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CONO SUR: J. R. Elizondo

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CHILE: EL DESBORDE DE LOS POLÍTICOS José Rodríguez Elizondo

El 17.11.2019 el diario peruano La República, del cual fui columnista, me hizo la entrevista que reproduzco justo cuando, con excepción de los comunistas, los políticos chilenos del sistema comenzaban a rectificar comportamientos. Tras casi un mes de caos, el susto sirvió para que dejaran de ser comparsas de "la calle" y asumieran sus deberes de representación. Mis entrevistadores fueron Carlos Páucar y Ernesto Carrasco


No se ven salidas claras al estallido social en Chile. Se requieren respuestas democráticas urgentes e integrales. El internacionalista y exdiplomático chileno José Rodríguez Elizondo ensaya reflexiones sobre el suceso que sorprendió a la región.

¿Por qué la ciudadanía en Chile esperó tanto tiempo para hacer conocer sus demandas en las calles ante la desigualdad social y un modelo económico que encarece los servicios, y con muchas insuficiencias en las políticas de salud y jubilación?

La razón de fondo es que los procesos económicos y sociopolíticos no son instantáneos sino acumulativos, aunque muchos políticos no lo adviertan. Hasta hace poco, nuestros actores económicos disfrutaban mucho porque los indicadores eran los mejores de la región y andaban cerca de los de algunos países desarrollados. Repetían, como un mantra, que la pobreza  había disminuido, los negocios  atraían negocios y los sectores medios accedían a su mejor consumo histórico. Soslayaban la imperfección oligopólica de los mercados −léase la colusión de los empresarios poderosos−, el estrés del endeudamiento fácil, el crecimiento de las desigualdades y el impacto del bajón cultural en la enseñanza.

Chile se distinguía en la región por su estabilidad, crecimiento y disciplina fiscal, por ser un modelo de país, en la región y el mundo. En realidad, ¿se escondían cifras de una realidad insostenible?

Las cifras estaban al alcance de quien quisiera asumir la diferencia entre el bienestar de la economía abstracta y el malestar de las personas concretas. Los crecidos indicadores habían ocultado el tema de las desigualdades comparativas. Además, llegado el momento del retiro, los ingresos de la edad productiva ya no cubrían los gastos de salud  y mutaban en tristes pensiones de jubilación. La explosión multitudinaria de octubre correspondió, entonces, a la llegada en diferido de una factura global. Lo grave es que también abrió un forado para que violentistas, terroristas  en forja y delincuentes comunes destruyeran nuestro metro, vandalizaran calles, parques y sedes políticas, incendiaran iglesias y supermercados  e incurrieran en el pillaje sistemático.

¿Conocían las autoridades que había un descontento? ¿Cuáles son las clases sociales más insatisfechas y de qué cifras de la población estamos hablando?

No dispongo de cifras que desglosen el fenómeno por clases sociales, pero tengo un dato muy notable. Según una encuesta sobre el carácter de las protestas, un 50,3 % las definió como mayoritariamente pacíficas y un 46,2% como mayoritariamente vandálicas y violentas. Es decir, casi la mitad de los encuestados homologó como “protestas” a los actos delictuales o vandálicos. Y no solo eso. Lo más sorprendente fue que ¡un 27 % estuvo de acuerdo con las seudo protestas  violentas y vandálicas o no las condenó!… Es decir, aceptaban o se resignaban a la destrucción de nuestro país.

¿Se inclina usted a pensar que la crisis se carga a favor de las izquierdas políticas?

Es lo que dicen los anarcos y, en general, los políticos antisistema. Quieren administrar la protesta, aprovechando que las muchedumbres ambulantes no tienen un comunicador que exprese preferencias políticas. Yo creo, por lo mismo, que la protesta debe interpretarse restrictivamente o por default. Me explico: esos millones de chilenos en las calles ratifican, de manera presencial, que la pureza teórica del mercado es antagónica con la impureza concreta de la sociedad. Cualquier sociedad. También recuerdan lo advertido, precozmente, por Patricio Aylwin, el primer mandatario de la transición: “el mercado es cruel”. Por lo dicho, esta rebelión de las masas es una crítica a este gobierno por acumulación. Porque tampoco atinó a fijar un punto de equilibrio entre la economía de mercado pura o “salvaje” y la economía libre, pero regulada por el Estado en función de las necesidades sociales.

