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CONO SUR: J. R. Elizondo

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DECADENCIA DEL PACTO DE BOGOTÁ José Rodríguez Elizondo

El Pacto de Bogotá, de 1948, debió servir para que los países firmantes de la región judicializaran (y resolvieran) sus conflictos. Se partía de la base de que las negociaciones diplomáticas no habían funcionado y que la Corte Internacional de Justicia -organismo de la ONU- sólo podía emitir fallos estrictamente jurídicos, que, además, no afectaran los tratados vigentes entre los países firmantes. Sin embargo, todo indica que esa Corte ha interpretado su propia competencia con demasiada amplitud. Por eso, Colombia, país sede del Pacto, ya se retiró del mismo. y ahora se ha instalado la discusión al respecto en Chile, a propósito de la demanda de Bolivia ante esa Corte. A continuación, un texto que este bloguero y tres distinguidos actores de la vida pública chilena, publicamos sobre este materia, el 14 de julio de este año.


Cuando Bolivia constitucionalizó un supuesto “derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al océano Pacífico”, su “aspiración marítima,” mutó en desafío internacional. Su gobierno ya no buscaría un acuerdo consensuado con Chile, para optimizar sus vigentes salidas al mar, en el marco del tratado de límites de 1904. El objetivo era instalar un conflicto de poder.

Era el inicio público de una estrategia integral, de aproximación indirecta, orientada a la adquisición de parte de Arica o a la “recuperación” de Antofagasta. Su primer tramo, de apariencia jurídica, fue la demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con base en el Pacto de Bogotá, para que este tribunal de la ONU nos obligara a negociar una salida soberana al mar.

Nuestros abogados dictaminaron, de inmediato, que era una iniciativa jurídica inviable, pues soslayaba un requisito fundamental del Pacto: el respeto a los tratados vigentes. Faltó agregar que también violentaba los principios de la Carta de la ONU, encargada de velar por la no intervención, la paz y la seguridad internacionales.

 Por ello, cuando la CIJ acogió a trámite esa demanda, dio respaldo a una estrategia sin plausibilidad jurídica, pero idónea para poner en peligro la paz internacional. Además, asumió responsabilidades propias del Consejo de Seguridad, que es el encargado onusiano del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

Ante esas desviaciones de poder jurisdiccional, Chile pudo cuestionar de plano la competencia de la CIJ, no compareciendo al pleito mismo, con base en el artículo 53 de su Estatuto y de su jurisprudencia. Así bloqueaba ab initio la maniobra comunicacional del gobierno boliviano y deslegitimaba un posible fallo no acatable, Sin embargo, primó la tradición juridicista nacional y se optó por cuestionar a los jueces dentro del mismo proceso. Que ellos definieran su propia competencia, como si fuera un incidente procesal.

Tras el rechazo (categórico) de nuestras excepciones preliminares, quedó claro que la CIJ estaba por someter nuestra soberanía a revisión y que ningún fallo judicial liquidaría la estrategia de Bolivia. En efecto, su gobierno siguió exigiendo una negociación con resultados predeterminados, amenazando con nuevas demandas, optimizando la internacionalización de sus objetivos estratégicos y hostilizando a Chile por diversos medios tácticos. Sugerentemente, ya hay analistas que explican su actuar con base en las tesis de la “guerra asimétrica”. 

En tales circunstancias, Chile debió equilibrar mejor los recursos del derecho, con los de la diplomacia y la disuasión defensiva. Así, hoy anunciamos que nuestra defensa del patrimonio territorial empleará “toda la fuerza de la Historia” y no sólo la fuerza de la argumentación legal. En paralelo, ya estaba legitimado el debate sobre el retiro del Pacto de Bogotá.
Empleado como plataforma para cuestionar, de manera soslayada, la vigencia de los tratados, ese Pacto ya no sirve para blindar el estatus de paz inherente al respeto a los mismos. Por lo demás, nunca fue una barrera respecto a las potencias mayores, que no lo ratificaron y, a mayor abundamiento, ya se retiró Colombia, país sede de su aprobación en 1948.

Por lo señalado, Chile no debe resignarse a una eventual nueva demanda con contenidos revanchistas. Más bien, debe dejar en claro que, en lo sucesivo, asumirá la defensa de su soberanía de manera directa, sin mengua del compromiso de resolver los conflictos de poder de manera pacífica, respetando la letra y espíritu de la Carta de la ONU.

