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CONO SUR: J. R. Elizondo

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Creo que la entrevista que viene refleja bien la inquietud, aparente o soterrada, que vivimos los chilenos ante el inminente fallo de los jueces de La Haya. Me fue hecha por el periodista Wilhem Kraus del diario Las Ultimas Noticias y se publicó el 30 de septiembre de este año 2018. Por motivos obvios, responderla fue un desafío.


Usted dice en su libro Todo sobre Bolivia que este país desde su origen ha tenido un desarrollo condicionado, que fue percibido como una zona de expansión propia, de expansión de otros, zona cercenada y zona por recuperar. ¿Me podría explicar esta afirmación?

Válgame una metáfora geopolítica: érase una vez un condominio con cinco propiedades y amplios espacios comunes. En un contexto de conflicto externo, una de esas propiedades es dividida manu militari y a la parte que emerge se le da el mismo estatus jurídico de las ´propiedades ya instaladas. Dado que todo ello se hizo sin previo acuerdo de voluntades, el conflicto se crea desde la partida. El jefe de la vivienda original tratará de recuperar todo o parte de lo que perdió. Los jefes de las otras propiedades tratarán de correr sus cercas demarcatorias, a expensas de la propiedad instalada a posteriori. En cuanto a ésta, tratará de defenderse y también de contraatacar, para defender su espacio. Este ejemplo explica por qué Bolivia, creada como República Bolívar en 1825, con 2 millones 250.000 kilómetros cuadrados, hoy tiene 1 millón 70.000 mil kilómetros cuadrados. La diferencia fue a incrementar los territorios de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Perú, con o sin guerras,

 ¿Por que se creó Bolivia y que rol cumplió San Martín en su creación?

Su pregunta parece sencilla pero tiene distintas respuestas según los historiadores que conozco.  Sintetizándolas en la medida de lo posible, la razón fue esencialmente geopolítica: cómo enfrentar desde mejores posiciones el finiquito de la guerra contra el imperio español. Pero, en su momento, debió verse como la definición de un duelo político con actores en Perú, Argentina, Colombia y marginalmente Chile El tema era quien se quedaba con el territorio conocido como Alto Perú, que ya se disputaban los virreinatos del Perú y de Buenos Aires. El pleito lo definió Simón Bolívar, “imaginativamente”, pero manu militari, creando en 1825 una república independiente, por intermedio del mariscal Antonio José de Sucre. Como ambos apreciaban los honores, el primer nombre del nuevo país fue República de Bolívar y su capital fue Sucre. En cuanto al “señor San Martín”, como le decía Bolívar, fue acusado de inducir la anarquía en el Perú, al mando de sus tropas argentinas y chilenas y terminó abandonando la turbulenta y gloriosa escena de la época tras un encuentro cara a cara con Bolívar. Para información en la fuente, sugiero hundirse en el epistolario de este Libertador.

De acuerdo a la constitución política boliviana de 1926, en la que se estipulan todos los departamentos que esta comprende- de Potosí, Chuquisaca, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Oruro-   ninguno de ellos tenía acceso al mar. ¿En qué momento Bolivia obtuvo acceso al mar? ¿De qué manera?

Tras la guerra del Pacífico y del tratado de 1904 desapareció del mapa geográfico y jurídico de Bolivia su Departamento del Litoral creado en 1867, con la provincia de La Mar y el puerto de Cobija. Hay historiadores chilenos para quienes Bolivia recién tuvo acceso soberano al mar en virtud del tratado de 1866 con Chile.​ Otros afirman que Cobija era de Chile desde la colonia y recusan la falta de voluntad política del gobierno de la época para defenderlo. Historiadores bolivianos, por su parte, reconocen que en el Departamento del Litoral vivían muchísimos más chilenos que bolivianos. Es una vieja disputa historiográfica.

Si fueron varios países los que le quitaron territorio a Bolivia ¿por qué en este país existe una animadversión especial hacia Chile?

En su esencia es parte de la estrategia de los bolivianos revanchistas. Al poner el énfasis en el “injusto enclaustramiento” del país, privilegian el valor estratégico del agua sobre el terreno.  Así aislan a Chile como el “enemigo único”, porque los despojó de su “cualidad marítima”. El resto de los países que obtuvieron territorio a expensas de Bolivia tienen una especie de perdón anticipado, que facilitaría una eventual política de alianzas contra Chile, en caso de conflicto mayor

Usted dice que la pretensión boliviana, ante un fallo favorable, es la de "negociar con ventaja". ¿Que es esto?

Significa sustituir una verdadera negociación entre países soberanos, con concesiones mutuas y dentro de los límites fijados por el tratado de 1904, por una falsa negociación inducida por los jueces de la CIJ. Digo “falsa negociación”, pues todos sabemos que los jueces no podrían llegar al resultado buscado, que es quitar territorio y mar a Chile para dárselos a Bolivia. Lo que se pretendió, por tanto, fue que esos jueces presionaran a favor de una imposición política de Bolivia contra Chile, tácitamente en nombre de la ONU.

