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CONO SUR: J. R. Elizondo

Bitácora

3votos

En mi país todavía es imposible poner el golpe de Pinochet en la historia y debatir serenamente sobre lo que entonces sucedió. El apasionamiento es comparativamente más intenso en las universidades públicas y esto aleja la posibilidad de contar con líderes políticos ilustrados y con sensatez patriótica. Es lo que me indujo a publicar el siguiente artículo.



Publicado en El Mercurio,13.9.2019
Para opinar con un mínimo de solvencia sobre “el once chileno”, debo hacer una desclasificación sumaria: fui funcionario de la confianza de Salvador Allende, tengo un alto respeto por su memoria, estuve entre los muertos presuntos de la jornada, me procesaron en ausencia y sólo retorné a Chile en 1991.
 
Pese a ello (o quizás por ello) creo que nuestro 11-S debe ser recordado siempre, en aras de la verdad y la justicia, pero desde su esencial complejidad. Esto implica aceptar que no fue el fracaso simple de quienes apoyábamos a Allende ni el éxito simple de quienes apoyaron el golpe de Pinochet. Visto con sensibilidad histórica, fue la terrible derrota de un país, con secuelas que la prorrogan hasta hoy.

Sin embargo, casi medio siglo después, una minoría de chilenos ideologizados, de izquierdas y derechas, prefiere verlo de manera unidimensional. Para ellos, hubo un suceso que paralizó la historia y no un proceso que ya debiera ser historia. Desde esa rigidez tienden a la supersimplificación, mediante la yuxtaposición de afirmaciones aisladas y hasta contrapuestas. Como esto suena complicado, ejemplifico con las “tesis” siguientes:

El golpe obedeció a un manejo irresponsable de la economía, que llevaba al país a la ruina y afectaba la seguridad nacional. Se dio para impedir que nos convirtiéramos en una “segunda Cuba”. Fue digitado desde los EE.UU. mientras la Unión Soviética sólo ayudaba con consejos. En lugar de una transición inédita, Allende debió imponer el socialismo de inmediato. El sectarismo de la Unidad Popular impidió una correcta política de alianzas. No se supo atraer a la Democracia Cristiana. No se supo dividir a la Democracia Cristiana. La derecha sí supo dividir al Partido Radical. La “polémica de las izquierdas” derivó en estrategias contrapuestas y paralizó a la coalición de gobierno. Se confió en la profesionalidad de los militares, en lugar de entregarle armas al pueblo, como aconsejaba Fidel Castro.

Basta asomarse a ese conjunto de afirmaciones -cada una de gravedad superlativa- para asombrarse por la pretensión de darlas por probadas mediante frases que dijeron algunos protagonistas. Esto ha producido un círculo vicioso en tres etapas: 1) Se soslaya que la violación sistemática de los derechos humanos fue una secuela y no un antecedente del golpe. 2) Se soslaya que ningún chileno patriota podría justificar ese componente esencial de la dictadura que sobrevino. 3) Se ignora que ambos fenómenos se unen para subestimar la complejidad de la relación civil-militar, para instalar el rencor como una constante de nuestra vida política y, por añadidura, para seguir sosteniendo nuestro “subdesarrollo exitoso”.
Por lo señalado, la reconciliación que traía en mis valijas cuando volví a Chile hoy me parece utópica. Para reagendarla, habría que mejorar cualitativamente desde la calidad de la educación de nuestros infantes hasta la calidad de nuestros políticos, pasando por la calidad del liderazgo en nuestras universidades.

Es lo que sigo tratando de expresar en mis libros y en mis tareas académicas, porque de nuevo hay señales feas en el horizonte. Si no las decodificamos rápido, demasiado tarde comprenderemos que, si hubo una causal aislable en el golpe de 1973, fue la polarización política a la que nos resignamos.