Se observa que los políticos y el propio gobierno quedaron fuera de juego respecto a las protestas violentas y los vandalismos.

Sobre nuestros políticos profesionales, creo −y esto es un poco marxista− que sus condiciones de existencia determinaron sus niveles de conciencia. Sus estipendios y beneficios anexos están entre los más altos del mundo y eso los ha anulado en cuanto a “representantes” de distintos segmentos sociales. Desde sus privilegios, estaban ensimismados en sus juegos clientelares y de poder. Por eso, las masas de octubre los desbordaron de manera ecuánime. Por la derecha y por la izquierda.
A su vez, ese vacío de políticos ayudó mucho a que delincuentes y antisistémicos indujeran el pánico social, usufructuando de la amplia exposición que tuvieron en todos los medios y, en especial, en la televisión abierta. Esta suspendió su programación normal y mostró en sus pantallas, a toda hora, la violencia que a los violentos interesaba mostrar, como lo sabe cualquier estudioso de la materia. Entrampado en esta crisis dentro de la crisis, el gobierno no contó con el talento político transversal y comunicacional que tamaño problema requería. Concentrados en la “administración económicamente correcta” del país, el presidente y sus ministros carecían del lenguaje apropiado o se limitaban a la amenaza del aplicar “todo el rigor de la ley a quienes resultaran culpables”.

Precisamente, la respuesta inicial de Piñera, con policías y militares, añadida a la frase: Esto es guerra y los toques de queda. ¿Fue un error? ¿Revivió la sombra de la dictadura de Pinochet? ¿Qué debió hacer antes que todo el mandatario?

Fue un error de arrastre y de conceptualización política. Lo primero, porque tras el gobierno de Ricardo Lagos se descuidó la política y el trato especial que exigen la mantención y perfeccionamiento de la fuerza legítima. Si se me excusan la autorreferencia, escribí un libro sobre este tema que ningún político dio señales de conocer (Historia de la relación civil-militar en Chile). Lo segundo, porque las palabras de un jefe deben ser exactas y corresponder a sus posibilidades de acción. En concreto, diagnosticar una guerra implicaba contar con lo que no se tenía: datos duros de inteligencia y plena armonía entre la política hacia la fuerza y la estrategia respectiva. En el Perú, en los años del terrorismo, aprendí que, sin una política afinada hacia los agentes de la fuerza legal, es tan riesgoso diagnosticar una guerra y sacar militares a la calle… como no hacerlo de manera oportuna.

Piñera ha tomado ya algunas decisiones políticas: cambio de gabinete, convocatoria a partidos políticos, anuncio de nueva Constitución. ¿Será suficiente para salir de la crisis toda vez que las marchas, algunas muy violentas, continúan?

Podría serlo, si existe la voluntad política de que así sea. De hecho, mientras me entrevistan, han comenzado las negociaciones sobre una nueva Constitución entre casi todos los actores del sistema. Solo se ha excluido, autoaislándose, el Partido Comunista. Esta convergencia sobre el tema constitucional, que al comienzo parecía teoricista o desfasada, puede dar frutos si se privilegia el patriotismo, si la inteligencia civil comienza a funcionar, si se entiende que negociar no es imponer, si la Policía perfecciona su capacidad de disuasión y si las Fuerzas Armadas dan una señal de apoyo disciplinado a la institucionalidad democrática, en la línea de los generales mártires René Schneider y Carlos Prats. Pero, por sobre todo, el empeño fructificará si el presidente Piñera se dirige a la nación, explicando esta urgencia de unidad nacional, con la solemnidad, austeridad y dramaticidad que la oportunidad requiere.
 

José Rodríguez Elizondo
Domingo, 17 de Noviembre 2019



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LOS PARTIDOS EN SU HORA “D” José Rodríguez Elizondo

Cuando una crisis se prolonga, el analista suele parecer reiterativo. La única excusa, en mi caso, es que conozco demasiado bien lo que sucede cuando una crisis no encuentra su puerta de salida y los partidos políticos juegan a la ruleta rusa con la democracia. Chile sigue viviendo en tensión extrema y la clase política no responde a la gravedad del momento.



Publicado en El Mercurio 10.11.2019
 
Según la experiencia histórica, los partidos políticos democráticos que no atinan a conducir una gran crisis terminan arrasados por la misma. Crudamente lo expresó Simone Weil en plena Segunda Guerra Mundial: “el hecho de que los partidos existan no es en absoluto un motivo para conservarlos”.