Consecuentemente, debemos retirarnos del Pacto de Bogotá. El haber entablado una demanda técnica ante la CIJ, contra Bolivia, sobre la naturaleza del río Siloli/Silala, no puede convertirnos en rehenes sine die de un instrumento que se hizo adverso a los intereses superiores del país.

Cabe agregar que no se trata de hacer de llanero solitario, reduciendo el tema a la emisión de un documento legalizado ante notario. Retirarnos exige un trabajo político y diplomático de calidad, con amplia información a los órganos principales de la ONU.

El tema de fondo no es de conveniencia adjetiva o procesal, sino de defensa sustantiva de nuestra soberanía, ejercida en un marco de bien forjada unidad nacional.

José Rodríguez Elizondo. Escritor, Profesor de Relaciones Internacionales Universidad de Chile
Gabriel Gaspar Tapia. Cientista político, ex Subsecretario FF.AA y exembajador en misión especial
Eduardo Rodríguez Guarachi, Abogado, Consejero Universidad Diego Portales, Director de Empresas, ex Embajador en Japón y Argentina
Oscar Izurieta Ferrer, cientista político, ex Comandante en Jefe del Ejército de Chile, ex Subsecretario de Defensa.

José Rodríguez Elizondo
Jueves, 19 de Julio 2018



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Esta es la tercera parte y final de mi ponencia presentada en Marruecos.


Presentación de la ponencia en Salón de Conferencias de la Academia del Reino. Rabat
Presentación de la ponencia en Salón de Conferencias de la Academia del Reino. Rabat

José Rodríguez Elizondo
 
ALGUNOS PRECEDENTES

La historia muestra ejemplos importantes de crisis de la democracia representativa, tanto en países centrales como periféricos.

Fue, sintomáticamente, lo que sucedió en el marco de las dos Guerras Mundiales. De manera muy clara, algunos intelectuales de prestigio denunciaron a los partidos políticos. Débiles o renuentes para mantener la democracia, éstos habrían catalizado la gran conflagración.

Un ejemplo emblemático para América Latina se produjo con un resonante discurso del intelectual argentino Leopoldo Lugones, en 1914. Fue un verdadero manifiesto contra la democracia representativa, según el cual: “ha sonado otra vez, para bien del mundo, la hora de la espada (…) esta hará el orden necesario que la democracia ha malogrado hasta hoy”.[1]
En Francia, durante la Segunda Guerra Mundial, la pensadora Simone Weil, produjo un texto duramente condenatorio para la democracia de partidos: “el único fin de todo partido político es su propio crecimiento y ello sin el menor límite (…) el hecho de que existan no es en absoluto un motivo para conservarlos”. [2]

Actualmente, un historiador norteamericano ha manifestado su temor a la ineficiencia de los partidos políticos democráticos ante la embestida de los partidos antisistémicos. Observando el proceso italiano, alertó sobre la posibilidad de “pasar del populismo (una forma autoritaria de democracia) al fascismo, una formación política que pretende destruir la democracia mediante la violencia política y la dictadura”.[3]

EL GRAN DESAFÍO

El desafío actual es cómo mantener la democracia representativa sin morir en el intento.

La dificultad mayor estriba en que el contexto occidental dejó de ser estimulante. Los Estados Unidos de hoy ya no asumen la misión de expandir la democracia, ni siquiera de manera tutelar. El gobierno de Donald Trump ha dejado fuera de juego la vieja doctrina del “destino manifiesto”. Está pasando del paternalismo del “buen vecino” (Franklin D. Roosevelt) y del apoyo de la Alianza para el Progreso (J. F. Kennedy), al aislamiento, la apología del Muro divisorio y hasta a las groserías contra países de la región.

Europa, por su parte, ya no puede competir con los Estados Unidos como modelo alternativo. Con el Brexit, los euroescépticos y los euroindignados abrieron un forado para socavar la integración de las democracias desarrolladas. En paralelo, emergen separatismos sísmicos, grandes referentes políticos desaparecen o dejan de ser lo que eran y se producen entendimientos entre nacionalistas, populistas y neofascistas. En esa línea se perfilan partidos extremistas fuertes en Alemania, Austria, Francia e Italia.

En otro nivel, las superpotencias emergentes, Rusia y China, no aportan modelos sociopolíticos cercanos a la democracia representativa latinoamericana y tampoco se proponen salvaguardar la democracia en la región.

Lo señalado obliga a que, haciendo de la necesidad virtud, los latinoamericanos salgamos de esta encrucijada con nuestras propias fuerzas. Sin pedir improbables apoyos externos. Para ese efecto, los líderes actuales y del futuro debieran tener en cuenta un viejo aforismo levantino: “si estamos ante un callejón sin salida la única salida está en el callejón”.
 