¿Un montaje?

Podría definirse así. Por supuesto, los bolivianos sensatos e ilustrados saben que una eventual cesión de territorio chileno sólo podría producirse mediante un acuerdo libre, en un contexto político de excelentes relaciones y contemplando el eventual interés del Perú en Arica o, por extensión, en territorios que fueron peruanos. Dicho al revés: esos bolivianos saben que es completamente inviable ese tipo de acuerdo entre países que ni siquiera tienen relaciones diplomáticas.

Entonces…

Lo peligroso es que Evo Morales ha convencido a demasiados bolivianos de que una imposición judicial contra Chile es inminente. Además, con el juicio contribuyó a internacionalizar al máximo su causa, con resultados que deben parecerle óptimos. Mientras algunos países y personalidades como el Papa manifiestan simpatía por Bolivia, Chile sólo ha obtenido la correcta neutralidad de sus interlocutores internacionales. “Es un asunto bilateral”, nos dicen.

¿Por qué le parece peligroso?

Porque el diablo suele estar en las insensateces. A partir de la política agresiva de Morales pueden potenciarse los recuperacionistas bolivianos a ultranza. Los revanchistas que no temen o incluso buscan desencadenar un conflicto mayor, para actuar “en el momento oportuno”. Seguramente, entienden que un fallo favorable de la Corte los ayudaría en la parte sicológica y política de ese conflicto innombrable. ¡Vaya responsabilidad para unos jueces de la ONU!

Afirma que fue un error, por parte de Chile, aceptar que La Haya fuera intermediaria en este conflicto ¿Por qué?

En lo fundamental, porque si Bolivia había roto relaciones con Chile en 1968, si promulgó en 2009 una Constitución que denunciaba unilateralmente el tratado de 1904 y si se negaba a seguir negociando sin ayuda externa, recurrir a la CIJ componía una figura insólita: ¡la de un país miembro de la ONU, encomendando a un organismo de la ONU, una gestión en contra de otro miembro de la ONU!  Fue un intento audaz y desgraciadamente exitoso de manipulación del organismo judicial de la ONU.

¿No nos dimos cuenta?

Lo ignoro, pero sospecho que los abogados internacionales contratados por Chile, que suelen litigar ante la CIJ, no eran partidarios de darse cuenta. Equivalía a ser partidarios de quedar cesantes. Pero, como analista independiente y antiguo profesor de Derecho Administrativo, yo creo que al admitir la demanda boliviana a tramitación y al rechazar la objeción chilena de incompetencia, la Corte incurrió en lo que la doctrina francesa llama “desviación de poder”.

¿En qué consiste eso?

En actuar formalmente dentro de la ley, pero al margen de los fines de la misma ley. En este caso, al acoger la demanda, los jueces actuaron contra los fines de la Carta de la ONU: interfirieron en la autodeterminación de un país soberano, desprotegieron un tratado de límites vigente y contribuyeron a potenciar un eventual estado de riesgo para la paz y seguridad internacionales. Nuestro error fue someternos a ese desviado proceso judicial, pudiendo haberlo evitado y teniendo base jurídica para hacerlo.

Me llama la atención una frase que pronunció en una entrevista previa: "A ninguna gran potencia se le ocurriría delegar la solución de sus conflictos en jueces extranjeros impredecibles". ¿Podría explicarme a qué se refiere?

Mi punto es que en casos de conflictos de poder, los países deben actuar primero con el Derecho, después con la Diplomacia y al final con la Disuasión.  Es lo que académicamente he bautizado como doctrina de “las tres D”. Así, cuando los abogados de los países en pugna no se ponen de acuerdo, que es muy frecuente, pues están adiestrados para lo que se llama “juego suma cero”, entran a tallar los diplomáticos. Estos están o deben estar adiestrados para negociar y llegar a acuerdos que supongan concesiones mutuas, que es “el juego de suma variable”. Ahora, si los diplomáticos no producen un acuerdo satisfactorio, entra a tallar la disuasión defensiva, para evitar que sea la fuerza del otro la que solucione el conflicto.

Vaya…

Esto tiene su máxima expresión en las grandes potencias, para cuyos gobernantes sería impensable entregar a jueces internacionales la decisión sobre temas importantes de su política exterior. Peor, aún, su gran fuerza a veces las induce a soslayar incluso la negociación diplomática. Simplemente, tras declarar su derecho ejercen la disuasión ofensiva. Creo que el actual Presidente de los EE.UU simpatiza demasiado con esta opción.

¿Cree usted, que al asumir la demanda, se subestimó la mediatización de este conflicto, y la imagen favorable que Bolivia proyectaría?

Fuimos contradictorios al afirmar que los tratados son intangibles, que la demanda de Bolivia era artificiosa y que Chile jamás cedería un centímetro de territorio. Al someternos en definitiva al proceso, esas afirmaciones perdieron fuerza. Un abogado diría que fueron afirmaciones soberanas, pero ejecutables bajo condición resolutoria tácita.