José Rodríguez Elizondo
Viernes, 13 de Septiembre 2019



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Bitácora

5votos
ARGENTINA EN LA TRAMPA DE LA POLARIZACIÓN José Rodríguez Elizondo

Las extrañas primarias inventadas por Néstor Kirchner, cuya sigla es PASO, tuvieron el significado de una encuesta masiva, obligatoria y con urnas. Su resultado, abrumadoramente favorable para la dupla Fernandez (Alberto ) y Fernández (Cristina) dejó convertido al Presidente Mauricio Macri en un pato cojo y manco. A eso me refiero en la entrevista que di a una revista política chilena, a 24 horas de ese Día D para los argetinos... y también para la región


Publicada en El Libero, 13 de agosto, 2019

«La elección de octubre va a ser una buena oportunidad para demostrar que el cambio sigue, vamos a revertir la elección«. Con estas palabras el Presidente de Argentina Mauricio Macri enfrentó a los medios de comunicación un día después de que las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) dieran como ganadora a la dupla kirchnerista de Alberto Fernández y Cristina Fernández.
 
No se trata de un resultado cualquiera, las PASO son el termómetro para las elecciones presidenciales de octubre y la ventaja de 15 puntos porcentuales que tiene el binomio Fernández sobre el actual Presidente y su segundo al mando, Miguel Ángel Pischetto, parecen de momento insalvables.
 
Un eventual regreso del kirchnerismo podría tener consecuencias también en la región. «Sería un disparo en los pies si solidarizan con Maduro», señala el el abogado, diplomático y académico José Rodríguez Elizondo. En conversación con El Líbero, el candidato al Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales sostiene que las opciones del Jefe de Estado argentino para revertir la situación en octubre son «iniciar una campaña del terror financiero o pactar bajo cuerda con Alberto Fernández».
 
-Hace cuatro años Macri también debió enfrentar un panorama tras las PASO que no lo daba como ganador, aunque esta vez el escenario es distinto. ¿Son remontables los 15 puntos de diferencia? ¿Cuáles deben ser los ejes de su campaña para las presidenciales de octubre?
 
-Podría responder con el dicho chileno: se han visto muertos cargando adobes. Pero ahora la cosa está tan peluda, para Macri, que sus opciones más claras son iniciar una campaña del terror financiero o pactar bajo cuerda con Alberto Fernández. La primera opción debe parecerle tentadora. El fantasmón del kirchnerismo anuncia descalabro. Ya espantó a los mercados e indujo la subida simultánea del dólar. En cuanto a la segunda opción, tendría como base el temor a Cristina en el propio peronismo y la percepción de que Fernández no se resignará a ser un nuevo «tío Cámpora». Lo complejo es que esta jugada requiere demasiada finura y, como dijo sabiamente el Perón anciano, «somos un país politizado, pero sin cultura política».
 
-¿A qué atribuye la alta votación que obtuvo el kirchnerismo este fin de semana?
 
-No quiero ser buen analista después del resultado. Pero sucede que en mi revista académica Realidad y Perspectivas publicamos que sorprendía el optimismo de Macri pues «la polarización, iniciada por el gobierno, aplastó a la opción centrista de (Roberto) Lavagna». Y ese es, a mi juicio, el factor principal: la polarización macrismo-kirchnerismo se le disparó al gobierno y, cuando quiso atajarla incluyendo al peronista Pischetto en su boleta, ya era demasiado tarde. Con su «gallito», Macri no dejó espacio ni votos para que Lavagna, el peronista técnico, socavara la candidatura de los Fernández. Dicho en chileno, no supo tener «un cura de Catapilco».
 
-¿Qué impacto tendría para la región el eventual regreso del kirchnerismo a La Casa Rosada, por ejemplo, respecto a la crisis de Venezuela? Cristina Fernández ha simpatizado con el chavismo.
 
–Si consideramos que Cristina fue simpatizante y cliente del chavismo y Alberto Fernández aún ignora que en Venezuela existe una dictadura… poco espacio hay para el optimismo. Pero, si es cierto que el peronismo no es una ideología total, sino «creencia y folclor» –como dijo el escritor argentino Marcos Aguinis- hay esperanzas de pragmatismo. Partiendo de que ambos conocen el juego y las astucias de la política, no creo que se atrevan a solidarizar con Maduro, a semejanza de Evo Morales y Daniel Ortega. Sería un disparo a los pies propios, que los inhabilitaría para una correcta relación con los países de su órbita democrática y geopolítica.
 
-El triunfo de Mauricio Macri en 2015 marcó el repunte de la centroderecha en Sudamérica. ¿Cuál es el impacto del triunfo de este domingo para el sector en la región?
 
