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ESPAÑA SIGLO XX: Santos Juliá
Blog de Tendencias21 sobre la historia reciente de España




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Bitácora



Desde las primeras elecciones, celebradas en junio de 1977, el sistema español de partidos ha concentrado en los dos primeros más del 60% de los votos.


Todo comenzó en medio de una sopa de siglas y al son de los peores augurios. De lo primero la culpa no había que descargarla más que en los 40 años de una dictadura que no acababa de pasar. Por la derecha, a medida que aumentaba la descomposición de las “familias” del régimen de Franco, la política giraba en torno a “personalidades”, cada cual con su séquito, cada cual tomando posiciones para enfrentarse al hecho biológico. Por la izquierda, a la pétrea solidez del Partido Comunista, con su capital político acumulado en años de persecución, cárcel y tortura, le habían salido grupúsculos respondones, acusándolo, como Lenin a Kautsky, de traidor y renegado; y entre socialistas, el PSOE del exilio contemplaba desolado cómo los del interior se emancipaban de su tutela y se hacían con el santo y la limosna. En fin, en lo que ya comenzaba a formar una pareja inseparable, nacionalidades y regiones, salían a la superficie grupos y partidos ocupando posiciones en el doble eje de ubicación ideológica e identidad territorial, añadiendo nuevos ingredientes a una sopa ya bien abastecida con partidos de ámbito estatal.

Los malos augurios no solo fueron pan de cada día de los irreductibles nostálgicos del régimen en descomposición, ni de quienes, en camisa azul o con uniforme caqui, prodigaban declaraciones lamentando la confusión y el caos al que inexorablemente conduciría todo aquel barullo. Muchos hispanistas, de Francia a Estados Unidos, se sumaron a quienes aseguraban que los españoles, tan proclives al individualismo y a la anarquía y con sobradas reservas de energía reprimida después de tantos años de dictadura, acabarían montando un sistema multipartidista necesariamente abocado a los extremos, un camino seguro para repetir, como profetizó Giovanni Sartori en su clásico estudio de 1975, lo ocurrido en la República, experimento demasiado breve y confuso, destinado al caos.

Y de pronto, sin apenas tiempo para el aprendizaje, a la mayoría de los españoles les dio por votar a la europea. De los ciento y muchos partidos y agrupaciones electorales inscritos en el registro de Gobernación, llegaron a presentarse en junio de 1977 hasta 82 candidaturas. De ellas, a la última no la votó nadie, ni sus promotores, cero votos. Y la primera, la mayor beneficiaria de un sistema electoral fabricado a la medida del partido del Gobierno, alcanzó con no más del 34,5% de votos, 166 escaños, lejos de la mayoría absoluta, pero suficiente para gobernar. Era UCD, una coalición, más que un partido, manufacturada a toda prisa con variados retales de procedencia falangista, democratacristiana, liberal, socialdemócrata, una sopa de siglas en sí misma, bajo el liderazgo –o lo que fuera- de Adolfo Suárez. A cinco puntos de distancia, con el 29,4% de votos y 118 escaños irrumpió el PSOE, refundado en Suresnes en 1974 y liderado por Felipe González, que había mostrado una extraordinaria capacidad para fagocitar pequeños grupos que pululaban desperdigados por nacionalidades y regiones.

Tan decisivo para el sistema de partidos en formación fue que entre esas dos candidaturas y las dos siguientes de ámbito estatal, las del PCE y AP, lideradas por sendos políticos muy curtidos y con edad y rostro para evocar en un caso, Santiago Carrillo, la guerra civil, y en otro, Manuel Fraga, la dictadura, se abriera un boquete de más de 20 puntos de distancia, con lo que ambas salieron perjudicadas por la aplicación del método D’Hont, que castiga a las minorías cuando se quedan muy lejos de las mayorías y no hay mucho pastel que repartir, o sea, las 27 circunscripciones que cuentan con cinco escaños o menos.

En realidad, el sistema electoral, proporcional pero con distribución de escaños según el método del resto mayor y con circunscripciones provinciales, lo que pretendía era asegurar una confortable mayoría de escaños a UCD aun para el caso de que no obtuviera, como se temía, una mayoría absoluta de votos. La oposición comunista y socialista aceptó esta proporcionalidad corregida porque la alternativa hubiera sido un sistema mayoritario, que habría asegurado el triunfo de la derecha. Nadie previó entonces que solo dos partidos de entre la masa de concurrentes se despegarían con tanto ímpetu de sus inmediatos competidores, pero así fue, con el resultado de dos partidos mayoritarios y otros dos minoritarios a derecha e izquierda, con el añadido de partidos nacionalistas en Euskadi y Cataluña: un sistema, pues, bipartidista imperfecto o atenuado en el ámbito estatal y pluripartidista en dos ámbitos no estatales, el catalán y el vasco. Así comenzó a rodar el sistema de partidos y así pareció consolidarse en las segundas elecciones, convocadas al promulgarse una Constitución que, a la vista de la primera experiencia, sancionó en su art. 68.2 la provincia como circunscripción electoral, asignando a cada una de ellas “una representación mínima inicial” y consagrando el criterio de “representación proporcional”, aunque sin mentar para nada al señor D’Hondt.