¿Considera que Evo Morales ha sido más hábil ante los medios?  ¿Por qué?

Es un hecho. ¿La razón principal?... porque sin conocer a Talleyrand, ese histórico príncipe de los diplomáticos, el jefe boliviano adivinó que “el derecho más legítimo puede ser discutible”. Jamás pretendió que lo suyo fuera un conflicto jurídico y así dejó descolocados, política y comunicacionalmente, a nuestros abogados locales y extranjeros.

¿Está obligado Chile a acatar un fallo desfavorable?

En primer lugar, pienso que debemos ser responsables de nuestras políticas y de nuestros errores. Por tanto, lo primero es dejar de ocultar esos errores bajo la alfombra. Por hacerlo estamos como estamos, desde 1949. En segundo lugar, tras habernos sometido a proceso, no podemos desacatar el fallo de la Corte. Sólo cambiaría esta afirmación en caso de un fallo monstruoso, por el cual, contradiciéndose a sí mismos –subiéndose al piano, diría un chusco- los jueces nos obliguen a negociar para ceder parte de nuestro territorio y de nuestro mar.

Bolivia insiste en afirmar que el tratado de 1904 fue firmado bajo presión.

En rigor, fue firmado bajo la presión de haber perdido una guerra, como ha sucedido en la historia de todos los tratados de posguerras. Eso no significa que haya existido una presión de fuerza actuante. El tratado se firmó veinte años después del fin de esa guerra y ningún soldado chileno puso una pistola en la cabeza a Ismael Montes, el presidente de Bolivia, para que firmara. Los historiadores, incluso bolivianos, han reconocido esta circunstancia. Limitémonos a recordar, por tanto, que el presidente Montes fue reelegido y eso es muy indicativo.

¿Cree usted que Bolivia va a dejar alguna vez de pedirle mar a Chile?

Ojo, que ya no lo está pidiendo. Eso fue cuando consideraban que el mar era una “aspiración”. Ahora lo está exigiendo con abogados, jueces y acción. Todo esto con base en su nueva Constitución, rigurosamente anunciada como punto de viraje. Morales nos testeó desde 2007 hasta 2013 para ver como reaccionábamos ante esa Constitución y sólo dio el paso audaz de demandarnos cuando interpretó que nuestra reacción era débil.

¿Lo fue?

La verdad es que no sé qué respondió nuestro gobierno pues lo hizo mediante una nota que ha permanecido secreta. Al parecer, nos conformamos con declarar que nos eran “inoponibles” los artículos de esa Constitución que desconocían el tratado de 1904.

Se sabe que mucho de lo actuado por Evo Morales obedece a su intención de mantenerse en el poder

Que actúe contra Chile por motivaciones electorales adjuntas, no debiera ser problema nuestro. El problema electoral boliviano es de los bolivianos.
 

José Rodríguez Elizondo
Domingo, 30 de Septiembre 2018



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La demanda de Bolivia contra Chile tiene aristas coyunturales de carácter jurídico, pero también tiene aristas de interés doctrinario permanente. Po ejemplo, ha hecho claridad sobre los límites del Derecho, en los conflictos en que se disputa soberanía y sobre el rol que deben cumplir la diplomacia de negociación y la disuasión defensiva. En ese contexto ha surgido una importante polémica pública sobre el talante "salomónico" de la Corte Internacional de Justicia, que no garantizaría fallos "en estricto derecho" y sobre la necesidad de desvincularse del Pacto de Bogotá. Importa consignar que este tipo de debates antes sólo se dan en el secreto de las oficinas ministeriales.



Publicado en El Libero 25.9.2018
 
Se abriga en las cancillerías la ilusión de creer que no existen más derechos para las naciones que aquellos que los tratados les confieren.
Jules Cambon
 
En vísperas del fallo, los jueces de la Haya desempolvan sus pelucas, altos funcionarios chilenos elogian nuestra “sólida posición jurídica” y el énfasis en el deber ser legal vuelve a dejar en la penumbra al ser de la realidad.

Esa realidad, como todas, está hecha de matices. Quien entiende de política no cree que Evo Morales pensara, en algún momento, arrebatarnos territorio mediante una demanda judicial. Si sabe de leyes, entiende que nuestra concepción del derecho internacional no es idéntica a la de los quince jueces de La Haya. Además, si sospecha de estrategia, no subestima el apoyo que suscita la causa de Bolivia en otros países y personalidades, contrastado con la simple neutralidad que manifiestan hacia Chile.

Morales es tosco, pero no vive en una nube. Lo que quiere es seguir avanzando en una estrategia de mediano y largo plazo, bajo cobertura jurídica, para crear las condiciones que un mal día le permitan obtener territorio chileno, con una correlación de fuerzas a su favor y sin el costo de un encontronazo. Es una variable de lo que se conoce como "aproximación indirecta" y, obviamente, es indisociable de su ambición de perpetuarse en el poder.