En nuestro caso y por extensión en América Latina, su rol desfalleciente nos está planteando el tema mayor: cómo mantener la democracia representativa sin combatir a la delincuencia organizada y la violencia terrorista. Una dificultad grande –dado que somos copiones- es que el contexto democrático occidental dejó de ser estimulante. Los Estados Unidos ya no asumen la misión autoasignada de expandir la democracia. Con Donald Trump optaron por el aislamiento, la apología del Muro y hasta las groserías contra países de la región. Europa, por su parte, hoy no luce como modelo alternativo. Con el Brexit se abrió un forado para socavar la integración de las democracias desarrolladas. En paralelo, emergen separatismos sísmicos, grandes referentes políticos dejan de ser lo que eran y se producen entendimientos ominosos entre nacionalistas, populistas y neofascistas en Alemania, Austria, Francia e Italia.

Para salir del callejón lo primero es asumir, sin eufemismos, la inanidad de los partidos chilenos realmente existentes. Si ya ni siquiera fingen representar a sectores enormes de la sociedad y carecen de líderes, es inevitable que se les perciba como “clase política” marginal, que se esconde en la adulación a “la calle” .

La segunda realidad, vinculada, es la decadencia de la tesis según la cual “sin partidos políticos no hay democracia”. De partida, la ciudadanía hoy percibe que ser militante dejó de ser aval para postular a cargos de representación. Y máxime, en el contexto de una hiperfragmentación social, inducida por el crecimiento urbano, la problemática mapuche, el Me too, la inmigración masiva, las organizaciones temáticas y las redes sociales.

Una tercera realidad crítica de los partidos, es el mal escuchado repudio popular a los privilegios, con cargo al Presupuesto, que se distribuyen. Basta ejemplificar con la “dieta parlamentaria” (y sus significativos colgajos), que se fija en relación con las más altas remuneraciones del Estado y no con el salario mínimo. Lejos está de su origen semántico e histórico según el cual –María Moliner dixit- dieta es “lo que se da para vivir”.

Con base en esas tres realidades, parte importante de los políticos chilenos -de cualquier partido- llegó a insertarse en el segmento socioeconómico más alto. Desde ese atalaya pueden manejar los misterios de los mercados con más éxito propio del que sería prudente, beneficiando, de paso, a clientes y parientes. Lo paradójico es que algunos tienden a justificarse con la legalidad que ellos mismos contribuyen a forjar y creen que una de las soluciones es aumentar las curules, para mantener una representatividad proporcional … de la cual carecen.

La gran política pública para sostener la democracia representativa exige, entonces, recuperar el capital cultural democrático dilapidado, teniendo presente la sombría opción del estudioso francés Guy Hermet: “a veces son preferibles regímenes autoritarios liberalizados a las seudodemocracias corrompidas”.

En lo más obvio, aquello exige que los partidos no contribuyan a derribar nuestra democracia realmente existente, con acusaciones constitucionales cruzadas, vista gorda ante las acciones violentistas, sesgos diversionistas ante el vandalismo ni, menos, llamando a la renuncia del Jefe de Estado.

Más allá, es imperiosa su renovación profunda y esto significa pasar del dispendio presupuestívoro a la austeridad, del proyecto clientelar al proyecto-país, de la subestimación de la corrupción a la guerra contra la misma y de la autocomplacencia opositora al enfrentamiento de la crisis del Estado en desarrollo.

Para esos efectos, sus dirigentes tendrían que abandonar la pretensión (o la ilusión) de que sólo ellos garantizan la democracia y transitar desde ese absolutismo al relativismo de la realidad. Al fin y al cabo, organizar elecciones es un problema más de operadores que de líderes.

Por todo lo señalado, en este momento todavía añoramos una declaración movilizadora, de todos los partidos del sistema, sobre dos bases de mínima unidad nacional: afirmar la continuidad democrática que tanto costó forjar e impedir que fuerzas oscuras sigan destruyendo a Chile.

El problema es que el tiempo se acaba

José Rodríguez Elizondo
Miércoles, 13 de Noviembre 2019



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OCTUBRE DE TERROR José Rodríguez Elizondo

Tras algunas jactancias imprudentes sobre la excepcionalidad chilena, en cuanto a democracia y desarrollo, se desató sobre nuestro país un alud de demandas sociales embalsadas. Lo grave es que ese alud llegó acompañado de un vendaval de violencia y hasta de terrorismo, que sobrepasó el mes de octubre y sigue hasta el momento que subo este texto a Cono Sur.