Pero la legislatura inaugurada en 1979, y destinada a consolidar aquel bipartidismo imperfecto, acabó en la ruina del sistema todavía en formación. UCD se fue suicidando a lo largo de 1981 y el PC entró en una espiral de purgas y expulsiones que lo liquidó como partido relevante. Con posibilidades de futuro –aparte de los partidos de ámbito no estatal en su propio territorio- solo quedaron, por la derecha, la extrema, Alianza Popular, y por la izquierda, la que iba centrándose, un PSOE que, seguro de que a su izquierda solo se abría el abismo, echó las redes en los caladeros del centro. Ganó, claro, con un porcentaje de votos cercano a la mayoría absoluta (48,3%) y un número de escaños que la superaba holgadamente (202), mientras que AP, algo crecida con los restos del naufragio de UCD, alcanzaba el 26%, magnitud pronto bautizada como el techo de Fraga.

Y techo macizo fue en las dos siguientes convocatorias, dando así origen a un sistema de partido dominante hasta que José María Aznar emprendió en 1993, como antes Felipe González, su particular peregrinaje al centro, rompiendo así por fin el techo del 26%, reduciendo a cuatro puntos los 20 que lo separaban del PSOE y convirtiendo a un refundado PP en alternativa creíble de gobierno. Quien nunca levantó cabeza fue la tercera opción, ni por el centro, como Suárez lo intentó con su CDS, ni por la izquierda, como fue el sueño de Julio Anguita y su famosos sorpasso, siempre al alcance de la mano, siempre desvanecido el día de las elecciones.

Tal es el sistema que ha perdurado hasta hoy mismo. ¿La razón? Bueno, es habitual atribuir de manera mecánica al método D’Hondt el bipartidismo y, sin duda, ese método ayuda, como ayudó también al sistema de partido dominante: los socialistas lo saben muy bien porque lo disfrutaron durante diez años y, lejos de reformarlo para garantizar una mayor proporcionalidad, lo confirmaron como el mejor de los sistemas posibles porque aseguraba estabilidad a sus gobiernos e infundía desánimo a terceros competidores.  Pero con la ayuda no basta: depende de cuántos sean los votos que acopie cada partido, y más aún de cuan larga sea la distancia entre el primero y el segundo y entre ambos y los que vienen detrás, para que esa ayuda pase de la teoría a la práctica. Incluso en una circunscripción con solo tres escaños, en las que se da por supuesto el sesgo mayoritario, el beneficiado podría ser un tercero en discordia si consiguiera la mitad más uno de votos alcanzados por el primero, en cuyo caso se llevaría el mismo botín, un escaño.

De manera que para que el sistema funcione como bipartidista se necesita, además de esa mano que siempre echa el señor D’Hondt a los primeros llegados, que entre estos y los que vienen detrás la distancia sea muy ancha, casi abismal. Y esto es, en resumidas cuentas, lo que ha ocurrido en nuestra historia electoral: si en los años de nacimiento del sistema, UCD y PSOE alcanzaban en torno al 65% del voto válido, desde 1993 la progresión del bipartido ha sido continua hasta conseguir en 2008 nada menos que el 84,7%: ocho y medio de cada diez españoles votaron PSOE o PP en esa convocatoria. Una cantidad extraordinaria, de la que se derivó la mayor estabilidad gubernamental desde que se introdujo el sufragio en España y una solidez del sistema de partidos a prueba de cualquier turbulencia. Culminación de una subida a la cima, la progresión del voto acopiado por PP y PSOE entre 1993 y 2008 fue continua y consistente: 74, 77, 80, 82, 85 por ciento de todos los votos resumen quince años de historia, un éxito sin precedente, que proporcionó a los dos partidos el 86, 85, 88, 89 y 92 por ciento de escaños en las sucesivas legislaturas.