EL DEBATE QUE NO FUE

Por eso, algunos advertimos (“oportunamente”) que si ya existía una decisión política de no ceder un centímetro de territorio a Bolivia, había que proyectarse más allá de la coyuntura. Esto implicaba no someter esa decisión a una Corte que podía mediatizarla. Además, había base jurídica para ello. Desgraciadamente, no se abrió debate al respecto, se optó por recusar la competencia de la Corte desde dentro, mediante excepciones preliminares… y ya sabemos cómo nos fue.

Pero, como el juridicismo es inmune a la realidad, pronto se dijo que la Corte nos hizo un favor al darnos en la cabeza, pues había acotado la demanda boliviana al solo trámite de negociar “sin comprometer resultado”. En lo sucesivo, Morales tendría claro que los jueces no podían endosarle territorio chileno. Habíamos ganado de carambola.

Sin embargo, aquello era too much e indujo un brote de pensamiento crítico en el alma nacional. Calificados diplomáticos aludieron a lo equívoco de llamar “Política exterior de Estado” a aplicaciones que nacen sin debate conocido. Otros recordaron que había distintas alternativas de solución pacífica en la Carta de la ONU. Incluso surgió una opinión multidisciplinaria y transversal pidiendo el retiro del Pacto de Bogotá, que tan funcional ha sido para entramparnos en el juridicismo.

Con buen criterio, el canciller Roberto Ampuero no ha descalificado esa opinión y ha manifestado, sugerente, que Chile no está disponible para “nuevas concesiones ni imposiciones”. El presidente Sebastián Piñera, por su parte, ya no reduce la defensa de Chile al solo factor legal. Hoy, está hablando de “la fuerza de la historia y la fuerza del derecho”… y no elude hacerse cargo de la agresividad de Morales. 

LEONES SORDOS

Con todo, aún quedan leones sordos y autocomplacientes. Funcionarios que, según el análisis de Max Weber, configuran “una administración de sesiones secretas, que oculta a toda crítica sus conocimientos y acciones”. Desde ese refugio, ignoran el arte de la diplomacia, niegan con acritud la desviación juridicista -reconocida por nuestros historiadores mayores- y mutan en proezas los errores que nos encadenan desde 1949. Son quienes sostenían, en 2002, que Chile “no reconoce controversia jurídica alguna con el Perú”, para terminar diciendo que “la controversia con el Perú es estrictamente jurídica”.

Con base en lo señalado y como irreductible aficionado a los pronósticos, termino con el siguiente:

Si la Corte comete el despropósito de obligarnos a negociar, Morales embandera Bolivia y nosotros iniciaremos un debate, muy inoportuno, sobre quienes tuvieron la culpa. Por esa vía seguiremos soslayando el debate de fondo, que es el de potenciar nuestra Cancillería al nivel que exigen nuestra historia, nuestra geografía y nuestra seguridad. Es decir, seguiremos ignorando la advertencia de ese sabio amigo que fue Luciano Tomassini, para quien “en el mundo actual, un país que ahorre en política exterior está expuesto casi con certeza a incurrir en grandes pérdidas y a desperdiciar muchos beneficios”.

Es nuestra gran asignatura pendiente. Para asumirla hace falta una fuerte dosis de unidad nacional y transversal, una pizca de pensamiento crítico y muchas gotas de humildad.

José Rodríguez Elizondo
Sábado, 29 de Septiembre 2018



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Debido a la experiencia con Bolivia, permanecer o no en el Pacto de Bogotá se ha convertidp en tema de debate político, en Chile. La opinión pública ilustrada comienza a comprender que no bastan los abogados para defender los intereses nacionales y que el derecho internacional no es intercambiable con la diplomacia. Es un tema al cual he asignado la mayor importancia, en mis libros y como docente. Últimamente, prestigiosos embajadores de carrera han asumido idéntico criterio y expertos de otros ámbitos me han acompañado en el debate. El siguiente texto, por ejemplo, fue fruto de un trabajo conjunto con un sociólogo que estuvo vinculado al equipo de defensa en La Haya, un ex embajador en Japón y Argentina y un ex comandante en jefe del Ejército.



Por ser un tema de interés nacional indiscutido, nos alegra que se esté produciendo un debate serio sobre el Pacto de Bogotá. Ante conflictos concretos, reducirse a la sola lógica legalista es negarse a asumir ideas diversas y soslayar factores tan principales de las relaciones internacionales como la experiencia histórica, el análisis político, la profesionalidad diplomática, la geoeconomía y la perspectiva estratégica. Es bloquearse al estudio de la realidad.  

Perseverar en esa actitud reduccionista, nos aleja cada vez más de las doctrinas de las escuelas diplomáticas desarrolladas, para las cuales, eventualmente, la audacia puede ser la verdadera prudencia. La diplomacia vaticana suele aplicar ese criterio: “La prudencia es una virtud del gobierno; la audacia también”. Talleyrand, maestro del pragmatismo diplomático, enseñaba que en materia de conflictos “aún el derecho más legítimo puede ser discutible”.