-Dada la actual fluidez de las etiquetas ideológicas, no creo que la caída del «derechista» Macri ante los «izquierdistas» Fernández, signifique el inicio del hundimiento de los «centroderechistas» de América Latina. Por lo mismo, no creo que revierta la caída en picada de la ALBA y los chavistas. Por lo demás, si los Fernández reaccionaran como si estuvieran vigentes las viejas dicotomías, iniciarían un juego pierde-pierde: tendrían que ayudar al inayudable Maduro, la relación con Sebastián Piñera perdería fluidez, el uruguayo Tabaré Vasquez no los acompañaría y se embarcarían en una relación muy conflictiva con el Brasil, de Bolsonaro. Por añadidura, sería un RIP para Mercosur.
 
-En caso de que gane la dupla de Alberto Fernández y Cristina Fernández, ¿cómo se vería afectada la relación con Chile?
 
-Desde la época de Salvador Allende, nuestra jurisprudencia política dice que no debe haber fronteras ideológicas entre nuestros países. Esto significa que, en tal supuesto, mantendríamos el tipo y los buenos modales. Ayudaría mucho el que, para Cristina, Piñera no está en el infierno de los oligarcas. En su bombástico best seller ella lo considera «muy simpático». Por cierto, otra cosa es con la guitarra económica. Si Alberto se somete totalmente a Cristina –como quiere Kicillof- y el kirchnerismo vuelve a pecar por donde pecó, argentinos y chilenos lo pasaremos muy mal.

José Rodríguez Elizondo
Miércoles, 14 de Agosto 2019



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Bitácora

4votos

El fin de las ideologías totales no ha significado el de los políticos ideologizados. Por eso, la flagrante violación de los derechos humanos en Venezuela no ha significado el repudio de quienes quieren ver en Nicolás Maduro a un replicante de Salvador Allende. Tampoco la ONU ha sido muy diligente. En vez de la acción vigorosa que le granjeara, en un pasado reciente, los premios Nobel y Príncipe de Asturias, se ha conformado con informes que se repiten, sin efectos prácticos reconocibles.



Oficialmente publicado el 5 de julio, el segundo informe ONU sobre Venezuela, firmado por Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, fue un revulsivo a nivel global. Y no por innovar respecto al informe previo o por contener revelaciones adicionales, sino por reiterar un estado de situación internacional y humanamente inaceptable.

Sin embargo, contaminados por el alto rol político previo de Bachelet, actores chilenos relevantes no se concentraron en esa ratificación de la tragedia. Antes que alinearse tras su voz onusiana, se ocuparon de sus opciones ideológicas, las réplicas del dictador y su entorno y los efectos de su informe en los partidos que la apoyaron en sus dos gestiones presidenciales. Por añadidura, el debate tendió a destacar las supuestas incongruencias entre nuestra política de Estado condenatoria de la dictadura, la mantención del embajador de Nicolás Maduro y los problemas que plantea la avalancha de desplazados venezolanos que buscan sobrevivir en Chile.

Esa mezcla de eufemismo con “chilenocentrismo” confirmó que, pese a nuestra experiencia histórica, aún existen actores que evalúan las políticas de derechos humanos según el cristal ideológico con que miran. Por añadidura, ha pasado inadvertida la pasividad comparativa del Secretario General de la ONU, superior jerárquico de la Alta Comisionada. El hecho de que, entre el primer y el segundo informe, el portugués Antonio Guterres no haya impulsado acciones fuertes respecto a Venezuela, contrasta demasiado con lo sucedido en períodos previos. Baste recordar que en los años 80-90, bajo el liderazgo del peruano Javier Pérez de Cuéllar y del egipcio Boutros-Boutros Galhi, la ONU intervino en Afganistán, Chipre, catalizó el fin de la guerra Irak-Irán, impulsó la independencia de Namibia, ayudó a eliminar el apartheid sudafricano, envió sólidos relatores a Chile, se jugó por elecciones libres en Nicaragua y contribuyó al fin de la guerra civil en El Salvador.

Entonces, a instancias de Pérez de Cuéllar, la ONU comenzó a relativizar el principio de no intervención e instaló una doctrina que planteaba “el deber de injerencia”. Esto marcó un incremento sin precedentes del tamaño y alcance de sus operaciones para el mantenimiento de la paz, con un despliegue que alcanzó, en 1995, a casi 70.000 militares y civiles procedentes de 77 países. Un Premio Nobel y un Premio Príncipe de Asturias galardonaron esa notable performance onusiana.