Hasta que llegó la crisis y quebró la serie. Primero los votantes del PSOE y luego, tras su más amplio triunfo en unas elecciones, los del PP, hartos de la artificiosa y suicida política de crispación, con la reducción al “y tu más” de toda la pelea en el patio de vecindad de los dos partidos, comenzaron a desertar masivamente el campo de cada cual a la vista de las respuestas que cada uno daba a la crisis y de la inagotable serie de cohechos, sobornos, comisiones, financiaciones irregulares, ERE, sobresueldos, cuentas bancarias en paraísos fiscales, tarjetas negras y demás corrupciones sobre las que se montó la gran burbuja inmobiliaria. El PSOE se había quedado sin habla, y mucho le cuesta recuperarla, desde la noche triste de mayo de 2010, obligado a adoptar políticas de recortes y austeridad que pusieron fin a sus irresponsables alegrías presupuestarias. Y el PP, que se creyó que por su cara bonita iba a restablecer la confianza de los mercados, recurrió a políticas agresivas contra la clase media y los tres millones de empleados públicos –entre ellos, cientos de miles de docentes y sanitarios, sectores con fuerte capacidad de movilización- procediendo a la congelación y reducción de salarios y al rescate de la mitad del sistema financiero en medio del continuo desplome de las cajas de ahorro, instituciones centenarias depredadas por una voraz clase política; todo ello en medio de escándalos particularmente hirientes, protagonizados por señoritos repeinados y otras gentes de buena sociedad y delictivo vivir entrando a saco en los bienes públicos.

Probablemente, en este origen de la quiebra del bipartidismo radique la razón de que la protesta social no se haya manifestado, como en Europa, en el auge de algún partido de extrema derecha. Al cabo de cuatro años del 15M, con ocupación de plazas y mareas en las calles, los dos partidos que recogieron de una u otra forma los efectos de la sacudida de aquel acontecimiento han recorrido en muy poco tiempo un buen trecho de la senda que lleva al centro. Podemos ha liquidado, con el desparpajo propio del fabricante de retóricas de usar y tirar, su primera “construcción discursiva”, aquel proyecto de ruptura populista teorizado por Ernesto Laclau, consistente en dicotomizar el espacio público para construir un “nosotros”, la gente, enfrentado a un “ellos”, la casta, y ha buscado nueva inspiración ¡quién lo diría! en Manuel Azaña, repitiendo la pauta iniciada por Felipe González y continuada con éxito por José María Aznar. Y Ciudadanos, por su parte, ha decidido que solo alcanzará la meta si ocupa una posición que sirva lo mismo para un roto que para un descosido, para un pacto por la derecha –con el PP- o por la izquierda –con el PSOE-, de modo que aun si no obtuviera la mayoría relativa en las inminentes elecciones, podría negociar su apoyo a cualquiera de los dos a un precio muy elevado, por ejemplo, la reforma de la ley electoral que garantice para el futuro un sistema cuatripartidista.

En cualquier caso, el terremoto que ha sacudido al bipartidismo hasta su raíz, que no es otra que la voluntad de los electores expresada en las urnas, anuncia algo más que una crisis del sistema imperante desde 1993: su caída y sustitución por un pluripartidismo moderado, con un gobierno de coalición –o quizá un pacto de legislatura- PP/Cs o PSOE/Cs (probablemente con PNV y nuevos partidos o coaliciones de ámbito no estatal echando una mano por aquello de facilitar lo complicado que se volverá la gobernación del Estado), quedando Podemos en una posición de reserva activa. No es la menor lección de esta historia que cualquiera de estos futuribles, u otros de idéntico cariz,  será posible sin haber reformado previamente la Constitución y sin haber modificado ni una coma de la ley electoral: el señor D’Hondt, tan vilipendiado por tirios y troyanos, no podrá evitar, desde ultratumba, una sonrisilla irónica.

Publicado en AHORA, 18-23 diciembre 2015

Santos Juliá
Domingo, 27 de Diciembre 2015 13:13

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Editado por
Santos Juliá
Eduardo Martínez de la Fe
Santos Juliá es catedrático del Departamento de Historia social y del pensamiento politico en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Durante las últimas décadas ha publicado numerosos trabajos de historia política, social y cultural de España en el siglo XX: República y guerra civil, socialismo, Madrid, intelectuales, Azaña, franquismo, transición y cuestiones de historiografía han sido los principales campos de su trabajo. Premio Nacional de Historia de España 2005 por su libro Historias de las dos Españas, ha editado recientemente las Obras Completas de Manuel Azaña en siete volúmenes y ha publicado Vida y tiempo de Manuel Azaña, 1880-1940. Escribe también, desde 1994, comentarios de política española en el diario El País.






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