Dicho reduccionismo ha sido denunciado por nuestros historiadores. Para Francisco A Encina, Chile produce un fenómeno exótico: “el traspaso de la mentalidad jurídica propia a los pueblos extraños con que entra en relaciones”. Mario Barros, en su obra Historia Diplomática de Chile, describe esto como una “esclavitud jurídica”, base de una “espantosa falta de imaginación”.

En el caso del conflicto con Bolivia, el verdadero problema no es el juicio en La Haya. Este es un síntoma.  El gran desafío es una apetencia territorial de dicho país en perjuicio de Chile. Para alcanzarla, utiliza todos los medios a su alcance, entre ellos la demanda y persistirá en su propósito, cualquiera sea el tenor del fallo.

Sobre esa base, en todas nuestras publicaciones hemos enfatizado que se trata de un conflicto de poder –es decir, básicamente político- por estar en juego la soberanía. A mayor abundamiento, el gobierno boliviano lo ha politizado al extremo. No considerarlo es soslayar a) que se nos está aplicando en formato judicial ese recuperacionismo territorial que algunos desestiman por sernos “inoponible”, b) que el presidente Evo Morales lo ha proclamado sin tapujos en la Haya y  uno de sus cancilleres incluso invocó la ordalía de la sangre, y c) que los jueces de la Corte asumieron como legítima la demanda boliviana, en una decisión que la  doctrina comparada tipifica como “desviación del poder”.

Sería ingenuo, entonces, pensar que el gobierno boliviano renunciará a su estrategia  después del inminente fallo de la Corte. Estamos ante un desafío para largo, que incluso pudiera llegar a involucrar a otros países. La idea de anunciar, en el momento oportuno, el retiro del Pacto de Bogotá, es adelantarse a posibles escenarios más complejos, recuperando la plenitud de la facultad nacional para resguardar nuestra soberanía.  

Cabe agregar que, a partir del rechazo de la Corte a nuestras excepciones preliminares de competencia, la necesidad de desvincularnos del Pacto fue asumida por la opinión pública ilustrada y su debate fue legitimado por la Cancillería. Esto choca contra la posición del juridicismo a ultranza, para cuyos defensores el retiro siempre será inoportuno.

En definitiva, sin renunciar a las razones del derecho, pretendemos que Chile pase de los tiempos judiciales a los tiempos de la diplomacia profesional, asumiendo la necesaria capacidad de viraje de nuestra política exterior, aumentando así las opciones del jefe de Estado. Renunciar a esta opción, bajo el pretexto de la “oportunidad”, es ignorar la importancia de las señales en política internacional y mutilar a priori las opciones defensivas de nuestro país.

Reiteramos, por tanto, que el interés nacional se defiende con “todos los recursos legítimos del poder” y con “total apego a la Carta de la ONU.” En esto no hay amenaza alguna, no hay estridencia nacionalista, ni menos, una actitud temeraria.
El problema real, es que no hay peor sordo que el que no quiere oír ni hay mayor obstáculo para los intereses nacionales que los que no se atreven a innovar cuando las circunstancias lo exigen.

José Rodríguez Elizondo, Gabriel Gaspar Tapia, Eduardo Rodríguez Guarachi, Oscar Izurieta Ferrer

José Rodríguez Elizondo
Viernes, 21 de Septiembre 2018



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DECADENCIA DEL PACTO DE BOGOTÁ José Rodríguez Elizondo

El Pacto de Bogotá, de 1948, debió servir para que los países firmantes de la región judicializaran (y resolvieran) sus conflictos. Se partía de la base de que las negociaciones diplomáticas no habían funcionado y que la Corte Internacional de Justicia -organismo de la ONU- sólo podía emitir fallos estrictamente jurídicos, que, además, no afectaran los tratados vigentes entre los países firmantes. Sin embargo, todo indica que esa Corte ha interpretado su propia competencia con demasiada amplitud. Por eso, Colombia, país sede del Pacto, ya se retiró del mismo. y ahora se ha instalado la discusión al respecto en Chile, a propósito de la demanda de Bolivia ante esa Corte. A continuación, un texto que este bloguero y tres distinguidos actores de la vida pública chilena, publicamos sobre este materia, el 14 de julio de este año.


Cuando Bolivia constitucionalizó un supuesto “derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al océano Pacífico”, su “aspiración marítima,” mutó en desafío internacional. Su gobierno ya no buscaría un acuerdo consensuado con Chile, para optimizar sus vigentes salidas al mar, en el marco del tratado de límites de 1904. El objetivo era instalar un conflicto de poder.

Era el inicio público de una estrategia integral, de aproximación indirecta, orientada a la adquisición de parte de Arica o a la “recuperación” de Antofagasta. Su primer tramo, de apariencia jurídica, fue la demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con base en el Pacto de Bogotá, para que este tribunal de la ONU nos obligara a negociar una salida soberana al mar.