Sería bueno analizar por qué esa doctrina, que surgió vigente aún la guerra fría, hoy luce estancada y por qué la acción internacional contra la dictadura está encabezada por actores marginales a la ONU. Es evidente que algo –o mucho- tiene que ver el nuevo cuadro mundial, con la antidiplomacia del Presidente Donald Trump y sus efectos en el Consejo de Seguridad. Pero, incluso asumiendo esa realidad, no es deseable que Guterres espere un tercer informe para tomar alguna iniciativa de acción, ante el grave conflicto internacional que ha inducido la dictadura venezolana. 

José Rodríguez Elizondo
Sábado, 10 de Agosto 2019



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Bitácora

7votos

Tras un debate que no trascendió, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, firmó un decreto que faculta al ministro de Defensa para comprometer el apoyo de las Fuerzas Armadas para combatir el narcotráfico en las zonas fronterizas. Se asumió, por tanto, que el tema podia ser resuelto sin ley y mencionando concretamente a las FF.AA. Obviamente, esto plantea el delicado tema de los roles de policías y militares, al cual me he referido en algunos trabajos y que suelo encasillar bajo el rótulo de la "polivalencia" de las FF.AA. A continuación un texto sobre la materia, previo a la decisión presidencial aludida.


Publicado en Revista del Abogado, mayo 2019

A propósito de un proyecto de ley sobre probidad y transparencia en Carabineros, el gobierno de Sebastián Piñera estaría optando por utilizar a las Fuerzas Armadas en tareas de control de fronteras y combate al crimen organizado. La opción luce realista y tiene solera doctrinaria y empírica. En Argentina, Brasil y México, los tres países geopolíticamente más importantes de la región, los gobiernos ya están utilizando a los militares en tareas policiales. En México se plantea, incluso, la posibilidad de una fuerza nueva: la Guardia Nacional.

El problema mayor es que no se trata de una necesidad estática. Si la complementación castrense del rol policial no es rápida, puede sobrevenir el desborde de la actividad criminal, dejando en la precariedad cualquier solución de trámite lento. El caso del “huachicoleo” méxicano –perforaciones en los ductos de gasolina para venderla por cuenta delincuencial- es paradigmático, pues estaría desbordando a las propias Fuerzas Armadas. Como en la fábula de Pedrito y el lobo, los déficit de inteligencia compartida y de acción política oportuna, abren espacios para un desarrollo inatajable del crimen organizado y, especialmente, de tipo transfronterizo.

En el marco de un sistema democrático, la solución posible depende de una ecuación virtuosa entre la transversalidad política y una concepción flexible del Derecho.  Dicho en síntesis periodística: si en vez de transversalidad prima la polarización y si la concepción jurídica de los actores es de tradición dogmática, la solución se diluirá en un debate retórico interminable, con los clivajes consabidos (derechas contra izquierdas, gobierno contra oposición, civiles contra militares). … para franca alegría de los lobos.

En ese marco, el incipiente debate en Chile tiene un pronóstico dudoso. Por una parte, está la tendencia a la polarización política; por otra parte, un juridicismo sociológico que privilegia la majestad de la ley por sobre su funcionalidad social. Esto nos encierra en un círculo en el cual, ante cualquier emergencia, por grave que sea, se busca aprobar nuevas leyes y se bloquean tanto la imaginación política como la negociación con base en el interés nacional o suprapartidario.

De hecho, ya se está viendo que la primera valla consiste en que nuestro ordenamiento jurídico no contempla, en forma expresa, un rol policial para las Fuerzas Armadas y que “en el Derecho Público sólo puede hacerse… “, etcétera. Esto subordina hechos tan graves como el comportamiento policial en la Araucanía o la impotencia policial ante los delitos transfronterizos, entre los cuales están los que afectan a las empresas mineras del norte.

La opción en trámite, por tanto, es una nueva ley. Esto supone reconocer la insuficiencia de la normativa vigente para dar solución a conflictos reales en tiempos útiles, negar el mérito de las interpretaciones finalistas y soslayar el aporte de la multidisciplinariedad.

