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ACUERDOS FISCALES PARADÓJICOS: REVOCACION DEL NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL II





Gabriel Barceló

04/02/2020

Nos hemos referido anteriormente al procedimiento tributario de revocación del Número de Identificación Fiscal aplicado por la Administración tributaria. Hemos expuesto que la forma actual de interpretar la normativa, puede convertirlo en un procedimiento inadecuado, incoherente, e incluso, contraproducente, que impide solucionar racionalmente las posibles causas del problema.


Las empresas están obligadas a disponer de Dirección Electrónica Habilitada (DEH), para la recepción de las notificaciones administrativas que por vía telemática puedan practicar las distintas Administraciones Públicas.
Desde que existe esa notificación electrónica, la forma de actuar de la Administración es comunicar la notificación al presunto buzón electrónico del contribuyente, y a continuación, al no recibir respuesta, dar por no conocido el domicilio del contribuyente, y publica un nuncio en el BOE.
Pero es necesario destacar que, en determinados supuestos, la AEAT conoce perfectamente que el contribuyente no dispone de ese buzón, por lo que nunca recibirá tal notificación. Este es el caso de los expedientes iniciados para la revocación del Número de Identificación Fiscal.
Cuando se tramitaban las notificaciones por correo, la empresa podía recibir una notificación en papel, semejante a la siguiente:
 
ACUERDO
Como resultado del procedimiento de rectificación censal en curso y habiendo transcurrido el plazo para presentar alegaciones, se comunica el acuerdo de la REVOCACIÓN de su NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL.
 
MOTIVACIÓN
Habiéndose notificado la propuesta de resolución y la apertura del trámite de alegaciones en el que se le informaba del inicio de oficio de un procedimiento de rectificación censal de revocación del número de identificación fiscal, indicándole que de la información disponible en el expediente se podría derivar un acuerdo de revocación de su número. Se ha detectado que concurren, algunas de las circunstancias establecidas legalmente para la revocación del Número de Identificación Fiscal. En concreto:
 
A) Las previstas en el artículo 146.1 b), c) o d) del RGAT. Es decir:
146.1.b) Cuando las personas o entidades a las que se haya asignado un número de identificación fiscal provisional no aporten, en el plazo establecido en el artículo 24.3 de RGAT (un mes desde la inscripción en el registro público correspondiente o desde el otorgamiento de las escrituras públicas o documentos fehacientes de su constitución y de los estatutos sociales o documentos equivalentes de su constitución, cuando no fuera necesaria la inscripción de los mismos en el registro correspondiente) o, en su caso, en el plazo otorgado en el requerimiento efectuado a que se refiere dicho artículo, la documentación necesaria para obtener el número de identificación fiscal definitivo, salvo que en dichos plazos justifiquen debidamente la imposibilidad de su aportación, la Administración tributaria podrá darles de baja en los Registros de operadores intracomunitarios y de exportadores y otros operadores económicos en régimen comercial.
146.1.c) Cuando concurran los supuestos regulados en el artículo 119.1 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (Ley 27/2014) a saber:
- No presentación de declaraciones por Impuesto sobre Sociedades o Impuesto sobre la Renta de No residentes con establecimiento permanente durante tres ejercicios consecutivos.
- La entidad es declarada fallida por los Órganos de Recaudación.
En este supuesto, además, la Administración tributaria podrá dar de baja al obligado tributario en los Registros de operadores intracomunitarios y de devolución mensual
146.1.d) Cuando durante un periodo superior a un año y después de realizar al menos tres intentos de notificación hubiera resultado imposible la práctica de notificaciones al obligado tributario en el domicilio fiscal o cuando se hubieran dado de baja deudas por insolvencia durante tres periodos impositivos o de liquidación, se podrá acordar la baja en los Registros de operadores intracomunitarios y de devolución mensual.
 
B) Que mediante las declaraciones censales presentadas, se hubiera comunicado a la Administración tributaria el desarrollo de actividades económicas inexistentes.
 
C) Que la sociedad haya sido constituida por uno o varios fundadores sin que en el plazo de tres meses desde la solicitud del número de identificación fiscal se inicie la actividad económica ni tampoco los actos que de ordinario son preparatorios para el ejercicio efectivo de la misma, salvo que se acredite suficientemente la imposibilidad de realizar dichos actos en el mencionado plazo.
En el supuesto de sociedades creadas para la venta, el plazo anteriormente señalado comenzará a contar desde que se hubiese presentado la declaración censal de modificación.
 
D) Que se constate que un mismo capital ha servido para constituir una pluralidad de sociedades, de forma que, de la consideración global de todas ellas, se deduzca que no se ha producido el desembolso mínimo exigido por la normativa aplicable.
 
E) Que se comunique el desarrollo de actividades económicas, de la gestión administrativa o de la dirección de los negocios, en un domicilio aparente o falso, sin que se justifique la realización de dichas actividades o actuaciones en otro domicilio diferente.
En base a lo anterior, la Administración acuerda dicha revocación de su Número de Identificación Fiscal.
Además se procederá a notificar el citado acuerdo al correspondiente Registro Público, a los efectos oportunos.
 
Si el contribuyente recibe un correo físico, el contribuyente podría reaccionar, e intentar solventar el problema acudiendo personalmente a las oficinas de la AEAT.
Pero hoy día, la oficina gestora se limita a comunicar esa notificación por medios electrónicos, a un buzón que no ha sido aperturado por el interesado, por lo que este no recibe información alguna.
Posteriormente, se publica anuncio en el BOE, y entiende la AEAT que ha cumplido los requisitos legales para la revocación. Se considera finalizado el procedimiento, y se comunica a terceros, por ejemplo a las entidades bancarias en las que el contribuyente tenía cuenta.
Con ese acuerdo, se produce el bloqueo de las cuentas bancarias, y el contribuyente no puede realizar el pago de sus obligaciones. Simultáneamente, los saldos bancarios, al quedar bloqueados, no pueden ser utilizados por sus propietarios, consiguiendo así la Administración Tributaria la ruina efectiva del contribuyente.
Es evidente que el bloqueo de cuentas genera un perjuicio económico al contribuyente, y está comprobado que puede producirse sin respeto al principio de presunción de inocencia.
La expropiación de dinero, aunque sea temporal, no debería ser ejercida con un procedimiento tan sencillo, sin las debidas garantías. La liquidez depositada en un banco, debería ser respetada, salvo sentencia judicial firme.
Este procedimiento de gestión tributaria debería ser profundamente revisado, para evitar arbitrariedades y la ruina del contribuyente, ante un proceso, que se supone legal, pero que no permite la defensa real del contribuyente.
 




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