Nuestros abogados dictaminaron, de inmediato, que era una iniciativa jurídica inviable, pues soslayaba un requisito fundamental del Pacto: el respeto a los tratados vigentes. Faltó agregar que también violentaba los principios de la Carta de la ONU, encargada de velar por la no intervención, la paz y la seguridad internacionales.

 Por ello, cuando la CIJ acogió a trámite esa demanda, dio respaldo a una estrategia sin plausibilidad jurídica, pero idónea para poner en peligro la paz internacional. Además, asumió responsabilidades propias del Consejo de Seguridad, que es el encargado onusiano del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

Ante esas desviaciones de poder jurisdiccional, Chile pudo cuestionar de plano la competencia de la CIJ, no compareciendo al pleito mismo, con base en el artículo 53 de su Estatuto y de su jurisprudencia. Así bloqueaba ab initio la maniobra comunicacional del gobierno boliviano y deslegitimaba un posible fallo no acatable, Sin embargo, primó la tradición juridicista nacional y se optó por cuestionar a los jueces dentro del mismo proceso. Que ellos definieran su propia competencia, como si fuera un incidente procesal.

Tras el rechazo (categórico) de nuestras excepciones preliminares, quedó claro que la CIJ estaba por someter nuestra soberanía a revisión y que ningún fallo judicial liquidaría la estrategia de Bolivia. En efecto, su gobierno siguió exigiendo una negociación con resultados predeterminados, amenazando con nuevas demandas, optimizando la internacionalización de sus objetivos estratégicos y hostilizando a Chile por diversos medios tácticos. Sugerentemente, ya hay analistas que explican su actuar con base en las tesis de la “guerra asimétrica”. 

En tales circunstancias, Chile debió equilibrar mejor los recursos del derecho, con los de la diplomacia y la disuasión defensiva. Así, hoy anunciamos que nuestra defensa del patrimonio territorial empleará “toda la fuerza de la Historia” y no sólo la fuerza de la argumentación legal. En paralelo, ya estaba legitimado el debate sobre el retiro del Pacto de Bogotá.
Empleado como plataforma para cuestionar, de manera soslayada, la vigencia de los tratados, ese Pacto ya no sirve para blindar el estatus de paz inherente al respeto a los mismos. Por lo demás, nunca fue una barrera respecto a las potencias mayores, que no lo ratificaron y, a mayor abundamiento, ya se retiró Colombia, país sede de su aprobación en 1948.

Por lo señalado, Chile no debe resignarse a una eventual nueva demanda con contenidos revanchistas. Más bien, debe dejar en claro que, en lo sucesivo, asumirá la defensa de su soberanía de manera directa, sin mengua del compromiso de resolver los conflictos de poder de manera pacífica, respetando la letra y espíritu de la Carta de la ONU.

Consecuentemente, debemos retirarnos del Pacto de Bogotá. El haber entablado una demanda técnica ante la CIJ, contra Bolivia, sobre la naturaleza del río Siloli/Silala, no puede convertirnos en rehenes sine die de un instrumento que se hizo adverso a los intereses superiores del país.

Cabe agregar que no se trata de hacer de llanero solitario, reduciendo el tema a la emisión de un documento legalizado ante notario. Retirarnos exige un trabajo político y diplomático de calidad, con amplia información a los órganos principales de la ONU.

El tema de fondo no es de conveniencia adjetiva o procesal, sino de defensa sustantiva de nuestra soberanía, ejercida en un marco de bien forjada unidad nacional.

José Rodríguez Elizondo. Escritor, Profesor de Relaciones Internacionales Universidad de Chile
Gabriel Gaspar Tapia. Cientista político, ex Subsecretario FF.AA y exembajador en misión especial
Eduardo Rodríguez Guarachi, Abogado, Consejero Universidad Diego Portales, Director de Empresas, ex Embajador en Japón y Argentina
Oscar Izurieta Ferrer, cientista político, ex Comandante en Jefe del Ejército de Chile, ex Subsecretario de Defensa.

José Rodríguez Elizondo
Jueves, 19 de Julio 2018



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Esta es la tercera parte y final de mi ponencia presentada en Marruecos.


Presentación de la ponencia en Salón de Conferencias de la Academia del Reino. Rabat
Presentación de la ponencia en Salón de Conferencias de la Academia del Reino. Rabat

José Rodríguez Elizondo
 
ALGUNOS PRECEDENTES

La historia muestra ejemplos importantes de crisis de la democracia representativa, tanto en países centrales como periféricos.

Fue, sintomáticamente, lo que sucedió en el marco de las dos Guerras Mundiales. De manera muy clara, algunos intelectuales de prestigio denunciaron a los partidos políticos. Débiles o renuentes para mantener la democracia, éstos habrían catalizado la gran conflagración.

