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CONO SUR: J. R. Elizondo

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Debido a la experiencia con Bolivia, permanecer o no en el Pacto de Bogotá se ha convertidp en tema de debate político, en Chile. La opinión pública ilustrada comienza a comprender que no bastan los abogados para defender los intereses nacionales y que el derecho internacional no es intercambiable con la diplomacia. Es un tema al cual he asignado la mayor importancia, en mis libros y como docente. Últimamente, prestigiosos embajadores de carrera han asumido idéntico criterio y expertos de otros ámbitos me han acompañado en el debate. El siguiente texto, por ejemplo, fue fruto de un trabajo conjunto con un sociólogo que estuvo vinculado al equipo de defensa en La Haya, un ex embajador en Japón y Argentina y un ex comandante en jefe del Ejército.



Por ser un tema de interés nacional indiscutido, nos alegra que se esté produciendo un debate serio sobre el Pacto de Bogotá. Ante conflictos concretos, reducirse a la sola lógica legalista es negarse a asumir ideas diversas y soslayar factores tan principales de las relaciones internacionales como la experiencia histórica, el análisis político, la profesionalidad diplomática, la geoeconomía y la perspectiva estratégica. Es bloquearse al estudio de la realidad.  

Perseverar en esa actitud reduccionista, nos aleja cada vez más de las doctrinas de las escuelas diplomáticas desarrolladas, para las cuales, eventualmente, la audacia puede ser la verdadera prudencia. La diplomacia vaticana suele aplicar ese criterio: “La prudencia es una virtud del gobierno; la audacia también”. Talleyrand, maestro del pragmatismo diplomático, enseñaba que en materia de conflictos “aún el derecho más legítimo puede ser discutible”.

Dicho reduccionismo ha sido denunciado por nuestros historiadores. Para Francisco A Encina, Chile produce un fenómeno exótico: “el traspaso de la mentalidad jurídica propia a los pueblos extraños con que entra en relaciones”. Mario Barros, en su obra Historia Diplomática de Chile, describe esto como una “esclavitud jurídica”, base de una “espantosa falta de imaginación”.

En el caso del conflicto con Bolivia, el verdadero problema no es el juicio en La Haya. Este es un síntoma.  El gran desafío es una apetencia territorial de dicho país en perjuicio de Chile. Para alcanzarla, utiliza todos los medios a su alcance, entre ellos la demanda y persistirá en su propósito, cualquiera sea el tenor del fallo.

Sobre esa base, en todas nuestras publicaciones hemos enfatizado que se trata de un conflicto de poder –es decir, básicamente político- por estar en juego la soberanía. A mayor abundamiento, el gobierno boliviano lo ha politizado al extremo. No considerarlo es soslayar a) que se nos está aplicando en formato judicial ese recuperacionismo territorial que algunos desestiman por sernos “inoponible”, b) que el presidente Evo Morales lo ha proclamado sin tapujos en la Haya y  uno de sus cancilleres incluso invocó la ordalía de la sangre, y c) que los jueces de la Corte asumieron como legítima la demanda boliviana, en una decisión que la  doctrina comparada tipifica como “desviación del poder”.

Sería ingenuo, entonces, pensar que el gobierno boliviano renunciará a su estrategia  después del inminente fallo de la Corte. Estamos ante un desafío para largo, que incluso pudiera llegar a involucrar a otros países. La idea de anunciar, en el momento oportuno, el retiro del Pacto de Bogotá, es adelantarse a posibles escenarios más complejos, recuperando la plenitud de la facultad nacional para resguardar nuestra soberanía.  

Cabe agregar que, a partir del rechazo de la Corte a nuestras excepciones preliminares de competencia, la necesidad de desvincularnos del Pacto fue asumida por la opinión pública ilustrada y su debate fue legitimado por la Cancillería. Esto choca contra la posición del juridicismo a ultranza, para cuyos defensores el retiro siempre será inoportuno.

En definitiva, sin renunciar a las razones del derecho, pretendemos que Chile pase de los tiempos judiciales a los tiempos de la diplomacia profesional, asumiendo la necesaria capacidad de viraje de nuestra política exterior, aumentando así las opciones del jefe de Estado. Renunciar a esta opción, bajo el pretexto de la “oportunidad”, es ignorar la importancia de las señales en política internacional y mutilar a priori las opciones defensivas de nuestro país.

Reiteramos, por tanto, que el interés nacional se defiende con “todos los recursos legítimos del poder” y con “total apego a la Carta de la ONU.” En esto no hay amenaza alguna, no hay estridencia nacionalista, ni menos, una actitud temeraria.
El problema real, es que no hay peor sordo que el que no quiere oír ni hay mayor obstáculo para los intereses nacionales que los que no se atreven a innovar cuando las circunstancias lo exigen.

José Rodríguez Elizondo, Gabriel Gaspar Tapia, Eduardo Rodríguez Guarachi, Oscar Izurieta Ferrer

José Rodríguez Elizondo
Viernes, 21 de Septiembre 2018



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Editado por
José Rodríguez Elizondo
Ardiel Martinez
Escritor, abogado, periodista, diplomático, caricaturista y miembro del Consejo Editorial de Tendencias21, José Rodríguez Elizondo es en la actualidad profesor de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Su obra escrita consta de 30 títulos, entre narrativa, ensayos y reportajes. Entre esos títulos están "Todo sobre Bolivia y la compleja disputa por el mar", “Historia de dos demandas: Perú y Bolivia contra Chile”, "De Charaña a La Haya” , “El mundo también existe”, "Guerra de las Malvinas, noticia en desarrollo ", Las crisis vecinales del gobierno de Lagos", "Crisis y renovación de las izquierdas" y "El Papa y sus hermanos judíos". Como Director del Programa de Relaciones Internacionales de su Facultad, ha vuelto a publicar la revista Realidad y Perspectivas (RyP), que fuera inexplicablemente suprimida por un Decano que no supo prestigiar su cargo. Ha sido distinguido con el Premio Rey de España de Periodismo (1984), Diploma de Honor de la Municipalidad de Lima (1985), Premio América del Ateneo de Madrid (1990) y Premio Internacional de la Paz del Ayuntamiento de Zaragoza (1991). En 2013 fue elegido miembro de número de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales.





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