TRES REALIDADES CRÍTICAS

Para salir del callejón es necesario un proceso de cabal introspección, con eje en los partidos políticos, que los obligue a asumir las realidades críticas de la hora.

La primera realidad mencionable es la relación entre el deterioro de su representatividad y el incumplimiento de su función primaria. Si los partidos ya no cumplen con su rol de proveedores de personal político calificado para la gobernanza del Estado ni se identifican con sectores segmentados de la sociedad, es inevitable que se les perciba como “clase política” para sí.

La segunda realidad es la decadencia de la afirmación según la cual “sin partidos políticos no hay democracia”. Por una parte, la ciudadanía percibe que esa identificación es abusiva. Por otra parte, a la polarización política que inducen los partidos, contrapone una hiperfragmentación social, inducida, en lo fundamental, por el crecimiento urbano y las nuevas tecnologías de la información. Fruto de esta complejización –más sociológica que política-, surgen organizaciones para o antisistémicas que compiten con los partidos. Ser militante de éstos dejó de ser requisito para postular a cargos de representación.

La tercera realidad crítica es el sistema de privilegios con que se gratifica el trabajo político en las instituciones del Estado. Para ejemplificar, la “dieta parlamentaria” hoy está astronómicamente lejos de su origen histórico y semántico, que fue homologar las posibilidades de participar en la cosa pública, mediante la asignación de una remuneración que cubriera las necesidades básicas”[4]

Hoy, con base en sus estipendios y privilegios anexos, los representantes parlamentarios de izquierdas y derechas forman parte del segmento socioeconómico más alto en cada país. Como botón de muestra, tras la recuperación de la democracia en Chile, el monto de la “dieta parlamentaria”, que era 20,6 veces el ingreso mínimo, habría llegado a 40,5 veces dicho ingreso.[5]

(Dicho como paréntesis, sobre esa base económica, muchos representantes políticos manejan los misterios del mercado de capitales con más éxito del que sería prudente. Al mismo tiempo, los empleos que contribuyen a crear son ocupados, de preferencia, por sus clientes y parientes. Por cierto, ellos tienden a justificarse sobre la base de la legalidad formal y no de la legitimidad ética y creen –o fingen creer- que todos los males del sistema se solucionan mediante nuevas leyes electorales. Éstas, casi indefectiblemente, aumentan las curules y los privilegios adjuntos, con la consiguiente carga adicional para las arcas fiscales.)

Esta tercera realidad contiene una tarea,  quizás, la más difícil. Consiste en que los representantes políticos renuncien, por lo menos, a lo excesivo de sus privilegios. Es el gesto que espera la sociedad para comenzar a devolverles una parte de la confianza perdida. Incidentalmente, esta tarea ha sido intentada por algunos políticos jóvenes en mi país y resulta divertido observar cómo escabullen el tema los políticos veteranos… de todos los colores políticos.

RENOVACIÓN PROFUNDA

La gran política pública para sostener la democracia representativa en América Latina exige recuperar el capital cultural democrático, representado en lo regional por la Carta Democrática Interamericana. Esto exige una renovación profunda de los partidos políticos realmente existentes la que, entre otras cosas, significa:
  • Pasar del proyecto-partido, al proyecto-país y al proyecto-región.
  • Pasar de la información política restringida, que filtran los partidos políticos, a la información transparente y contrastada con la que producen las redes sociales.
  • Pasar de la subestimación de la corrupción a la guerra contra la misma.
  • Asumir una arquitectura orgánica congruente con lo anterior
Dicho en una fórmula, los partidos políticos tendrían que abandonar la pretensión de que sin ellos no hay democracia representativa y transitar desde ese absolutismo tautológico al relativismo de la realidad. Al fin y al cabo, organizar elecciones y construir partidos es un problema más de operadores que de líderes. Lo esencial es que esos partidos y esos líderes sean genuinamente democráticos pues, como escribiera audaz y precozmente Guy Hermet, “a veces son preferibles regímenes autoritarios liberalizados a las seudodemocracias corrompidas”.[6]

POLITICA FICCION

Si no hay voluntad política para una renovación drástica de los partidos políticos podemos imaginar dos posibilidades extremas.