Un ejemplo emblemático para América Latina se produjo con un resonante discurso del intelectual argentino Leopoldo Lugones, en 1914. Fue un verdadero manifiesto contra la democracia representativa, según el cual: “ha sonado otra vez, para bien del mundo, la hora de la espada (…) esta hará el orden necesario que la democracia ha malogrado hasta hoy”.[1]
En Francia, durante la Segunda Guerra Mundial, la pensadora Simone Weil, produjo un texto duramente condenatorio para la democracia de partidos: “el único fin de todo partido político es su propio crecimiento y ello sin el menor límite (…) el hecho de que existan no es en absoluto un motivo para conservarlos”. [2]

Actualmente, un historiador norteamericano ha manifestado su temor a la ineficiencia de los partidos políticos democráticos ante la embestida de los partidos antisistémicos. Observando el proceso italiano, alertó sobre la posibilidad de “pasar del populismo (una forma autoritaria de democracia) al fascismo, una formación política que pretende destruir la democracia mediante la violencia política y la dictadura”.[3]

EL GRAN DESAFÍO

El desafío actual es cómo mantener la democracia representativa sin morir en el intento.

La dificultad mayor estriba en que el contexto occidental dejó de ser estimulante. Los Estados Unidos de hoy ya no asumen la misión de expandir la democracia, ni siquiera de manera tutelar. El gobierno de Donald Trump ha dejado fuera de juego la vieja doctrina del “destino manifiesto”. Está pasando del paternalismo del “buen vecino” (Franklin D. Roosevelt) y del apoyo de la Alianza para el Progreso (J. F. Kennedy), al aislamiento, la apología del Muro divisorio y hasta a las groserías contra países de la región.

Europa, por su parte, ya no puede competir con los Estados Unidos como modelo alternativo. Con el Brexit, los euroescépticos y los euroindignados abrieron un forado para socavar la integración de las democracias desarrolladas. En paralelo, emergen separatismos sísmicos, grandes referentes políticos desaparecen o dejan de ser lo que eran y se producen entendimientos entre nacionalistas, populistas y neofascistas. En esa línea se perfilan partidos extremistas fuertes en Alemania, Austria, Francia e Italia.

En otro nivel, las superpotencias emergentes, Rusia y China, no aportan modelos sociopolíticos cercanos a la democracia representativa latinoamericana y tampoco se proponen salvaguardar la democracia en la región.

Lo señalado obliga a que, haciendo de la necesidad virtud, los latinoamericanos salgamos de esta encrucijada con nuestras propias fuerzas. Sin pedir improbables apoyos externos. Para ese efecto, los líderes actuales y del futuro debieran tener en cuenta un viejo aforismo levantino: “si estamos ante un callejón sin salida la única salida está en el callejón”.
 
TRES REALIDADES CRÍTICAS

Para salir del callejón es necesario un proceso de cabal introspección, con eje en los partidos políticos, que los obligue a asumir las realidades críticas de la hora.

La primera realidad mencionable es la relación entre el deterioro de su representatividad y el incumplimiento de su función primaria. Si los partidos ya no cumplen con su rol de proveedores de personal político calificado para la gobernanza del Estado ni se identifican con sectores segmentados de la sociedad, es inevitable que se les perciba como “clase política” para sí.

La segunda realidad es la decadencia de la afirmación según la cual “sin partidos políticos no hay democracia”. Por una parte, la ciudadanía percibe que esa identificación es abusiva. Por otra parte, a la polarización política que inducen los partidos, contrapone una hiperfragmentación social, inducida, en lo fundamental, por el crecimiento urbano y las nuevas tecnologías de la información. Fruto de esta complejización –más sociológica que política-, surgen organizaciones para o antisistémicas que compiten con los partidos. Ser militante de éstos dejó de ser requisito para postular a cargos de representación.

La tercera realidad crítica es el sistema de privilegios con que se gratifica el trabajo político en las instituciones del Estado. Para ejemplificar, la “dieta parlamentaria” hoy está astronómicamente lejos de su origen histórico y semántico, que fue homologar las posibilidades de participar en la cosa pública, mediante la asignación de una remuneración que cubriera las necesidades básicas”[4]

Hoy, con base en sus estipendios y privilegios anexos, los representantes parlamentarios de izquierdas y derechas forman parte del segmento socioeconómico más alto en cada país. Como botón de muestra, tras la recuperación de la democracia en Chile, el monto de la “dieta parlamentaria”, que era 20,6 veces el ingreso mínimo, habría llegado a 40,5 veces dicho ingreso.[5]

(Dicho como paréntesis, sobre esa base económica, muchos representantes políticos manejan los misterios del mercado de capitales con más éxito del que sería prudente. Al mismo tiempo, los empleos que contribuyen a crear son ocupados, de preferencia, por sus clientes y parientes. Por cierto, ellos tienden a justificarse sobre la base de la legalidad formal y no de la legitimidad ética y creen –o fingen creer- que todos los males del sistema se solucionan mediante nuevas leyes electorales. Éstas, casi indefectiblemente, aumentan las curules y los privilegios adjuntos, con la consiguiente carga adicional para las arcas fiscales.)