Este año Halloween se adelantó 13 días y nos brindó a los chilenos un Octubre de espanto. El viernes 18 pasamos, sin transición, del excepcionalismo jactancioso al Estado de excepción. Las bajas humanas, la destrucción de la red del Metro y el desabastecimiento inducido mediante incendios, vandalismo y pillaje, fueron noticia ominosa a nivel global. Como efecto inevitable, Chile incrementó su indicador de riesgo-país y debió a renunciar a ser sede de la COP 25 y de la APEC. Un golpe estratégico para nuestro soft power en el ámbito internacional.

En la superficie hay consenso sobre la fórmula letal: estrés social acumulado por décadas, nula representatividad de los políticos, alza del pasaje del metro como detonante, disponibilidad justiciera de la masa estudiantil, delincuencia potenciada al acecho y nula inteligencia técnica en materias de seguridad del Estado. Más a fondo, el consenso se acaba. Una encuesta al paso demostró que la percepción sobre la naturaleza de las protestas estaba polarizada: un 50.3 % las definía como mayoritariamente pacíficas y un 46.2% como mayoritariamente vandálicas y violentas. Sorprendentemente, un 27 % estaba de acuerdo con las segundas o no las condenaba.

Visto así el tema, cualquier solución política equivale a tratar de operar a un león sin amarrarlo ni anestesiarlo. Baste señalar que, por parte presidencial, hubo cambio de ministros -materia siempre opinable- y una oferta de medidas que incluían “heterodoxos” subsidios sociales. Un sector de la oposición se negó a dialogar, planteó acusaciones constitucionales contra el ministro del Interior saliente y contra el propio Presidente. Además, aprovechó la coyuntura para posicionar sus propias agendas, con epicentro en una nueva Constitución y un jefe de partido incluso pidió la renuncia del jefe de Estado.  

Los parlamentarios, por su lado, invirtieron tiempo en reyertas poco dignas, evacuaron su sede apenas la supieron cercada por una multitud y omitieron la única señal autocrítica que les repondría prestigio: un acuerdo unánime y sin condiciones, para fijar su dieta en función del salario mínimo y no de las más altas remuneraciones del Estado.

No era de extrañar, por tanto, que la inmensa mayoría de chilenos siguiera produciendo manifestaciones públicas, de enorme envergadura, contribuyendo a la evidencia de tres efectos explosivos. Primero, la institucionalidad carece de la base social necesaria para equilibrar agendas políticas divergentes. Segundo, perseverar en la confrontación sin diálogo, deslegitima la democracia realmente existente. Tercero, la aparición del fantasma del vacío de poder y, por añadidura, de eso que los politólogos conceptualizan como “guerra interna”.

Concluyendo: nuestra democracia, tan duramente reconquistada, vuelve a estar en peligro.

José Rodríguez Elizondo
Domingo, 10 de Noviembre 2019



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Editado por
José Rodríguez Elizondo
Ardiel Martinez
Escritor, abogado, periodista, diplomático, caricaturista y miembro del Consejo Editorial de Tendencias21, José Rodríguez Elizondo es en la actualidad profesor de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Su obra escrita consta de 30 títulos, entre narrativa, ensayos y reportajes. Entre esos títulos están "Todo sobre Bolivia y la compleja disputa por el mar", “Historia de dos demandas: Perú y Bolivia contra Chile”, "De Charaña a La Haya” , “El mundo también existe”, "Guerra de las Malvinas, noticia en desarrollo ", Las crisis vecinales del gobierno de Lagos", "Crisis y renovación de las izquierdas" y "El Papa y sus hermanos judíos". Como Director del Programa de Relaciones Internacionales de su Facultad, ha vuelto a publicar la revista Realidad y Perspectivas (RyP), que fuera inexplicablemente suprimida por un Decano que no supo prestigiar su cargo. Ha sido distinguido con el Premio Rey de España de Periodismo (1984), Diploma de Honor de la Municipalidad de Lima (1985), Premio América del Ateneo de Madrid (1990) y Premio Internacional de la Paz del Ayuntamiento de Zaragoza (1991). En 2013 fue elegido miembro de número de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales.





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