La primera sería la emergencia de dictaduras de nuevo tipo. Orwellianas, si se quiere. Supondrían la colusión de caudillos y monopolios tecnológicos, ricos en data, con sistemas de vigilancia corporativa y ciudadana, a nivel nacional y regional.
La segunda sería la emergencia de organizaciones sinergizadas con aplicaciones de redes sociales, que impondrían una reforma en la estructura del Estado, una nueva arquitectura sociopolítica y nuevas teorías sobre la distribución del poder.
Si la primera opción imaginada es claramente antidemocrática, nada garantiza que la segunda confirme la democracia que hoy conocemos. Al menos, la debilitada democracia representativa que los académicos e intelectuales democráticos penosamente tratamos de sostener.
 
[1] https://www.youtube.com/watch?v=C1kmJysoxMU
[2] Simone Weil, Nota sobre la supresión general de los partidos políticos. José J. de Olañeta Editor, España, 2014.
[3] Federico Finchelstein, Italia: los fantasmas del fascismo, Clarin, 22.2.2018
[4] Según el Diccionario de uso del español, de María Moliner, en su acepción de “retribución”, dieta es “lo que se da para vivir”.  Por eso, en los primeros tiempos de la democracia representativa se hablaba de “dieta congrua”, en el sentido de “adecuada” o “conveniente”.
[5] Según informe de la Biblioteca del Congreso, cada senador chileno tiene un costo anual para el Estado de $379.049.241, que equivale aprox. a US$ 631.750. La cifra está compuesta por una dieta mensual de $9.121.806 (US$ 15.200), más gastos operacionales, montos por personal de apoyo y asesorías externas. V. http://www.adnradio.cl/noticias/nacional/cuanto-le-cuesta-a-chile-un-diputado-y-un-senador-al-ano/20170227/nota/3395199.aspx
[6] V. Presentación: ¿la hora de la democracia?, en Revista internacional de Ciencias Sociales, junio de 1991.



José Rodríguez Elizondo
Domingo, 17 de Junio 2018



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9votos

Esta es la segunda parte de mi ponencia del título, presentada a fines de mayo en Rabat.


REGIONALISMO ABIERTO

Para que esto sea un diagnóstico y no una autopsia, los analistas que valoran la democracia deben pasar del regionalismo ensimismado al regionalismo abierto, con el fin de compulsar otras experiencias democráticas.

Ese tránsito informativo no sólo alude al check and balance de los Estados Unidos. También importa conocer el funcionamiento de los diversos sistemas parlamentarios, republicanos o monárquicos y el de una monarquía constitucional como la del Reino de Marruecos, tan importante en el Medio Oriente y en la región del Magreb.[[1]]url:#_ftn1 Todo ello en relación, obviamente, con las variables propias de la estructuración unitaria o federal de cada país.

En esos empeños, los estudiosos deben aplicar las preguntas correctas, entre las cuales estarían las siguientes:

 
  • ¿Es intangible el sistema presidencialista vigente en la región?
  • Puede recuperarse el prestigio de la democracia representativa sin el apoyo de las “democracias centrales”?
  • ¿Es válida como alternativa una “democracia autoritaria”?
  • ¿Qué contenido tiene hoy la díada derechas/izquierdas?
  • ¿Qué rol está jugando la información política a través de las redes sociales?
  • ¿Es dable seguir soslayando el rol político implícito de las fuerzas armadas?
Intentar responder, aunque sea parcialmente, obliga a identificar el contexto actual de la decadencia de la democracia, evocar precedentes significativos e imaginar perspectivas de recuperación.

EL CONTEXTO

En supersíntesis, el fin del orden mundial de la Guerra Fría, fue el contexto global que marcó el auge de la democracia representativa en la región. Como contrapartida, en la región no se aprovechó ese momentum para iniciar un proceso sinérgico que contribuyera al desarrollo de esa democracia representativa.

Consecuentemente, la posibilidad de una democracia desarrollada en América Latina quedó encapsulada en los partidos políticos de cada país, sin “derrame” hacia la sociedad. Fue una combinación de organizaciones profesionalizadas y ciudadanos privatizados, que redujo la política a la administración burocrática del poder, No hubo posibilidad, por ende, para una estrategia regional o sub-regional que implementara la gran asignatura pendiente: la integración latinoamericana con base en una relación virtuosa del Estado, el Mercado y la Sociedad.

Ante el vacío de ese proyecto estratégico, la región quedó encasillada en una mala alternativa: el subdesarrollo ordinario o la regresión. Personalmente, con base en mi experiencia nacional, he planteado como variable -en parte irónica- el “subdesarrollo exitoso”, que equivale a una aplicación resignada del, mito de Sísifo: se producen avances sustanciales, pero nunca autosustentables.