Por lo mismo, el meollo de la nueva ley estaría contenido en un eufemismo: facultar al ministro del Interior para que, mediante decreto supremo fundado, coordine, ejecute y lidere acciones conjuntas “con otros órganos de la Administración del Estado”. Esto implica actuar sólo en sedes políticas, lo que garantiza los debates retóricos, la pasividad de las mayorías silenciosas, la tibieza de los militares, el espontaneísmo de los civiles y las filtraciones parcializadas que desinforman a la ciudadanía.

También es posible que con ese eufemismo se trate de soslayar la complicada relación civil-militar. Por un lado estaría el temor político a la polivalencia de las Fuerzas Armadas. Por otro lado, el que la polivalencia valorada por los militares modernos excluye el rol policial. Para ellos, actuar como carabineros debilitaría su función primaria, atentaría contra su autoestima y potenciaría los factores de corrupción. Con ese panorama inicial, es muy posible que una ley ordinaria llegue cuando el lobo ya esté.

¿Habría, entonces, una vía más expedita?

La hay, si se asume que estamos ante un categórico tema-país, cuyo meollo es el nivel de seguridad permanente que debe proveer la fuerza del Estado. Esto, aunque sus órganos policiales pasen por una mala racha y dado que la frase “los militares en sus cuarteles” se ha demostrado como un exorcismo ineficiente… y de filo doble.

Sobre esa base, la necesidad obliga a recurrir a la línea de defensa militar, de la manera más automática posible. Dado que la línea de defensa policial no funciona como corresponde, su rol preventivo deviene complementario de la función primaria castrense y los militares deben actuar en consecuencia, como en los casos de catástrofes naturales.
A mayor abundamiento, la lógica de esa realidad facilitaría interpretar el ordenamiento jurídico vigente de manera extensiva y el jefe del Estado podría ejercer su liderazgo para construir un consenso suprapartidario especifico: sobre una política pública de contenido estratégico, que modifique comportamientos de instituciones permanentes, por causa de una amenaza transitoria a la seguridad de todos los chilenos.

Puede agregarse que, en algunos países de la región, los déficit de la defensa policial se “solucionan” con la autodefensa ciudadana, esto es, al margen de la ley. En otros, como se ha visto, con la policialización de las Fuerzas Armadas. A este respecto, sólo cabe advertir lo inaconsejable de argüir que Chile es diferente, que aquí las instituciones funcionan y que los resultados en esos países han sido malos.

Ese tipo de soberbia chilensis ya ha debilitado bastante nuestro soft power, castigándonos en materias literalmente estratégicas.

José Rodríguez Elizondo
Jueves, 11 de Julio 2019



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Bitácora

10votos
LA VISITA DE LA ALTA COMISIONADA José Rodríguez Elizondo

¿Pudo pensarse que la ONU solucionaría la crisis politica y humanitaria de Venezuela? ¿Pudo pensarse que aquello dependía de Michelle Bachelet, su Alta Comisionada para los Derechos Humanos?... Ensayo respuestas para ambas preguntas en el texto que sigue


LA ONU AL TRASLUZ
Paradigma del multilateralismo, la ONU representa un gran avance en la cultura sociopolítica mundial. Promueve una cultura de respeto a los derechos humanos y -en la medida de lo posible- piensa, propone y activa soluciones para los problemas globales de la humanidad.

Para ese efecto, tiene una panoplia de siglas recordables -FAO, ACNUR, OMC, OIT, PNUD, UNESCO-, con agentes calificados, bien remunerados y obligados a una neutralidad política interpretable: “se abstendrán de actuar en forma alguna que sea incompatible con su condición de funcionarios internacionales responsables únicamente ante la Organización”, dice el artículo 100 de la Carta de la ONU.

El detalle es que esa galaxia no basta para reconocerle éxito en su objetivo estratégico de “mantener la paz y la seguridad internacionales”. De hecho, no ha logrado impedir el horror de cientos de guerras ni las amenazas bélicas que las preceden. Y, aunque ha jugado un rol importante para bloquear el estallido de una tercera guerra mundial, más disuasivo ha sido el equilibrio del terror nuclear.

