vida real imita a las películas. Es decir, que la crisis venezolana debe definirse en un marco horario definido y más bien breve. Es un desfase de la mirada muy propio de nuestra era tecnotrónica, que traté de desmontar en la entrevista que sigue.


Publicado en El Libero de 1° de mayo 2019.
Entrevista de Mariela Herrera

 
Para nada pesimista es el análisis que realiza José Rodríguez Elizondo sobre el alzamiento cívico militar comenzado ayer en Venezuela, a pesar de que no generó la salida del poder de Nicolás Maduro. El abogado y académico señala: “Yo apostaría  que, llegado el momento, los oficiales venezolanos de calidad mostrarán sus lealtades reales o patrióticas, con base en el interés nacional y acatando el liderazgo  de Guaidó. Cuando eso suceda, los chilenos podremos sentirnos satisfechos por haberlos apoyarlos”. Y realiza un balance positivo de la estrategia que han llevado a cabo el Presidente Sebastian Piñera junto con el canciller Roberto Ampuero: “Hemos superado, en buena hora, nuestra reactividad tradicional”, apunta.

-Con el ingreso de Leopoldo López y su familia a la embajada de Chile en Caracas (a pesar de que luego se trasladaron a la sede de España), ¿cuál es la posición en la que queda Chile en este intento de alzamiento que, según la información que se maneja hasta ahora, se habría frustrado?

-De darse por frustrado el intento, no significa que el movimiento democrático de Juan Guaidó esté derrotado, ni mucho menos. Cuando por causa de dictadura la política incorpora actores de fuerza, su lógica es distinta a la de los parlamentarios que discuten proyectos de ley. Además, la historia venezolana tiene un episodio singular en esta línea. El dictador militar Marcos Pérez Jiménez fue expectorado el 23 de enero de 1958, por un movimiento liderado por la Armada, tras el supuesto fracaso de un intento similar del 1° de ese mismo mes y año. Chile, por tanto, no tiene ningún motivo para retroceder en su repudio a la dictadura  de Maduro.

-Desde el primer día, la administración del Presidente Sebastián Piñera ha tenido como prioridad Venezuela. ¿Cuáles cree que debiesen ser los próximos pasos de La Moneda?

-Creo que el gobierno ha interpretado bien a los chilenos demócratas y a los que recibieron en su exilio la acogida fraterna de la democracia venezolana. Es una política activa y colectiva que tiene como base el respeto a la Carta Democrática Interamericana. Acabo de escuchar al canciller Ampuero explicando la posición del Grupo de Lima y me siento muy interpretado. Hemos superado, en buena hora, nuestra reactividad tradicional. El gobierno ha interpretado bien a los chilenos demócratas y a los que recibieron en su exilio la acogida fraterna de la democracia venezolana. Es una política activa y colectiva que tiene como base el respeto a la Carta Democrática Interamericana”.

-Se dice que hubo un apresuramiento entre las fuerzas de oposición para los movimientos de hoy. ¿Qué se debiese esperar ahora? ¿Quedan en entredicho los países -como Chile- que han presionado para el cese del régimen de Maduro?

-Es complicado actuar como crítico de cine respecto a los métodos empleados por los demócratas venezolanos, en su lucha asimétrica contra un dictador deshumanizado, ignaro y militarizado. Desde una platea eventual podría decir que se apresuraron, porque no lo derribaron de inmediato. Pero, desde una perspectiva realista, yo diría que su jornada de ayer profundizó la trizadura que existe -o debe existir- entre los militares de honor y los militares corruptos, que poco se diferencian de los sicarios.

-Ante este nuevo escenario, con líderes opositores y militares buscando refugio en embajadas, ¿se afirma Maduro en el poder? ¿O esto puede ser el comienzo de algo mayor? Y en esos dos escenarios, ¿cómo debiese actuar la cancillería chilena?

-Cuando los militares que respetan la ética de su vocación entran a definir conflictos de esta envergadura, suelen beneficiarse de la disciplina y la capacidad de simulación. Son dos factores claves de su formación profesional que les ha permitido, hasta el momento, soportar en silencio una catástrofe humanitaria y la injerencia de militares extranjeros en los temas de seguridad nacional. Pero, yo apostaría que, llegado el momento, los oficiales venezolanos de calidad mostrarán sus lealtades reales o patrióticas, con base en el interés nacional y acatando el liderazgo  de Guaidó.Cuando eso suceda, los chilenos podremos sentirnos satisfechos por haberlos apoyarlos.

-Si hay consenso generalizado entre las democracias del mundo y entre los venezolanos, ¿por qué ha sido tan difícil dar el paso a una transición democrática?

-Le respondo con una contrapregunta: ¿cuándo ha sido fácil derribar a un dictador militar o militarizado?

José Rodríguez Elizondo
Miércoles, 1 de Mayo 2019



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Editado por
José Rodríguez Elizondo
Ardiel Martinez
Escritor, abogado, periodista, diplomático, caricaturista y miembro del Consejo Editorial de Tendencias21, José Rodríguez Elizondo es en la actualidad profesor de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Su obra escrita consta de 30 títulos, entre narrativa, ensayos y reportajes. Entre esos títulos están "Todo sobre Bolivia y la compleja disputa por el mar", “Historia de dos demandas: Perú y Bolivia contra Chile”, "De Charaña a La Haya” , “El mundo también existe”, "Guerra de las Malvinas, noticia en desarrollo ", Las crisis vecinales del gobierno de Lagos", "Crisis y renovación de las izquierdas" y "El Papa y sus hermanos judíos". Como Director del Programa de Relaciones Internacionales de su Facultad, ha vuelto a publicar la revista Realidad y Perspectivas (RyP), que fuera inexplicablemente suprimida por un Decano que no supo prestigiar su cargo. Ha sido distinguido con el Premio Rey de España de Periodismo (1984), Diploma de Honor de la Municipalidad de Lima (1985), Premio América del Ateneo de Madrid (1990) y Premio Internacional de la Paz del Ayuntamiento de Zaragoza (1991). En 2013 fue elegido miembro de número de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales.





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