Una de las consecuencias más graves de esta situación es que favorece la gran corrupción. Esto explica tanto las dificultades para controlarla, como la velocidad variable con que ataca hasta a las instituciones más insospechables en cada país. De hecho, el Estado nacional está cediendo espacios estratégicos al crimen organizado y al narcotráfico, que han adquirido, así, un enorme poder económico y político para infiltrarse en las instituciones. Más que los dirigentes políticos, esto es algo que han puesto en la agenda global los cineastas, con impactantes filmes y series inspiradas en “los narcos”.
En tales circunstancias, se está produciendo en América Latina una cascada de fenómenos antisistémicos. Entre ellos:

 
  • La polarización política
  • El desprestigio de los políticos profesionales
  • La reformulación de los ideologismos confrontacionales
  • El abstencionismo electoral
  • La emergencia de organizaciones sociales temáticas
  • La politización de los altos mandos militares por default y
  • La reapertura de los conflictos vecinales.
Como síntesis del silogismo, la región está viviendo una especie de carcoma del Estado Democrático de Derecho. Este carece, hoy, de partidos políticos que cumplan un rol de intermediación eficiente con la sociedad civil. Por añadidura el Estado, en cuanto máxima estructura sociopolítica, se encuentra abocado a una pésima alternativa: la resignación a un rol simplemente nominal o a una reacción represiva descontrolada.

No es de extrañar que, en ese contexto, las organizaciones sociales de carácter temático se politicen y que segmentos no despreciables de la sociedad manifiesten añoranza de la “mano dura” (léase, de las dictaduras). Esto último recuerda, subliminalmente, la célebre sentencia de Goethe: “prefiero una injusticia al desorden, porque el desorden es causa de mil injusticias”.


 
 
[[1]]url:#_ftnref1 Definido como una “monarquía constitucional, democrática y social”, el Reino de Marruecos muestra hoy una sociedad más abierta y con mayor inclusión de las mujeres que todos sus vecinos del Medio Oriente y Norte de África. Su sistema político promueve la participación de los ciudadanos, por la vía directa del referendum, la representación parlamentaria, la prohibición del “partido único” y el respeto a las religiones, en general. En este sistema, la pluralidad de partidos no es correlato del monopolio ni de la hegemonía de la representación. El artículo 3° de la Constitución establece que, junto con las organizaciones sindicales, las colectividades locales y las cámaras profesionales, los partidos políticos “concurren a la organización y representación de los ciudadanos”. Sobre esa plataforma, el rey, en cuanto jefe de Estado, goza de poderes literalmente reales, para garantizar la sustentabilidad del régimen y “el libre ejercicio de los cultos”. En la práctica, la participación democrática que garantiza el sistema marroquí es por lo menos equivalente –y en muchos casos superior- a la de muchas democracias latinoamericanas de estirpe occidental. Además, la prueba de los hechos dice que Marruecos configura una excepción calificada a la norma de la inestabilidad y/o difícil gobernanza de su región. Económicamente no sufre “la maldición de los recursos”, salió casi indemne de la destructividad que acompañó a la “Primavera Árabe” y, al parecer, ya no está bajo la amenaza de los grupos islamistas radicales, gracias a la doble legitimidad –histórica y religiosa- de su Jefe de Estado, quien es “el Comendador de los creyentes”. Las élites marroquíes, conscientes de su excepcionalidad y de la importancia del soft power, han sabido invertir en política exterior, para externalizar las características de su democracia y la excepcionalidad de lo que llaman su “Islam cultural”.  Es una historia política que los gobernantes democráticos de América Latina debieran conocer y procesar.
 

José Rodríguez Elizondo
Domingo, 10 de Junio 2018



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6votos

Marruecos es una monarquía constitucional de mucha solera cultural y con una performance política que fascina a los expertos. Estos comenzaron a percibirlo cuando el Rey Mohammed VI sobrevivió, de manera airosa, al impacto del fundamentalismo árabe en su región del Magreb. Quizás por eso, Marruecos hoy está poniendo mucho énfasis en una política exterior que lo proyecte más allá del Magreb y del Medio Oriente, donde Hasssan II –padre de Mohammed- jugo un destacado rol moderador. En esa línea proactiva, la Academia del Reino organizó en Rabat, a fines de abril de este año, una importante reunión internacional sobre “América Latina como horizonte del pensamiento”, en cuyo marco presenté la ponencia del título, Como creyente periodístico y académico en la “hora pedagógica”, la presento a continuación, convenientemente parcelada.