Desde Corea hasta Crimea, pasando por Vietnam, la solución de los conflictos internacionales abiertos se ha buscado fuera del cuartel general de la ONU

VENEZUELA CASO TEST
Distinto es el caso de los conflictos internos. Si en éstos se asume la continuidad entre las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos y las amenazas a la paz y seguridad internacionales, hay una buena posibilidad de acción onusiana preventiva. Es la instancia en que puede operar ese “deber de injerencia”, acuñado y ejercido con éxito por el entonces Secretario General Javier Pérez de Cuéllar. Sobre esa base logró terminar con la guerra interna de El Salvador.

El problema es que aquello supone un liderazgo institucional alerta y un manejo institucional fino. Si no se da, el burocratismo de los mandos medios se impone y el conflicto interno desborda, convirtiéndose en amenaza para la paz y la seguridad internacionales. Pasa entonces a la jurisdicción del Consejo de Seguridad (CS), instancia donde la injerencia onusiana se limita a las posibilidades (rarísimas) de  un pleno consenso de sus cinco miembros permanentes.

Aunque parezca una reflexión contrafactual, es lo que ha sucedido con Venezuela. Cuando el régimen militarizado de Hugo Chávez comenzó a mutar en la dictadura bárbara de Nicolás Maduro no hubo acción ONU decidida. Sin embargo, fue un período en que sólo los agentes del régimen –internos y externos- podían ignorar lo que los hechos gritaban: que las violaciones a los derechos humanos, sumadas a la corrupción, a la irreflexiva obediencia militar y a la inepcia técnica, mutarían en una catástrofe humanitaria que desbordaría las fronteras del país.

La oportunidad se perdió. Luego llegó Donald Trump, amenazando con una intervención militar contra Maduro e, inevitablemente, entró a tallar el CS.  Xi Ping y Vladimir Putim encontraron allí una gran plataforma para escenificar sus “gallitos” con el provocador Presidente de los Estados Unidos.

LA ALTA COMISIONADA
Ese es el marco político-institucional en que está actuando Michelle Bachelet, en cuanto Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU.

En cuanto “baronesa” del sistema, ella puede interpretar la neutralidad política como un deber ético, sujeto al criterio propio y con precedente cercano. El actual Secretario General, Antonio Guterres, fue un líder socialista connotado -Primer Ministro de Portugal y líder  de la Internacional Socialista hasta 2005-  y no debió hacer declaración alguna respecto a su ideología. Se limitó al juramento del cargo, que reproduce lo esencial del artículo 100.

Por otra parte, la ambigüedad estructural de la organización  es funcional a esa prudencia suya que, para sus críticos, es simple aversión al riesgo. Ese talante ensambla bien con los eufemismos y filtros onusianos, que justifican lentitudes y protegen contra decisiones claras, oportunas y eventualmente audaces.

Por lo señalado, la Alta Comisionada no debió renunciar a su  indesmentida simpatía por el “socialismo del siglo XXI” acuñado por Chávez, que hoy es coartada de Maduro. Incluso pudo suponer que esa cercanía ideológica le facilitaba un nivel de diálogo crítico y concesiones políticas al borde de la cornisa. Quizás por lo mismo, el dictador incumbente decidió invitarla. Desde su corral político, supuso que el protocolo ONU jugaría a su favor y que Bachelet le sería más cercana (o menos adversa) que Luis Almagro, el Secretario General de la OEA.

Fue un trance difícil para la Alta Comisionada y los televidentes pudieron apreciarlo en su notorio cambio gestual. En Caracas reprimió su sonrisa cordial, apenas ensayó una broma (bastante fome) y saludó de mano a todos, excepto a Maduro. Este fue el único que, ante las cámaras, recibió su antes usual beso en la mejilla.

EL BALANCE.
En el terreno, Bachelet separó el tema de la violación de los derechos humanos del tema de  la violación de los derechos políticos, tan inextricablemente vinculado al tema de la “usurpación” de la jefatura de Estado por parte de Maduro.
A partir de esa separación, sin duda artificiosa, Maduro puso el protocolo ONU de su lado. En cuanto invitante y anfitrión, accedió al trato de Jefe de Estado y redujo a Juan Guaidó al trato de jefe de la Asamblea Legislativa. Por añadidura, la organización mundial  ignoró  el estatus político de éste como Presidente encargado y reconocido por 50 países de estructura democrática.