Esta tercera realidad contiene una tarea,  quizás, la más difícil. Consiste en que los representantes políticos renuncien, por lo menos, a lo excesivo de sus privilegios. Es el gesto que espera la sociedad para comenzar a devolverles una parte de la confianza perdida. Incidentalmente, esta tarea ha sido intentada por algunos políticos jóvenes en mi país y resulta divertido observar cómo escabullen el tema los políticos veteranos… de todos los colores políticos.

RENOVACIÓN PROFUNDA

La gran política pública para sostener la democracia representativa en América Latina exige recuperar el capital cultural democrático, representado en lo regional por la Carta Democrática Interamericana. Esto exige una renovación profunda de los partidos políticos realmente existentes la que, entre otras cosas, significa:
  • Pasar del proyecto-partido, al proyecto-país y al proyecto-región.
  • Pasar de la información política restringida, que filtran los partidos políticos, a la información transparente y contrastada con la que producen las redes sociales.
  • Pasar de la subestimación de la corrupción a la guerra contra la misma.
  • Asumir una arquitectura orgánica congruente con lo anterior
Dicho en una fórmula, los partidos políticos tendrían que abandonar la pretensión de que sin ellos no hay democracia representativa y transitar desde ese absolutismo tautológico al relativismo de la realidad. Al fin y al cabo, organizar elecciones y construir partidos es un problema más de operadores que de líderes. Lo esencial es que esos partidos y esos líderes sean genuinamente democráticos pues, como escribiera audaz y precozmente Guy Hermet, “a veces son preferibles regímenes autoritarios liberalizados a las seudodemocracias corrompidas”.[6]

POLITICA FICCION

Si no hay voluntad política para una renovación drástica de los partidos políticos podemos imaginar dos posibilidades extremas.

La primera sería la emergencia de dictaduras de nuevo tipo. Orwellianas, si se quiere. Supondrían la colusión de caudillos y monopolios tecnológicos, ricos en data, con sistemas de vigilancia corporativa y ciudadana, a nivel nacional y regional.
La segunda sería la emergencia de organizaciones sinergizadas con aplicaciones de redes sociales, que impondrían una reforma en la estructura del Estado, una nueva arquitectura sociopolítica y nuevas teorías sobre la distribución del poder.
Si la primera opción imaginada es claramente antidemocrática, nada garantiza que la segunda confirme la democracia que hoy conocemos. Al menos, la debilitada democracia representativa que los académicos e intelectuales democráticos penosamente tratamos de sostener.
 
[1] https://www.youtube.com/watch?v=C1kmJysoxMU
[2] Simone Weil, Nota sobre la supresión general de los partidos políticos. José J. de Olañeta Editor, España, 2014.
[3] Federico Finchelstein, Italia: los fantasmas del fascismo, Clarin, 22.2.2018
[4] Según el Diccionario de uso del español, de María Moliner, en su acepción de “retribución”, dieta es “lo que se da para vivir”.  Por eso, en los primeros tiempos de la democracia representativa se hablaba de “dieta congrua”, en el sentido de “adecuada” o “conveniente”.
[5] Según informe de la Biblioteca del Congreso, cada senador chileno tiene un costo anual para el Estado de $379.049.241, que equivale aprox. a US$ 631.750. La cifra está compuesta por una dieta mensual de $9.121.806 (US$ 15.200), más gastos operacionales, montos por personal de apoyo y asesorías externas. V. http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/cuanto-le-cuesta-a-chile-un-diputado-y-un-senador-al-ano/20170227/nota/3395199.aspx
[6] V. Presentación: ¿la hora de la democracia?, en Revista internacional de Ciencias Sociales, junio de 1991.



José Rodríguez Elizondo
Domingo, 17 de Junio 2018



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Editado por
José Rodríguez Elizondo
Ardiel Martinez
Escritor, abogado, periodista, diplomático, caricaturista y miembro del Consejo Editorial de Tendencias21, José Rodríguez Elizondo es en la actualidad profesor de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Su obra escrita consta de 30 títulos, entre narrativa, ensayos y reportajes. Entre esos títulos están "Todo sobre Bolivia y la compleja disputa por el mar", “Historia de dos demandas: Perú y Bolivia contra Chile”, "De Charaña a La Haya” , “El mundo también existe”, "Guerra de las Malvinas, noticia en desarrollo ", Las crisis vecinales del gobierno de Lagos", "Crisis y renovación de las izquierdas" y "El Papa y sus hermanos judíos". Como Director del Programa de Relaciones Internacionales de su Facultad, ha vuelto a publicar la revista Realidad y Perspectivas (RyP), que fuera inexplicablemente suprimida por un Decano que no supo prestigiar su cargo. Ha sido distinguido con el Premio Rey de España de Periodismo (1984), Diploma de Honor de la Municipalidad de Lima (1985), Premio América del Ateneo de Madrid (1990) y Premio Internacional de la Paz del Ayuntamiento de Zaragoza (1991). En 2013 fue elegido miembro de número de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales.





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