BONANZA EFÍMERA

El fin de la guerra fría fue una buena noticia para la democracia representativa en América Latina. Las Naciones Unidas proclamaban los “dividendos de la paz” y Francis Fukuyama, desde los Estados Unidos, saludaba el “fin de la historia”. Ya no habría que priorizar los cañones sobre la mantequilla y, con una sola excepción, todos los gobiernos de América Latina región eran producto de elecciones competitivas con pluralismo ideológico.

El sistema había llegado (o había vuelto) para quedarse y el ex canciller de México, Jorge Castañeda, dio una explicación sociológica: una nueva clase media baja había aportado “la anhelada base social de la democracia”. Como esta nueva clase tenía mucho que perder con aventuras populistas, desequilibrios financieros, pleitos internacionales y la corrupción, elegiría sistemáticamente gobiernos de centroizquierda o centroderecha (El País, 4.1.2011).

La mala noticia es que, pese a esa base ampliada, la confianza en la solidez de la democracia representativa no alcanzó a durar dos décadas. Desde el año 2015:
  • Comenzó a advertirse una creciente aversión a la alternancia en el poder.
  • Gobernantes de talante autoritario cambiaron las reglas del juego electoral para perpetuarse en el poder.
  • Otros gobernantes no pudieron completar los períodos de su mandato.
  • Se inició un listado de gobernantes prófugos, procesados, condenados y encarcelados por corrupción.
  • El personal político, huérfano de liderazgos, fue dominado por los operadores.
  • Los partidos políticos acentuaron su tendencia al clientelismo, abandonando o postergando los proyectos-país.
  • La administración pública civil fue haciéndose progresivamente más ineficiente.
  • La inseguridad ciudadana comenzó a crecer de manera alarmante.
  • La delincuencia comenzó a desbordar a la policía.
  • La inmigración por problemas políticos comenzó a crecer exponencialmente
  • Correlativamente, hubo síntomas de policialización de los militares y hasta fuerzas armadas co-gobernando.
  • Los analistas advirtieron lo obvio: por acción u omisión, este síndrome estaba inextricablemente vinculado al desencanto con la democracia representativa y a la corrupción. Recientemente, el imprevisto presidente peruano Martín Vizcarra, sintetizó esta percepción mediante una formulación bastante cruda, extensiva a toda la región:
  • “Corrupción e impunidad son dos caras de una misma moneda (y) amenaza la gobernabilidad de nuestras naciones” (El Mercurio, 13.4.2018)
EL DESENCANTO

La conocida encuesta Latinobarómetro, de 2017, midió el desencanto regional con la democracia, como venía haciéndolo en versiones anteriores. Una austera síntesis de sus contenidos dice que:
  • La merma en la popularidad de la democracia se identifica con la corrupción de la política.
  • La corrupción de la política produce un derrame hacia todos los actores públicos: políticos, económicos, religiosos, civiles y militares.
  • Más del 80% de los encuestados cree que se está gobernando en beneficio de grupos poderosos.
Respecto a la pregunta de si es posible erradicar la corrupción de la política, Latinobarómetro dice que el 50% de los encuestados responden que “sí” y el 43% que “no”. En relación con ello, las demandas de “mano dura” (autoritarismo político) están alcanzando cotas altas, incluso en los tres países con mayor tradición democrática: Costa Rica (78%), Chile (75%) y Uruguay (71%). En varios países de la región, más del 50% de la población cree que no es dable recuperar la credibilidad de la política.

Estas mediciones significan que América Latina está entre las regiones más profundamente defraudadas con la performance de la democracia representativa. Habría decaído peligrosamente la afirmación de que “la democracia soluciona problemas”. En cuanto a las ideologías políticas, la encuesta afirma que “la izquierda y la derecha siguen existiendo, pero su incidencia en lo que sucede es cada día menor”.

Más grave, aún, la encuesta de Latinobarómetro de 2018 ratifica la recién glosada. De esto se colige que se mantiene la mala percepción sobre los políticos, con la consiguiente desconfianza hacia los partidos y el alto nivel de inconformidad con la democracia. Pero agrega una advertencia ominosa: “lo que cinco años atrás era tolerable, hoy no lo es”.

DECODIFICACIONES

Obviamente, el mencionado estado de situación de la democracia produce análisis diferenciados y complejos. Entre ellos se distinguen, por su optimismo o resignación, los que producen los analistas militantes de los partidos políticos.