Como efecto inmediato, quedó anulada la posibilidad (remota) de una denuncia pública contra los crímenes de la dictadura y fue posible mencionar las violencias “contra los partidarios del régimen”. Aún más, la Alta Comisionada criticó, como “agravantes” de la crisis, las sanciones económicas de los EE.UU a las exportaciones de petróleo y comercio de oro de Venezuela. No consideró que Guaidó estaba de acuerdo con esas sanciones y que muchos esperaban, incluso, que se endurecieran.

Como contrapartida, las ganancias para la oposición eran tan previsibles que resultaron adjetivas. Todas constaban, ya,  en un informe del predecesor de la Alta Comisionada, en el cual se reconocía la existencia de violaciones gravísimas a los derechos humanos, con  su secuela de instituciones amañadas, justicia espuria, torturas, asesinatos, secuestros, detenciones arbitrarias y violencia armada.

En ese cuadro asimétrico, la instalación en Caracas de dos funcionarios de la Alta Comisionada para que monitoreen la situación, los compromisos de “pleno acceso” a los centros de detención, la alusión a “los obstáculos a la justicia”, la liberación de algunos presos políticos o el diálogo con algunas víctimas, no califican como solidaridad con los demócratas ni como denuncia a la dictadura.  

Así lo entendió la destacada opositora Corina Machado. Comentando la visita de Bachelet, dijo que equiparar víctimas y victimarios como partes legítimas de un conflicto, fue “éticamente inaceptable y políticamente injustificable”. Agregó que “el régimen buscó reconocimiento y lo obtuvo”. Felipe González, desde España, sacó la conclusión obvia: “uno tiene que ser mucho más claro y exigente en la defensa de los principios democráticos y en la defensa de los derechos humanos”.
Añádase que la propia Alta Comisionada reconoció, con honestidad y realismo, que no fue a Venezuela para inducir cambios políticos (“yo no hago magia”). Para tal efecto, aconsejó “cualquier otro proceso de negociación” y, específicamente, indujo a participar en el diálogo que sigue desarrollándose en Oslo.

Admitió, así, lo ilusorio de poner todos los huevos de la esperanza democrática en la canasta de la ONU. Ergo, salvo reacciones y rectificaciones  del Secretario General Guterres, poco puede esperarse del informe que debe emitir el 5 de julio.

COLOFÓN
Como moraleja, los desunidos dirigentes democráticos de Venezuela y los militares con vocación profesional ortodoxa debieran reconocer que no pueden pedir peras al olmo de la ONU y que la salida de la crisis no puede descansar en el solo apoyo externo. La tragedia nacional les exige, por ejemplo, renovar el espíritu del histórico Pacto de Punto Fijo, de 1958, que firmaron casi todas las organizaciones políticas tras la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez.

La diferencia está en que un nuevo  compromiso de gobernabilidad, hoy debieran firmarlo cuando el dictador está en funciones y desesperadamente aferrado al sillón presidencial.

José Rodríguez Elizondo
Jueves, 27 de Junio 2019



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Editado por
José Rodríguez Elizondo
Ardiel Martinez
Escritor, abogado, periodista, diplomático, caricaturista y miembro del Consejo Editorial de Tendencias21, José Rodríguez Elizondo es en la actualidad profesor de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Su obra escrita consta de 30 títulos, entre narrativa, ensayos y reportajes. Entre esos títulos están "Todo sobre Bolivia y la compleja disputa por el mar", “Historia de dos demandas: Perú y Bolivia contra Chile”, "De Charaña a La Haya” , “El mundo también existe”, "Guerra de las Malvinas, noticia en desarrollo ", Las crisis vecinales del gobierno de Lagos", "Crisis y renovación de las izquierdas" y "El Papa y sus hermanos judíos". Como Director del Programa de Relaciones Internacionales de su Facultad, ha vuelto a publicar la revista Realidad y Perspectivas (RyP), que fuera inexplicablemente suprimida por un Decano que no supo prestigiar su cargo. Ha sido distinguido con el Premio Rey de España de Periodismo (1984), Diploma de Honor de la Municipalidad de Lima (1985), Premio América del Ateneo de Madrid (1990) y Premio Internacional de la Paz del Ayuntamiento de Zaragoza (1991). En 2013 fue elegido miembro de número de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales.





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