Por lo general, esos analistas expresan -o fingen- tranquilidad. Dan a entender que se puede surfear sobre las malas ondas pues, incluso en el marco de una democracia poco representativa, la gente es libre para votar o no votar. Añaden que, a diferencia de los ciclos dictaduras/democracias, hoy sólo estamos hablando de democracias más o menos imperfectas. En cuanto a la corrupción, serían gajes del desarrollo. En todas partes existe y otros países están peor que el propio.

Desde la inercia del statu quo, esos analistas subestiman tres fenómenos vinculados: el presidencialismo sin contrapesos políticos adecuados, la judicialización de la política y la policialización de las fuerzas armadas. De acuerdo con estos factores, la defensa de la democracia representativa estaría dependiendo, cada vez más, de la probidad de los jueces y de la apoliticidad de los militares. En Brasil, el país geopolíticamente más importante de la región, los jueces están enjuiciando a Presidentes y ex Presidentes de la República y las fuerzas armadas están patrullando las ciudades para resguardar el orden interno.

Puede agregarse que en los ciclos democracias/dictaduras, antes de y durante la Guerra Fría, se valoraba culturalmente la democracia, por su propio mérito y también como objetivo final. Para los dictadores, parafraseando a Oscar Wilde era “el homenaje que el vicio rinde a la virtud”.

En cambio, lo que ahora existe es la desvalorización -expresa o tangencial- de la democracia realmente existente. En ésa línea se está negando, incluso, la valoración minimalista de Karl Popper, para quien el mérito esencial de la democracia es la revocabilidad pacífica de los malos gobernantes: “es posible deshacerse del gobierno sin derramamiento de sangre, por medio de una votación”. Como bien sabemos, esa valoración reducida también está en peligro. Existen hoy gobernantes elegidos, que se muestran dispuestos a asumir la ordalía de la sangre, para mantenerse en el poder.

Con el mérito de lo expresado, la aparente desaprensión de los analistas militantes es políticamente suicida. Las primeras víctimas del fracaso de la democracia serían los partidos políticos mismos y sus analistas orgánicos. Por eso, en vez de aferrarse a la valoración irónica de Winston Churchill, debieran conocer esa parábola mordaz de Bertolt Brecht, según la cual “soy libre dijo el esclavo…y se cortó
el pie”.

José Rodríguez Elizondo
Martes, 5 de Junio 2018



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CHILE, BOLIVIA Y CARETAS José Rodríguez Elizondo

Los alegatos de los abogados bolivianos y chilenos en La Haya fueron seguidos con toda atención en el Perú. Y no por interés en la aplicación del derecho internacional, sino porque sus expertos saben que es Arica -provincia peruana antes de la guerra del Pacífico- el territorio que pretenden los bolivianos pragmáticos, para tener una salida soberana al mar. Es el tema de la siguiente entrevista, publicada en la prestigiosa revista Caretas.


¿Qué le parece lo más novedoso en los alegatos bolivianos?
El montar un caso en que todos pierden: Bolivia, porque los jueces no pueden asignarle soberanía sobre territorios chilenos; Chile, porque su “poder suave” quedó lastimado al enfrentar un juicio humillante, y la Corte de La Haya, por meterse en camisa de once varas. 

¿En qué consiste esa camisa?
En asumir, de manera imprudente, competencia ante una demanda artificiosa, Esto le debió quedar claro con el doble discurso boliviano que sus jueces debieron soplarse: el de los abogados internacionales, pidiendo una justicia que hiciera ineficaz un tratado de límites y el de Evo Morales, confesando que lo suyo era recuperar Antofagasta. Es decir, revertir los resultados de una guerra que él llama “invasión”, para embolinar la perdiz. Por eso, los jueces hoy arriesgan convertirse en los clásicos “aprendices de brujo”. En lugar de dirimir una controversia para desactivar un conflicto, pusieron un escenario global, que potencia el conflicto y fortalece a un líder que está lejos de garantizar la paz y sensatez internacionales. 

Parece una jugada demasiado arriesgada por parte de Evo…
El es supremamente audaz y lo que ha hecho es una típica “fuga hacia adelante”. Y más en términos de poder personal que de interés nacional. Su señuelo es el mar con soberanía a corto plazo, objetivo incrustado en el alma boliviana. Pero su objetivo real es la reelección indefinida, con base en lo que he llamado “estrategia de aproximación indirecta”. Esta implica debilitar a Chile para luego -conseguido ese objetivo- volverse hacia el Perú. Me explico: si acepta que recuperar Antofagasta es imposible, acondicionará a los suyos para aceptar lo que los bolivianos del poder han buscado desde 1825: soberanía sobre Arica, que nunca fue boliviana. 

¿Qué posibilidades tiene Chile de que sus argumentos resulten triunfantes ante la Corte Internacional de Justicia?Técnicamente, todas. Ningún tribunal puede obligar a un país a negociar la cesión de territorios pasando por sobre un tratado de límites. Pero, bastaría una simple exhortación amable de los jueces a “negociar de buena fe”, para que Morales envuelva a Bolivia en una bandera gigante. Es que aquí los tecnicismos importan poco y lo comunicacional es casi todo. Alan García lo vio desde un comienzo, cuando aconsejó a ciertos escuchas chilenos “no le den bola a Evo”. Sabía lo que decía, pues como presidente estuvo en la prehistoria del tema. Recordemos que Morales lo acusó de haber demandado a Chile por la frontera marítima, para bloquearle una salida boliviana al mar.

¿Lo decidido por la Corte respecto del diferendo marítimo con el Perú incidirá en su fallo en este caso?
Es parte de la camisa de once varas. Si los jueces inducen una negociación para dar a Bolivia una salida soberana al Pacífico, chocarán con su propio fallo de 2014. Este ratifica la continuidad de los litorales peruano y chileno y, obviamente, si hay continuidad de dos, no cabe la inserción de un tercero. Por eso Morales soslaya, por el momento -subrayo “por el momento”-, cualquier protagonismo del Perú. Imagino que en Torre Tagle siguen al milímetro los avatares de este pleito y algunos estarán releyendo a Bákula.

¿Favorece a Evo Morales la caída de PPK y la asunción de Martín Vizcarra?
Posiblemente lo peor para él era PPK, por sus vínculos con “el imperio”. Quizás ignora que la negociación chileno-boliviana de 1948-1951, invocada como principal por sus abogados, fue fruto de la inducción de Harry Truman. Ese líder del “imperio” fue muy convincente sobre el tema, ante el presidente chileno Gabriel González Videla. El mismo a quien el abogado Antonio Remiro Brotons ungió en La Haya como estadista máximo de Chile.

¿Conoce usted la opinión que tiene al respecto el expresidente y actual vocero Carlos Mesa?
Conozco una de 2013, que está en su blog y me extraña mucho que no haya salido a colación en La Haya. Marca una profunda diferencia con la fuga hacia delante de Morales. Basta citarle el siguiente párrafo: “el presidente Morales debe entender la grave complejidad que representa la posición peruana, sobre la que Bolivia no hace nada desde hace tantos años. Pero debe estar claro que no hay otro camino que Arica si no queremos ir al absurdo impracticable de partir en dos el territorio de Chile”.

Post fallo de La Haya, ¿cuál será el nuevo escenario?
Depende de si Morales tiene o no éxito en su ilegítimo empeño re-re-re-electoral. Si lo consigue, tendrá que enfrentar la frustración de sus electores, cuando verifiquen que La Haya no les dio una salida soberana al mar. Desde su audacia, eso puede potenciar otra fuga hacia adelante y ahí todos debemos estar bien preparados. Un presidente capaz de ignorar un referendum, camuflar una guerra, inventar triunfos bélicos inexistentes y sembrar la cizaña entre sus vecinos, es un peligro para todos. Comenzando por los bolivianos.

José Rodríguez Elizondo
Viernes, 6 de Abril 2018



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Editado por
José Rodríguez Elizondo
Ardiel Martinez
Escritor, abogado, periodista, diplomático, caricaturista y miembro del Consejo Editorial de Tendencias21, José Rodríguez Elizondo es en la actualidad profesor de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Su obra escrita consta de 30 títulos, entre narrativa, ensayos y reportajes. Entre esos títulos están "Todo sobre Bolivia y la compleja disputa por el mar", “Historia de dos demandas: Perú y Bolivia contra Chile”, "De Charaña a La Haya” , “El mundo también existe”, "Guerra de las Malvinas, noticia en desarrollo ", Las crisis vecinales del gobierno de Lagos", "Crisis y renovación de las izquierdas" y "El Papa y sus hermanos judíos". Como Director del Programa de Relaciones Internacionales de su Facultad, ha vuelto a publicar la revista Realidad y Perspectivas (RyP), que fuera inexplicablemente suprimida por un Decano que no supo prestigiar su cargo. Ha sido distinguido con el Premio Rey de España de Periodismo (1984), Diploma de Honor de la Municipalidad de Lima (1985), Premio América del Ateneo de Madrid (1990) y Premio Internacional de la Paz del Ayuntamiento de Zaragoza (1991). En 2013 fue elegido miembro de número de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales.





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